Este martes, la Cámara Federal hizo lugar al planteo que solicitó la asociación civil “Bases Republicanas”, ligada al PRO, para que se revoque el sobreseimiento a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el marco de la causa conocida como la “ruta del dinero K”, por la que se condenó a prisión al empresario Lázaro Báez.
Según fuentes judiciales, en la resolución de la Cámara Federal, se planteó que se deben analizar las pruebas que expuso el fiscal Diego Luciani en el juicio Vialidad, estudiar el caso de Hotesur-Los Sauces y la incorporación de las declaraciones de los exfuncionarios arrepentidos en la causa Cuadernos.
Es preciso mencionar que, la decisión de continuar con la investigación sobre la Vicepresidenta estuvo dividida, precisamente porque el juez Eduardo Farah votó en rechazo al planteo, porque consideró que no hay “acusación fiscal” y que la ONG que envió la solicitud de revocar el sobreseimiento no está habilitada para ser querellante.
Por su parte, los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, de todas formas hicieron lugar al pedido de la ONG macrista, de manera que dispusieron que el organismo quede dispuesto como querellante y acusador contra Cristina Kirchner.
Es preciso recordar que, la causa conocida como “la ruta del dinero K”, comenzó en abril de 2013, por la que se condenó a Lázaro Báez junto a otros 17 imputados, entre ellos sus hijos, por haber llevado adelante una serie de maniobras para lavar unos 55 millones de dólares a través de facturación ilegal de obras públicas.
En ese contexto, la Justicia investigó la acusación que señalaba a Cristina Kirchner y su familia como cómplices de las maniobras de lavado de dinero de Lázaro Báez en los años que fue presidenta. “Jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”, declaró la exmandataria ante la Justicia.
De esta manera, la defensa de la expresidenta de la Nación, que solicitó su sobreseimiento en reiteradas oportunidades, indicó que “este proceso fue utilizado por los opositores políticos de Cristina Fernández de Kirchner para denostar su figura”.
En ese marco, la asociación civil Bases Republicanas, que dirige Valeria Viola y solicitó ser parte de la causa, indicó que Lázaro Báez y su grupo actuaron como testaferros por orden de Néstor y Cristina Kirchner, en la misma línea que el fiscal Guillermo Marijuán, que impulsó la causa con el argumento de que el matrimonio sostenía una “entrañable cercanía, vínculo y amistad” con el acusado.
