La bancada del PRO del Senado bonaerense ingresó este jueves un proyecto de ley que busca brindarle una serie de exenciones impositivas y beneficios administrativos a los propietarios que hayan sido víctimas de tomas de tierra.
En concreto, la propuesta que lleva la autoría del garrista Marcelo “Chuby” Leguizamón y que trae la firma de siete senadores del PRO, propone modificar el artículo 177 del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires para que se simplifiquen los trámites administrativos vinculados a los inmuebles usurpados.
“La ley tiene por objeto otorgar exenciones impositivas y beneficios administrativos a los propietarios de inmuebles usurpados, hasta tanto se resuelva la situación de ocupación y legal y puedan recuperar su propiedad”, expone la iniciativa de Leguizamón.
En ese sentido, el senador PRO pretende incorporar al Código Fiscal bonaerense un inciso en las exenciones del impuesto inmobiliario, para que no tengan que pagar esta carga impositiva los propietarios de “inmuebles que tengan denuncia penal por delito de usurpación, presentando copia certificada de la denuncia”.
Asimismo, el legislador Leguizamón también propuso que todos los trámites administrativos en organismos provinciales que realice la víctima de la toma de tierra relacionada con la propiedad usurpada, sean gratuitos. “Esto incluye a inscripciones y consultas en el Registro de la Propiedad Inmueble y emisión de certificados catastrales”, señaló.
Además, la normativa de Leguizamón sobre tomas de tierra exige que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires garantice la simplificación y celeridad en los trámites administrativos vinculados a los inmuebles usurpados, priorizando su tratamiento ante los organismos competentes.
Por último, la mano derecha del exintendente platense Julio Garro sumó a su proyecto que todo aquel que haya participado en el delito de toma de tierra o que hayan sido sorprendidos en flagrancia cometiéndolo, no podrán acceder a ningún beneficio otorgado por el Estado bonaerense.
“Esto son asignaciones, subsidios o prestaciones. Tampoco podrán ser beneficiarios de políticas de desarrollo territorial, urbano o habitacional de jurisdicción provincial ni de ningún tipo de tarifa social en los servicios públicos prestados por el Estado provincial o sus concesionarios”, cerró Leguizamón.
Según datos del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, entre 2016 y 2023 hubo más de 6000 casos de usurpaciones judicializados. En las últimas semanas se conocieron usurpaciones en Brandsen y en Tandil, aunque el pico máximo se alcanzó en 2020.
En ese año, plena pandemia del coronavirus, una ola de tomas de tierra invadió la provincia de Buenos Aires. Los casos más recordados ocurrieron en Quilmes, Moreno, Ramallo, la ya nombrada Tandil, Pilar, Escobar, La Matanza y La Plata, lugar donde sucedió la megatoma de Los Hornos.
El proyecto de Leguizamón sobre las tomas de tierra
