Apenas horas después de que se conocieran los detalles del proyecto de Ley de Soberanía Nacional que el presidente Javier Milei envió al Congreso, el gobierno de Reino Unido rechazó las sanciones impulsadas por Argentina contra las empresas e individuos que operan o prestan servicios en las Islas Malvinas, y las calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal”.
A través de la subsecretaria de Estado Parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, el Ejecutivo europeo reafirmó la posición histórica de Londres sobre el archipiélago y sostuvo que “las Islas son británicas, sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente, y ese derecho forma parte inseparable de su autodeterminación”. Además, cuestionó las medidas adoptadas por Argentina contra compañías vinculadas con las actividades económicas en las islas, entre ellas las relacionadas con el sector de hidrocarburos.
“En las últimas semanas, Argentina ha continuado amenazando a empresas e individuos que suministran bienes y servicios, directa e indirectamente, a las Islas Malvinas, incluyendo en el sector de hidrocarburos”, señaló la funcionaria de Reino Unido.
En tanto, Kumaran sostuvo que Argentina ya había recurrido en otras oportunidades a presiones económicas similares contra los habitantes de las islas, aunque afirmó que “la economía de las Malvinas continúa prosperando”. En esa línea, la funcionaria británica planteó que cualquier intento de “politizar mecanismos internacionales” contra individuos por hacer negocios con las islas es ilegítimo, y aseguró que el Reino Unido mantiene su respaldo a quienes desarrollan actividades comerciales en el archipiélago.
La postura oficial de Londres se inscribe en una serie de movimientos vinculados con las actividades hidrocarburíferas en las Malvinas. El pasado 15 de septiembre, el Gobierno británico publicó junto con las autoridades del archipiélago el documento titulado “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, una guía destinada a empresas que operen en las islas o que suministren bienes y servicios de manera directa o indirecta, en la que fijó su posición frente a las acciones legales impulsadas por el Gobierno de Milei contra compañías del sector.
La publicación se produjo tan solo nueve días después de que Argentina presentara denuncias penales contra cinco firmas vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, en la Cuenca Malvinas Norte. En ese documento, el Gobierno británico sostiene que Argentina “no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre el archipiélago”, y que su legislación interna no se aplica dentro de las islas ni sobre las compañías que desarrollan actividades allí, además de señalar que no encuentra una base jurídica para que tribunales de otros países ejecuten las medidas que Argentina adopte contra esas empresas.
En ese escrito, Reino Unido también ofreció intervenir para respaldar a subsidiarias o proveedores que se encuentren bajo presión en terceros países, y recomendó a quienes reciban comunicaciones de autoridades argentinas que busquen asesoramiento legal independiente. Además, el documento recordó que las sanciones impuestas por administraciones argentinas anteriores estuvieron vigentes durante años sin frenar el crecimiento de la economía de las islas.
Entre los antecedentes mencionados aparece Rockhopper Exploration, que había sido inhabilitada por veinte años mediante una resolución de 2013, por lo que las medidas actuales constituyen una nueva instancia de sanciones contra la compañía británica.
Es preciso recordar que, la publicación de la guía de Reino Unido fue rechazada por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, a cargo de Pablo Quirno, que expresó su “más enérgico rechazo” y convocó a los embajadores de Londres y de Israel para entregarles notas de protesta formal, debido a que Navitas Petroleum, una de las licenciatarias del proyecto Sea Lion, es de origen israelí.
En su comunicado, la Cancillería reafirmó que los archipiélagos “se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido” y acusó a Londres de pretender promover “actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas”, además de cuestionar la validez de la guía difundida por el Gobierno británico. “Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, advirtió el Gobierno argentino.
