En las últimas horas, la Justicia declaró la quiebra de la empresa SanCor y abrió una nueva etapa crítica para una de las históricas cooperativas lácteas del país, al confirmar el colapso financiero de la firma tras el fracaso de su concurso preventivo. Además, la resolución judicial dejó planteado un escenario de fuerte incertidumbre para los 914 trabajadores que dependen de la continuidad operativa de la planta para el sustento de sus familias.
La medida fue dictada por el juez Marcelo Gelcich, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. El magistrado resolvió avanzar con la quiebra de SanCor luego de que la propia compañía solicitara esa salida al reconocer que no podía afrontar sus compromisos económicos ni sostener el plan de pagos previsto para normalizar su situación.
De acuerdo a lo que dejaron trascender, SanCor acumulaba un pasivo cercano a los USD 120 millones y mantenía deudas verificadas con más de 1.500 acreedores, un cuadro financiero que terminó por sellar la inviabilidad del proceso iniciado meses atrás, cuando la cooperativa láctea había apostado al concurso preventivo como mecanismo para ordenar sus cuentas y preservar su estructura productiva.
La empresa había ingresado formalmente en ese concurso preventivo en febrero de 2025. En aquel momento, la conducción de la firma presentó esa instancia como una oportunidad para alcanzar “una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”. Sin embargo, el expediente judicial concluyó que lejos de revertirse, la crisis financiera se profundizó con el paso del tiempo, y la quiebra resultó inminente.
En los fundamentos del fallo, el juez sostuvo que se configuró una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”, al tiempo que expuso que la situación patrimonial empeoró durante el concurso y que la compañía incrementaba su pasivo a un ritmo estimado de $3.000 millones por mes, lo que terminó de tornar inviable cualquier recuperación en el corto y mediano plazo.
En este sentido, el detalle de las deudas incluidas en la causa muestra la magnitud del deterioro. Al momento de la bancarrota, SanCor acumulaba $12.788 millones en salarios adeudados correspondientes al período comprendido entre mayo de 2025 y enero pasado, que se sumaron a los $6.349 millones de deuda impositiva y previsional, además de $3.380 millones por aportes pendientes con obras sociales y sindicatos.
Al mismo tiempo, el expediente registró $13.313 millones en deudas comerciales con distintos proveedores y acreedores privados, y seguía vigente el pasivo originado en el concurso preventivo, que superaba los US$86 millones. Ese volumen total de obligaciones que afrontaba SanCor fue uno de los argumentos centrales para que el magistrado concluyera que la firma ya no contaba con herramientas reales para revertir la insolvencia.
Pese a la declaración de bancarrota, el juez dispuso que la empresa continúe sus funciones de manera transitoria mientras avanza el proceso, decisión que busca evitar un cierre abrupto que agrave todavía más la situación social y económica vinculada a la cooperativa SanCor, especialmente en las localidades donde posee plantas industriales y personal ocupado.
Según señaló el fallo, un cese total de las actividades en SanCor “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”. Por eso, la continuidad operativa temporal de la planta quedó supeditada al control judicial y a la intervención de los síndicos designados.
A partir de ahora, los bienes de SanCor quedarán incautados y bajo administración concursal. Es que, la resolución ordenó que sean preservados en el mejor estado posible con vistas a una futura venta, ya que la próxima etapa del proceso prevé avanzar con la liquidación de activos para afrontar parte de las obligaciones pendientes.
