El Gobierno bonaerense reglamentó hoy la ley que declara la emergencia sanitaria en los geriátricos de gestión pública y privada ubicados en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
La iniciativa, publicada hoy en el Boletín Oficial provincial, había sido enviada por el gobernador Axel Kicillof y aprobada por la Legislatura bonaerense el 25 de mayo pasado.
La ley crea el Registro Complementario de Establecimientos Geriátricos de Gestión Pública y Privada y establece la cantidad de médicos, cocineros, enfermeros y personal de limpieza que podrán tener las residencias.
Además, la norma determina “un proceso de empadronamiento, relevamiento y fiscalización complementario de los establecimientos regularizando de forma progresiva todos aquellos que no cuenten con habilitación vigente”.
Asimismo, mientras dure el proceso, el Ministerio de Salud bonaerense podrá permitir “el funcionamiento excepcional, precario y transitorio por un plazo que en ningún caso podrá superar el de la emergencia social, económica, productiva, y energética”.
La cartera sanitaria “determinará el procedimiento a seguir para los casos en que el establecimiento no cumpla las condiciones mínimas de permanencia y deba procederse a su clausura definitiva”.
La ley determina que las inspecciones a los establecimientos geriátricos serán realizadas por la Dirección de Fiscalización Sanitaria y aclara que cada municipio "podrá realizar inspecciones".
También, la ley crea el “Programa Geriátricos”, con el propósito de promover el fortalecimiento y desarrollo de esos establecimientos, tanto públicos como privados, y contempla la posibilidad de otorgar subsidios.
El 29 de julio pasado, como informó Diputados Bonaerenses, la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud, Leticia Ceriani, debatió la reglamentación con diputados.
“Tenemos una situación que fue heredada y que se trata de un gran número de instituciones que no están habilitadas, en total son 1.933 residencias que contabilizamos que no están en condiciones”, detalló Ceriani a este portal.
No obstante, la funcionaria agregó que “probablemente sean más” y por ese motivo, “la ley apunta a garantizar las condiciones de salud mínimas en esas instituciones sin tener que llegar a una clausura o traslado de residentes”.
En ese sentido, Ceriani precisó que desde que comenzó la pandemia se relevaron 900 residencias donde se verificó el complimiento de protocolos, la provisión de insumos y los lugares de aislamiento.
