El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, retornó a la escena pública para cuestionar el fallo de la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días en la provincia de Buenos Aires la plena aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que bajó la edad de imputabilidad a 14 años.
“Una norma del Congreso de la Nación, promulgada por el Ejecutivo Nacional y vigente en todo el territorio argentino, queda por ahora sin efecto, nada menos que en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del país. Resulta inaceptable”, consideró Macri, a través de sus redes sociales.
En ese sentido, el presidente del PRO afirmó que la decisión de la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora “altera el equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado”.
Según puntualizó el exmandatario, la magistrada suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley Penal Juvenil únicamente bajo un argumento presuntivo. En rigor, Pascual afirmó que “no se puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá”.
“Esos elementos que la jueza dice tener no fueron presentados. Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas. Simplemente, no puede hacer eso. Los tribunales solo ejercen el control de constitucionalidad en el marco de causas”, criticó Macri.
En paralelo a los dichos del expresidente, el PRO bonaerense recrudeció su ofensiva contra la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. Este miércoles, el senador provincial, Guillermo Montenegro, adelantó que presentará un pedido de jury contra la jueza Marta Elba Pascual, quien frenó por 60 días la aplicación de la normativa en toda la provincia de Buenos Aires.
En ese marco, el exintendente de General Pueyrredón puso el foco en la situación de las víctimas y rechazó los fundamentos de la medida cautelar. “Una vez más, toda la preocupación está puesta en el delincuente y nadie habla de las víctimas. El Estado tiene que estar del lado de ellos”, sostuvo el referente amarillo.
En respuesta a los argumentos de la jueza, Montenegro rechazó que una decisión cautelar pueda dejar sin efecto una política criminal avalada por ambas cámaras nacionales y avanzó con el pedido de jury que también promueven desde La Libertad Avanza. “Los jueces no están para decidir qué leyes les gustan y cuáles no. La política criminal la define el Congreso.
De esta manera, el pedido de juicio político contra la jueza Pascual se suma al impulsado esta senaba por diputados y senadores bonaerenses de La Libertad Avanza, como así también por el legislador provincial de Hechos, Manuel Passaglia.
El fallo de la jueza Marta Pascal que derivó en las críticas de LLA y el PRO
La jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, dio curso a la acción de habeas corpus presentado el 31 de agosto pasado por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones agrupadas en la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo.
En su fallo, la jueza resolvió suspender preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley Penal Juvenil, la normativa promulgada este año que amplió el universo de adolescentes alcanzados por el sistema de responsabilidad penal, al considerar que el actual sistema bonaerense de privación de la libertad no cuenta con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para afrontar el eventual incremento de detenidos.
“Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes”, argumentó la magistrada.
