A menos de diez días del Día de la Memoria, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Alberto Baños, advirtieron que el Gobierno nacional de Javier Milei avanzó en una nueva serie de despidos que afectan a más de 40 trabajadores que desempeñan sus tareas en la ex Escuela de Mecánica de la Armada.
Según denunciaron los empleados, el jueves por la noche, Baños envió una comunicación en la que prohibía el ingreso de más de 40 empleados de la Secretaría de Derechos Humanos, y envió a decenas de efectivos de la Policía Federal a las inmediaciones de la ex ESMA para impedir el acceso de los trabajadores a sus puestos.
Es preciso mencionar que, entre los 40 trabajadores despedidos en la última tanda de recortes del Estado que realizó el Gobierno nacional, se encuentran peritos y abogados que participaban en causas que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, así como también delegados sindicales.
En tanto, los despidos de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos se enmarcan en un contexto de creciente tensión dentro del organismo. A principios de semana, los trabajadores organizaron una asamblea para discutir sus condiciones laborales, y durante el encuentro, una agente de la Policía Federal filmó a los participantes, generando sospechas de que el material podría haber sido enviado directamente a Baños.
Posteriormente, dos trabajadoras del Archivo Nacional de la Memoria que participaron en la asamblea fueron amenazadas con despidos. Al mismo tiempo, altos funcionarios de la Secretaría retiraron carteles con reclamos sindicales, e incluso el propio Baños participó en esta acción, instando a los empleados a retomar sus labores.
En respuesta, Fernando Almejún, abogado querellante en causas de Campo de Mayo y delegado sindical de la Secretaría de Derechos Humanos, le recordó al titular de la Secretaría de Derechos Humanos que acababan de lograr el procesamiento de dos ejecutivos de Astarsa, en clara sugerencia a que su trabajo era relevante y necesario dentro del organismo.
Con el despido de Almejún, no quedan abogados que se hagan cargo de las causas por crímenes en la jurisdicción de Campo de Mayo. Nicolás Tauber está en la misma situación, ya que se ocupaba de decenas de causas en la jurisdicción del Primer Cuerpo. “Vinimos a trabajar como todos los días y la policía no nos deja entrar. Tenemos contrato vigente y estamos comprometidos con nuestras tareas”, explicó Tauber.
En tanto, en la nota enviada por Baños a los trabajadores cesanteados, se argumenta que los despidos se deben a “actos de indisciplina”, como abandonar puestos de trabajo, organizar reuniones de índole social constantemente, pegar carteles con expresiones ideológicas y agredir verbalmente a superiores. Estas acciones, según la comunicación, violan el Decreto 1084/2024 y justifican las medidas tomadas.
Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que la gestión de La Libertad Avanza convirtió a la Secretaría de Derechos Humanos en un “territorio de amedrentamiento y hostigamiento permanente”, y señaló que los despidos, la represión y la presencia policial forman parte de una “política sistemática de ataque a la organización sindical y vaciamiento del Estado.
Por su parte, Adriana Taboada, psicóloga reconocida en el ámbito de los derechos humanos y única integrante del cuerpo de peritos de la Secretaría que no había sido despedida previamente, también fue impedida de ingresar a la exESMA, por lo que calificó las acciones de Baños como “prácticas arbitrarias y antiderechos”, y afirmó que, aunque la situación es adversa, continuará sus trabajos por la vigencia plena de los derechos humanos.
En este contexto, la legisladora porteña de Unión por la Patria, Victoria Montenegro, presentó una denuncia contra Baños y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, acusándolos de “poner en riesgo los sitios de memoria debido a los despidos masivos y el desfinanciamiento”.
Además, desde diciembre de 2023, la Unión de Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) había solicitado al presidente Milei el cierre de la Secretaría de Derechos Humanos y la destitución de profesionales como Taboada y Tauber, quienes desempeñaban roles clave en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Este pedido se sumó a las acciones recientes que parecen alinearse con dichas solicitudes.
Es preciso mencionar que, los despidos y restricciones en la Secretaría de Derechos Humanos se suman a una serie de medidas que han generado preocupación en organismos defensores. Las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron que las políticas del Gobierno nacional están desmantelando programas esenciales relacionados con la memoria, verdad y justicia de los crímenes de la última dictadura argentina.
Asimismo, el cierre indefinido del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la exESMA, y la disolución de estructuras colaboradoras con las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de hijos de desaparecidos, son medidas que fueron ampliamente criticadas por diversos sectores de la sociedad.
Despidos en la Secretaría de Derechos Humanos: el recorte durante la era Milei
Desde la asunción de Javier Milei el 10 de diciembre de 2023, el sector público argentino ha experimentado una significativa reducción de personal. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y enero de 2025, se registraron 43.778 despidos en la Administración Pública Nacional, lo que representa una disminución del 12,8% en la plantilla estatal.
La política de ajuste afectó a diversas áreas del Estado. Por ejemplo, en octubre de 2024, se reportó que más de 33.000 empleados públicos habían perdido sus puestos de trabajo, incluyendo despidos, no renovación de contratos y jubilaciones no cubiertas. Además, en noviembre de 2024, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, informó que cerca de 36.000 empleados públicos fueron desvinculados como parte de las medidas de recorte del gasto público implementadas por el gobierno.
Estas medidas generaron preocupación en diversos sectores de la sociedad, especialmente en áreas sensibles como los sitios de memoria sobre los crímenes de la dictadura. Informes de la CEPA señalan que el gobierno de Milei desmanteló políticas de derechos humanos y memoria, afectando el funcionamiento de espacios dedicados a la conmemoración y difusión cultural relacionados con este período histórico.
En tanto, la reducción del personal estatal fue justificada por el gobierno como parte de un plan de ajuste destinado a reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del Estado. Sin embargo, estas medidas fueron objeto de críticas por parte de sindicatos y organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre el impacto negativo en la prestación de servicios públicos y en la preservación de la memoria histórica del país.
