Tras las quejas de gran parte de la oposición, el Gobierno nacional envió al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), mediante el cual el Gobierno nacional otorgó aumentos de $100 mil millones al presupuesto de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
En ese sentido, el DNU iniciará el recorrido en la Comisión Bicameral Permanente, en un derrotero que incluirá el debate en ambas cámaras. La asignación de $100 mil millones de fondos reservados a la nueva estructura de la SIDE es rechazada por los bloques dialoguistas, además de Unión por la Patria y la Izquierda.
“Por decreto conformaron una nueva SIDE, y la primera decisión que tomó el Gobierno de Milei al respecto fue dotarla de $100 mil millones más de asignación presupuestaria, multiplicando por ocho el presupuesto anterior, mientras en paralelo asegura que ‘no hay plata’ para la recomposición salarial de los jubilados”, cuestionaron los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR).
Asimismo, los diputados radicales exigieron que “de manera urgente, tanto el DNU de reorganización del organismo de inteligencia como el de aumento presupuestario para la SIDE sean tratados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo”, y reclamaron la “urgente conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia”.
En paralelo, la diputada de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, presentó un proyecto de rechazo al DNU que aumenta el presupuesto de la SIDE, una iniciativa que fue acompañada por seis de sus compañeros de bancada: Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Mónica Fein, Alejandra Torres y Natalia de la Sota.
Con el rechazo manifiesto de Unión por la Patria, la primera minoría en la Cámara baja nacional, los votos negativos de Hacemos Coalición Federal, de la Coalición Cívica, del Frente de Izquierda y los de la UCR, pondrían en aprietos al DNU, puesto que se alcanzaría la mayoría de 129 votos necesarios para rechazar la iniciativa.
Cabe destacar que, para que un DNU deje de tener vigencia y sea derogado debe ser rechazado tanto por la Cámara de Senadores como la de Diputados. Si sólo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido, al igual que si no es tratado por alguna.
En concreto, el oficialismo convocó formalmente a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para el próximo jueves 8 de agostopara discutir los DNU que efectuaron el expresidente Alberto Fernández y Milei durante los primeros meses de mandato, pero no incluyó los que reforman a la SIDE.
En las últimas horas, desde el bloque de Hacemos Coalición Federal, que comanda Miguel Pichetto, anunciaron que efectuarán el reclamo en la reunión para que se pongan en discusión los decretos 614, 615 y 656, los cuales reformaron la exAgencia de Inteligencia y otorgaron el aumento presupuestario de $100 mil millones a la SIDE.
El aumento presupuestario de la SIDE
Tras disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Gobierno impulsó el resurgimiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), integrada por cuatro órganos rectores: el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional; la Agencia de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos.
Pocos días después, Milei reglamentó el aumento de $100.000 millones para “el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia”. De esta manera, del presupuesto de $16.000 millones (prorrogado de 2023) el área comandada por Sergio Neiffert, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, pasará a disponer $136.000, un aumento de más del 770%.
Según precisaron desde el Gobierno nacional, el agregado presupuestario de la SIDE tendrá como principal destino “el Sistema de Inteligencia Nacional para garantizar la seguridad, defensa e integridad” del país. Asimismo, el monto contará con el carácter de fondos reservados, por lo cual no pueden ser auditados ni ser alcanzados por el derecho de información pública.
Esta situación, generó una oleada de críticas por gran parte del arco opositor en el Congreso nacional. Desde el parlamento explicaron que esos tipos de asignaciones no pueden hacerse sin aprobación previa de ambas cámaras legislativas.
