La comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de Discapacidad del Senado bonaerense despachó este miércoles una batería de proyectos para su tratamiento en la Cámara alta, entre los que sobresalen la iniciativa de la camporista Fernanda Raverta, que propone establecer un cupo laboral femenino en la construcción, y una propuesta de la senadora de Nuevo Encuentro, Laura Clark, que despertó una nueva polémica en el universo parlamentario.
El proyecto de la discordia se enlaza con la denominada Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital contra las mujeres, y retoma como antecedente una iniciativa que la actual senadora Mónica Macha presentó durante su paso por la Cámara de Diputados de la Nación. El planteo de Clark busca incorporar al Código de Faltas bonaerense nuevas contravenciones para sancionar distintas formas de violencia de género en redes, como el envío de contenido sexual sin consentimiento, la obtención y difusión de imágenes íntimas, el reenvío de ese material y la creación de montajes pornográficos mediante inteligencia artificial (IA).
La presentación legislativa, que choca de lleno con una de las principales trincheras discursivas de la militancia libertaria, también prevé multas, arrestos y agravantes cuando exista una relación afectiva con la víctima, medie violencia de género o el hecho responda a motivos de odio vinculados con la orientación sexual o la identidad de género. De hecho, durante la comisión, los libertarios Matías de Urraza y Betina Riva, y el macrista Guillermo Montenegro, tuvieron un contrapunto con las senadoras peronistas Macha y Malena Galmarini.
En el último tiempo, el peronismo motorizó varios proyectos para combatir la violencia digital, a modo de disputarle la “calle virtual” a los dirigentes mileístas. Desde la Ley Ema, la regulación del uso de imágenes en línea de estudiantes primarios y secundarios, una Guía de Violencia Sexual Digital y la incorporación del grooming a la agenda, el oficialismo metió la nariz en una de las zonas de confort del Gobierno nacional: las redes sociales.
En lo que respecta al impulso de Raverta, el proyecto titulado “Nosotras Construimos” busca implementar un cupo laboral obligatorio para mujeres en la industria de la construcción dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, un sector históricamente ocupado por varones.
En concreto, el articulado establece que la nómina de personal destinada a la ejecución de cada proyecto u obra específica deberá estar integrada por un mínimo del 10% de mujeres. La propuesta garantiza una participación equitativa en todas las etapas y roles, desde las tareas operativas de campo y técnicas hasta los puestos de supervisión y conducción de obra.
“A pesar de los avances en materia de derechos, la participación de mujeres en esta actividad sigue siendo escasa, alcanzando niveles por debajo del 5% del total de la nómina nacional. Entendemos necesario abordar el tema ya que nuestra jurisdicción concentra el mayor volumen de obra pública del país”, justificó la parlamentaria marplatense en los fundamentos de su planteo.
La semana, la comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de Discapacidad del Senado bonaerense recibió a trabajadoras de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que respaldaron la propuesta de la camporista para que exista participación de mujeres en las obras públicas provinciales y también en aquellas ejecutadas por empresas privadas que tengan contratos con el Estado o reciban subsidios o beneficios provinciales.
Senado: qué proyectos coparon la agenda en la comisión de Trato y Oportunidades
Por otro lado, la mesa de trabajo también abordó este miércoles una serie de expedientes que acapararon la discusión entre los legisladores presentes. Entre ellos, quedó en carpeta una iniciativa de la senadora radical Nerina Neumann que propone incorporar y modificar artículos de la Ley N° 10.592, que establece el Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas con Discapacidad.
Sobre la misma normativa, los integrantes de la comisión pusieron en discusión un proyecto del representante del PRO, Juan Manuel Rico Zini que también busca modificar un artículo de la normativa vigente, planteo que aún permanece en estudio. En cambio, el órgano parlamentario sí dio despacho favorable a una propuesta del alfil de Hechos – UCR Identidad, Marcelo Leguizamón, para modificar el artículo 2 del esquema que regula los derechos de las personas con discapacidad.
