Luego de la asunción de Sergio Torres, este martes los tres magistrados que componen la Suprema Corte de Justicia bonaerense realizaron una conferencia de prensa en la que presentaron un proyecto para “fortalecer el Poder Judicial”, que tiene por objetivo consagrar la autarquía financiera y presionar al gobierno de Axel Kicillof para que motorice la cobertura de las vacantes judiciales existentes tanto en el máximo tribunal como en diversos juzgados.
“Nos encontramos hoy junto a mis colegas en un marco institucional que reflejan la importancia y la responsabilidad de los dos temas que vamos a abordar. Los ministros que presidimos este acto, somos 3 cuando debiéramos ser 7. Este tribunal se encuentra inéditamente desintegrado. En su artículo 170, La Carta magna pone a la Suprema Corte como cabeza del poder judicial y bajo esta responsabilidad constitucional es que hoy debemos reclamar la cobertura de las vacantes”, comenzó su interlocución Torres.
En rigor, el proyecto de fortalecimiento del Poder Judicial pone el foco en el manejo de recursos al alegar que, a diferencia del Ejecutivo y la Legislatura, ellos no administran con libertad sus fondos; y también hace mención a la gran cantidad de sillas de magistrados que todavía esperan dueño. Tal como indicó Torres, el propio máximo tribunal de la provincia tiene los casilleros incompletos: de 7 miembros dictados por la ley, la Suprema Corte solo tiene 3. Esto sucedió dado que nunca se cubrieron los vacíos que dejaron Héctor Negri, que falleció en 2020, Eduardo de Lázzari y Eduardo Pettigani, que se jubilaron en 2021, y Luis Genoud, que también abandonó el cargo en 2024.
“Su integración numérica obedeció en cada etapa de nuestra historia a la necesidad de garantizar el mejor funcionamiento del servicio de justicia. La cobertura de vacantes en la Corte no es una cuestión administrativa ni de política menor. Es una condición institucional básica para garantizar el gobierno del Poder Judicial”, dispuso el titular de la Suprema Corte, que estuvo acompañado de sus pares, Hilda Kogan y Daniel Soria.
Por caso, Torres recordó que, en el paso entre el primer y el segundo mandato de Kicillof, el Poder Judicial registró la “exorbitante” cifra de 700 cargos vacantes, contando todas las instancias y fueros. No obstante, el magistrado apoyó al Gobierno provincial al mencionar que, con el trabajo mancomunado entre el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura, entre 2024 y 2025 se realizaron 412 designaciones. “Esperamos para este 2026, la continuidad de esta política que permita cubrir las más de 200 vacantes aún pendientes”, auguró.
Las problemáticas de las vacantes en la Justicia no son nuevas. De hecho, los propios trabajadores nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) constantemente se hacen eco de ello. En noviembre, el gremio publicó un informe en el que destaca que, hasta mayo de 2024, de los 114 juzgados de familia en funcionamiento, hay 17 sin jueces designados, e incluso varios de ellos no tienen ni suplentes o subrogantes.
En este marco, Torres le advirtió a la gestión de Kicillof y al arco político provincial que la integración de la Corte Suprema está incompleta desde hace más de 6 años. En esta línea, el flamante conductor del principal ente judicial bonaerense indicó que la propia Constitución provincial establece un plazo de 15 días desde que la vacancia ocurrió para el envío de la propuesta de un candidato al Senado. “El mandato constitucional fue desoído de manera sistemática, acumulando 152 incumplimientos”, denunció.
Acto seguido, Torres hizo hincapié en las dificultades que trae esto en el trabajo diario, como la complejidad en alcanzar los 4 votos necesario para dictar las sentencias definitivas, dado que deben recurrir a jueces externos que deben estudiar expedientes nuevos. “Una Corte incompleta limita la capacidad de conducción, una Corte integrada fortalece la institucionalidad. Postergar las definiciones es debilitar el sistema. Avanzar en ellas es fortalecer el estado de derecho”, remarcó.
