Diputados provinciales de Fuerza Patria presentaron en las últimas horas un proyecto de Ley de Tierras bonaerense para fijar un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras en el territorio provincial, una medida que busca ponerle un freno a la eliminación de las restricciones impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei.
El proyecto impulsado por la diputada Noelia Saavedra, y acompañado por el titular del bloque oficialista Facundo Tignanelli, respalda la normativa nacional promulgada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner y apunta a resguardar recursos estratégicos bonaerenses mediante la creación del Registro de Tierras Rurales con zonas de protección territorial estratégica, como cuencas hídricas, humedales, zonas costeras y cinturones hortícolas.
En ese sentido, el texto elevado por la presidenta de la comisión de Tierras y Organización Territorial en la Cámara baja establece el límite de 15% “a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio provincial” a personas extranjeras. El porcentual se computará también sobre el territorio del partido en que esté situado el inmueble rural.
La iniciativa parlamentaria alcanza a personas humanas de nacionalidad extranjera, tengan o no su domicilio real en Argentina, con menos de 10 años de residencia en el país y a personas jurídicas constituidas conforme las leyes societarias nacionales o del extranjero, cuyo capital social implique el manejo de voluntad societaria.
“Ninguna disposición vinculada a la protección de la propiedad privada podrá ser invocada para impedir o restringir el ejercicio de las competencias provinciales en materia de ordenamiento territorial, ambiente, catastro, registro inmobiliario, uso del suelo, protección de recursos naturales, producción de alimentos, acceso justo al hábitat y defensa del interés público provincial”, puntualizó Saavedra en el articulado del proyecto.
Asimismo, la iniciativa plantea que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo de la provincia, delimitada en los municipios de Leandro N. Alem, General Viamonte, Bragado, General Arenales, Junín, Alberti, Rojas, Chivilcoy, Chacabuco, Colón, Salto, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento. San Andrés de Giles, Pergamino, Arrecifes y Carmen de Areco.
De esta manera, el Registro Provincial de Tierras Rurales deberá llevar el padrón de los datos referentes a las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera; y expedir los certificados de habilitación de todo acto por el cual se transfieran derechos de propiedad.
Los datos publicados por el Registro Nacional de Tierras Rurales dan cuenta de 834.421 hectáreas extranjerizadas en la provincia, es decir, un 2.89% de la tierra rural. En ese marco, Saavedra advirtió que en municipios lindantes al Río Paraná (Zárate y Campana) exceden el 15% de extranjerización que establece la Ley nacional de Tierras. “Se hace necesario frenar el proceso de extranjerización”, concluyó.
De qué trata la reforma a la Ley de Tierras impulsada por Milei
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada redactado por el Gobierno nacional propone cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y reformas a diversas leyes, la del manejo del fuego y la de tierras rurales. Esta última modificación generó un amplio rechazo opositor.
En base al proyecto redactado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el Gobierno eliminan esas restricciones pero en el dictamen del Senado les dio la facultad a las provincias para autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción.
“Las tierras que están en zonas de ríos nacionales son tierras nacionales. En las tierras nacionales, lo decide la Nación, pero, en las provinciales, cada provincia tiene la decisión”, indicó la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, durante el tratamiento del proyecto en comisiones
Desde el Ejecutivo nacional aseguran que la reforma busca dar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones. En cambio, varias organizaciones ambientales sostienen que los cambios facilitarán la concentración de tierras en manos de grandes capitales extranjeros y reducirán los controles sobre un recurso que consideran estratégico para el país.
