lunes, mayo 27, 2024

Senado bonaerense: buscan consensos para reformar la ley del Consejo de la Magistratura

En el Senado bonaerense buscan consensos para hacer una reforma a la ley del Consejo de la Magistratura, para darle más celeridad a la toma de exámenes y cambiar aspectos de la formación.

En el Senado bonaerense, el bloque de Unión por la Patria (UxP) ya comenzó a buscar los consensos necesarios para introducirle una serie de cambios a la ley 11.868, del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, para darle más celeridad a la labor del organismo encargado de seleccionar a los jueces, fiscales y defensores oficiales.

El proyecto, bautizado como la “Ley Soria”, en alusión al interés del vicepresidente de la Corte Suprema bonaerense y titular del Consejo de la Magistratura, Daniel Fernando Soria, se centra los artículos 25°, 26°, 27°, 28° y 29°, con el objeto de “perfeccionar el funcionamiento de los procesos de selección”.

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Con la modificación del artículo 25º el proyecto que lleva la firma de los senadores de UxP e integrantes del Consejo de la Magistratura bonaerense, Gustavo Soos y Gabriela Demaría, como coautora, descarta la obligatoriedad del examen oral, “toda vez que es preciso optimizar las convocatorias a concursos, signadas por la elevada demanda de exámenes y difícilmente sorteable carga de trabajo reflejada en semejante stock”.

Asimismo, la iniciativa de reforma de la ley del Consejo de la Magistratura bonaerense ingresada por mesa de entradas del Senado bonaerense a finales de 2023, confiere preferencia legal a la experiencia profesional, tanto en el “desempeño de funciones judiciales o en el ámbito del Ministerio Público, como en la esfera de la actividad de la abogacía en el ejercicio liberal de la profesión o en el sector público”.

Las autoridades de la comisión de Acuerdos Constitucionales y Acuerdos (ACA): Santalla, Daletto y Soos.
Las autoridades de la comisión de Acuerdos Constitucionales y Acuerdos (ACA): Santalla, Daletto y Soos.

“Estos factores, que tienen que ver con la práctica del oficio y la experiencia, vienen a ser priorizados a la hora de la valoración de los méritos de quienes aspiran a acceder a cargos judiciales y en el Ministerio Público. El proyecto asigna valor singular a las notas de especialización y de territorialidad. Es, una de las manifestaciones de la idoneidad, que se ubica por encima de otros antecedentes”, ponderan Soos y Demaría en los considerandos.

La propuesta legislativa también propone “reconocer como eje estructurante a la vacante en cada órgano de la administración de justicia o del Ministerio Público”. “Por excepción, cuando se esté ante la necesidad de dar cobertura a varias vacantes de uno o más órganos del mismo departamento judicial, de idéntica jerarquía y competencia, el llamado a concurso podrá efectuarse a escala departamental”, argumenta.

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Por otra parte, el proyecto de Unión por la Patria,busca modificar el funcionamiento de la Escuela Judicial, punto que aún es motivo de negociación entre los bloques, para atribuirle Consejo de la Magistratura “la potestad para definir los contenidos mínimos indispensables que, en su caso, formen parte de cursos que sean de requerimiento obligatorio”.

El articulado, en principio, prescinde de la “obligatoriedad” de la Escuela Judicial que consigna el artículo 25º vigente y le atribuye al Consejo de la Magistratura la facultad de definir “el carácter obligatorio de determinados contenidos mínimos”. “Sólo podrán rendir el examen de oposición los postulantes que hayan aprobado previamente la Escuela Judicial”, reza la actual ley 11.868.

Diputados terminó de completar sus casilleros en el Consejo de la Magistratura bonaerense.

Vale recordar que, la última vez que se trataron pliegos judiciales en el recinto del Senado bonaerense fue en noviembre pasado, cuando se prestó acuerdo para ocho. Esperan tratamiento en la recientemente conformada comisión de Acuerdos Constitucionales y Acuerdos (ACA), un centenar de expedientes y las bancadas parlamentarias mantienen conversaciones entre ellas y con el Ministerio de Justicia, a cargo de Martín Mena.

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