De qué trata el proyecto de autarquía financiera de la Corte Suprema
Según Torres, el proyecto de autonomía presupuestaria y económico financiero apunta a abordar problemas estructurales del sistema judicial, con mirada de mediano y largo plazo. La iniciativa fue el resultado de un consenso amplio y sostenido entre la Suprema Corte, la Procuración General, el Colegio de Magistrados, la Asociación Judicial Bonaerense y los Colegios de Abogados. “En conjunto, cerca de 100 mil voluntades”, sintetizó.
“No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera, y nos acompañamos en este camino. No hay antecedentes recientes de un consenso de esta magnitud en el sistema judicial bonaerense. Cuando este nivel de acuerdos se produce, no es una demanda sectorial, es una demanda impostergable”, precisó.
En su intervención, el líder de la Suprema Corte consideró que la autarquía es una manda constitucional ligada al principio de división de poderes, dado que actualmente la Justicia depende de otra jurisdicción para definir su política salarial y la ejecución de su infraestructura. La intención de esta propuesta es que el Poder Judicial tenga la potestad de elaborar su propio Presupuesto en diálogo con el Ejecutivo y bajo el control de la Legislatura, con capacidad real de participación.
Para defender el pedido, los jueces de la Corte Suprema hicieron mención sobre que, actualmente, el Poder Judicial tiene un rango bajo en la participación del presupuesto bonaerense, entre el 3,5% y 4,5% del gasto total, una tendencia que va en descenso. “Mientras aumentas las demandas sobre el sistema de justicia su peso dentro del presupuesto provincial se mantiene estancado o cada vez es menor”, advirtieron.
“Las diferencias salariales entre el Poder Judicial provincial y nacional muestran brechas significativas, superiores al 50% en promedio y considerablemente mayores en determinados cargos. Es la expresión concreta de una diferencia estructural en materia de autonomía financiera y capacidad de gestión. Mientras un sistema puede sostener políticas salariales propias, el otro queda condicionado por decisiones de otros”, finalizaron los jueces.
Kicillof reconoció las dificultades para nombrar a jueces de la Corte Suprema
A inicios de abril, el gobernador Kicillof coincidió con los tres miembros de la Corte Suprema durante la inauguración del edificio del Polo Judicial en Olavarría. Desde el corazón de la provincia, el mandatario bonaerense reconoció las dificultades para llenar los lugares vacantes del máximo tribunal, un trámite del que debe encargarse el Senado.
“Para eso necesitamos los votos en la Legislatura y ya vieron lo que nos costó sacar el Presupuesto, cómo es la situación con fuerzas de la oposición cambiantes y dispersas. Estamos viendo cómo reunir los consensos. Si no se consiguen las voluntades no se puede hacer”, dijo en esa ocasión.
Vale aclarar que, durante el tratamiento del Presupuesto, las tres patas del peronismo, es decir el kirchnerismo, el kicillofismo y el massismo, consensuaron un plan para avanzar con pliegos judiciales durante 2026. A eso se le suma el lugar restante que quedará para la oposición, cuyos diversos sectores también pujan por meter magistrados de su agrado.
A diferencia del primer mandato, que estuvo signado por la falta de envíos de pliegos e inclusive por una sesión en la que el exJuntos por el Cambio lo terminó “primereando”, en la segunda parte de su gobierno Kicillof motorizó el nombramiento de jueces fiscales y defensores oficiales: en 2024 sancionó 181 y en 2025 unos 234.
“El valor a preservar es que nadie piense que la justicia en la provincia de Buenos Aires se use para perseguir. Son números que nunca se han visto. Lo otro, vamos viendo, pero tengo la tranquilidad de haber hecho un avance tan grande”, destacó Kicillof desde Olavarría.
Ahora, con este pedido de la Suprema Corte, el Gobernador deberá evaluar si da rienda suelta a esa misiva. Si bien desde la gestión del ministro Juan Martín Mena sacan pecho por los numerosos pliegos, el virtual apoyo del máximo tribunal sobre los reclamos judiciales de Kicillof por los fondos arrebatados por Javier Milei sería una pieza clave para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación incline la balanza en favor de calle 6.
