El bloque de senadores de La Libertad Avanza que preside Carlos Curestis ingresó en las últimas horas un proyecto para respaldar la reforma migratoria impulsada por el presidente de la Nación, Javier Milei, que busca “restaurar el orden, la seguridad y la equidad en el acceso a los recursos del Estado argentino”.
En este sentido, el proyecto legislativo asegura que “en los últimos 20 años ingresaron al país más de un millón de inmigrantes de forma irregular” y remarca que, con la normativa anterior, “cualquier condenado podía ingresar al país y, además, en caso de delinquir en nuestro territorio, no eran expulsados”.
En los fundamentos del proyecto, Curestis aclara que la Argentina mantendrá su política de apertura hacia los migrantes, aunque bajo un nuevo marco legal que priorice a la ciudadanía local. “Nuestro país seguirá siendo una tierra abierta a los migrantes, pero con leyes claras y un sistema migratorio que priorice el desarrollo y el bienestar de todos los argentinos”, cita el texto.
Asimismo, el proyecto libertario advierte que la medida tendrá un impacto directo en la provincia debido al volumen demográfico que representan los residentes extranjeros que habitan el territorio bonaerense.
“Desde hace 20 años coexiste un sistema promovido desde el poder político provincial con complicidad judicial para usurpar propiedad privada de argentinos o terrenos fiscales que son de todos los bonaerenses y asentar allí villas de inmigrantes que vienen a cometer delitos o cobrar un plan social”, acusa el texto de Curestis.
En tanto, uno de los puntos más controversiales de la reforma migratoria que promueve Javier Milei impide que ingresen al país extranjeros con antecedentes penales y ordena la deportación inmediata de toda persona que cometa un delito, más allá de la pena que se le imponga.
“Esto implica que los ilícitos con penas menores a cinco años, que no eran motivo de rechazo de ingreso al país o de deportación, desde este momento sí sean tenidos en cuenta”, explicitó Curestis en el texto ingresado al Senado bonaerense.
El Gobierno nacional impulsa una reforma migratoria con controles más estrictos y mayores requisitos
El pasado 14 de mayo, el gobierno de Javier Milei oficializó la reforma migratoria a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado por el propio líder libertario y presentado en conferencia de prensa por el vocero presidencial, Manuel Adorni en plena campaña legislativa por la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el anuncio de la nueva medida oficial, Adorni afirmó que el objetivo es recibir “a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza para expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio”.
Asimismo, el portavoz del Gobierno libertario agregó que el país necesita dejar atrás “una normativa que invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir a este país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad”.
Ante ese escenario, la normativa establece que los residentes transitorios, temporarios e irregulares deberán pagar por los servicios de salud pública y también se exigirá un seguro médico como requisito para ingresar al país.
En materia educativa, el nuevo DNU habilita a las universidades nacionales a establecer aranceles para residentes temporarios, aunque mantiene la gratuidad del acceso a la educación primaria y secundaria, garantía contemplada en el artículo 20 de la Constitución Nacional.
Por último, otro de los puntos centrales del nuevo esquema migratorio refiere a los requisitos para acceder a la residencia permanente y a la ciudadanía. En adelante, la actual conducción nacional exigirá demostrar medios de vida suficientes para establecerse en el país y no contar con antecedentes penales.
La Carta de Ciudadanía argentina, por su parte, se otorgará únicamente a quienes hayan residido de manera continua durante al menos dos años o hayan realizado una inversión relevante para el país.
