Este lunes, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, las nuevas disposiciones que modifica el sistema de los trabajadores estatales, con la designación de personal en cargos transitorios y oficializó la eliminación de los cargos hereditarios dentro de la Administración Pública Nacional (APN), que habían anunciado algunos funcionarios la semana pasada.
En concreto, el decreto 958/2024 establece que las designaciones temporales tendrá un límite máximo de 12 meses, y deberá justificarse, en caso de que sea necesario apelar a una renovación e impone que en el proceso de selección se den a conocer los requisitos específicos para cada cargo, a fin de evitar la duplicidad de funciones para priorizar la eficiencia de los recurso de personal y transparentarlos.
Por caso, la nueva normativa que forma parte del plan “deep” motosierra de Sturzenegger sobre los trabajadores estatales, establece cinco parámetros que debe tener en cuenta la Administración Pública Nacional a la hora de contratar personal: límite de temporalidad, evaluación de necesidades, controles de compatibilidad, proceso de selección y finalización y rotación.
Asimismo, el decreto que lleva la firma de Sturzenegger solicita que las nuevas designaciones deberán contar con la certificación de que no existen otros trabajadores de planta, que estén en condiciones de cubrir el puesto, y establece que, en caso de que sea necesaria la renovación del contrato, la entidad deberá justificar la continuidad de los trabajadores estatales.
Vale mencionar que, el pasado 26 de septiembre, Sturzenegger participó de un seminario que fue organizado por la Universidad de Tel Aviv en el que anticipó que, tras la caída del empleo público en los primeros meses de gestión, el Gobierno de Milei aplicaría la “deep” motosierra. En referencia a que aumentarían los recortes para acelerar la reducción de trabajadores estatales.
Por otra parte, el Ejecutivo de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el decreto 959/24 que establece la prohibición de tanto familiares como cónyuges de empleados estatales que hayan fallecido, ocupen sus puestos de trabajo en reemplazo, que habían anunciado la semana pasada el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el Ministro de Desregulación.
“Este ilógico privilegio colocó a los empleados públicos por encima del resto de los trabajadores de la Argentina. Pero de ahora en más, quien ocupe un puesto en el Estado será elegido solamente por su idoneidad”, informó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
En esta línea, Sturzenegger aclaró que éste tipo de “ventajas” no deberían haberse permitido, dado que la propia Constitución Nacional establece en su articulado que “la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza”.
Asimismo, la normativa le prohíbe expresamente a la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, que pueda realizar convenios colectivos de trabajo, que estén basados en el artículo 8 de la Ley N°24.156 y sus modificatorias y agregaron que es mediante ésta modalidad, que en las provincias y municipios se accede a ésta normativa.
Sturzenegger celebró la caída de precios
En otro orden de cosas, este domingo, Sturzenegger, compartió en sus redes sociales un informe que revela que los precios de los alimentos y bebidas importadas bajaron en promedio un 2,4%, con picos de hasta un 10 por ciento, gracias a las medidas que tomó el Ministerio de Desregulación.
“Siempre se escucha que aun cuando bajan los impuestos, los precios no bajan. Se ve clarísima la transferencia de la baja de impuestos a precios. Gracias motosierra!” sostuvo el Sturzenegger junto a la imagen que demuestra que los precios habrían “experimentado una caída real promedio del 2,4%, con disminuciones de hasta el 10% en algunos casos, mientras que los productos nacionales registraron un aumento del 3%”.
En este sentido, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado dieron a conocer la evolución de precios a partir de los objetivos que se planteó el Gobierno nacional, para “agilizar el proceso de importación”. En concreto, se consideró la eliminación del SIRA, la suspensión del registro en el Sistema de Capacidad Económica Financiera, de la Declaración Jurada de Composición de Producto y la flexibilización del “canal rojo normativo” de la aduana.
