El titular de la Fiscalía General N°4 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Augusto De Luca, interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra un fallo de la Cámara Federal de Casación, en el marco de una de las causas donde se investigan torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas.
La intención del Fiscal es que el máximo tribunal de Justicia se expida sobre si los hechos de tortura contra los soldados en Malvinas constituyen o no delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles. “Las víctimas de torturas en el campo de batalla hace 40 años que esperan por Justicia”, resaltó De Luca.
“Esto es lo que se pretende en estas actuaciones: que la Corte Suprema abra el recurso y analice de una vez por todas el fondo del asunto, a fin de resolver de una manera definitiva si los delitos aquí investigados son de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos” detalla el escrito.
Además, el dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal indicó que la causa por torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas “se trata de un ‘leading case’, del derecho internacional, una situación única y difícilmente repetible”.
El 30 de mayo de 2022, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal “hizo lugar, por mayoría, al recurso de cuatro imputados en una causa donde se investigan torturas a los conscriptos y se basó para ello en un fallo anterior de ese mismo tribunal”, según consignó oficialmente el Ministerio Público Fiscal.
“En ese expediente, se había revocado la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia de no declarar la prescripción de la acción penal”, recordaron en el recurso extraordinario presentado a la Corte Suprema.
En aquella resolución, la Cámara de Apelaciones había denegado la extinción de la acción penal por considerar que “no era extensiva o aplicable la decisión de la Sala I de la Casación que, en septiembre de 2009 y con una integración distinta a la actual, había dispuesto que los hechos imputados no eran delitos de lesa humanidad”.
Actualmente, se encuentra pendiente ante la Corte Suprema un recurso extraordinario federal por parte de la fiscalía que espera la resolución sobre las causas donde se investigan torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas.
El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad “generan la misma obligación internacional para los Estados en cuanto al deber de búsqueda, detención, enjuiciamiento y -de corresponder- castigo de los responsables”, y que “obstáculos como el instituto de la prescripción de la acción penal no son admisibles para incumplir con esas obligaciones”.
De Luca sostuvo que la fiscalía planteó que se trata de un hecho “que se puede y debe tratar ahora mismo” y “un tema apto para dictar un leading case en materia de delitos cometidos por militares en medio de una guerra contra la propia tropa y, después de dos años pese a lo cual, la mayoría del tribunal de casación dijo que el asunto ya estaba resuelto en 2009″.
Además, el funcionario lamentó que Casación “no trató” los argumentos propuestos por el Ministerio Público Fiscal, “ya que la conclusión de que no se trata de hechos de lesa humanidad, no descarta que sean crímenes de guerra y/o graves violaciones a los Derechos Humanos”.
Por otra parte, De Luca afirmó que “no hay ‘cosa juzgada’ en la causa anterior sobre torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas, ni violación al principio ‘non bis in idem'”, que no permite juzgar dos veces a una persona por el mismo delito y que no se trataba de los mismos hechos ni de las mismas personas.
“Nuestra pretensión de tratar los hechos investigados como crímenes de guerra y/o graves violaciones a los DD.HH. fue omitida, no fue tenida en cuenta por los jueces de la mayoría, lo que traduce en causal de arbitrariedad de sentencia”, destacó el fiscal, en referencia al voto de los magistrados Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. En ese momento, la jueza Ana María Figueroa se había expresado en disidencia.
Uno de los casos que investiga a exmilitares por presuntas torturas a soldados de su propia tropa durante la Guerra de Malvinas, acontecimiento del que se cumplieron 40 años el próximo 2 de abril, se tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, ubicado en la provincia de Tierra del Fuego.
Allí, la jueza Mariel Borruto, se expresó en distintas ocasiones sobre los ilícitos denunciados como imprescriptibles, postura que se sustenta tras procesar en febrero de 2020 a cuatro de los exoficiales imputados. En este contexto, la Fiscalía de Tierra del Fuego y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideraron que en la causa se investigan delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, el 4 de mayo de 2021, un pronunciamiento dictado en mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal expresó que los ilícitos ocurridos durante abril y junio de 1982 se encontraban prescriptos. Fue así que, el organismo anuló un fallo judicial contra Jorge Oscar Ferrante, acusado de torturar a soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas.
La resolución de la Cámara Federal de Casación Penal de 2021 fue similar a otro fallo, firmado por otra sala del órgano institucional, que también había favorecido a un militar, Jorge Taranto, acusado por esos delitos ocurridos hace casi cuarenta años en las islas Malvinas.
Tras las resoluciones del organismo, la fiscalía y los querellantes recurrieron el fallo de Casación ante la Corte. “Estamos exigiendo que la Corte primero falle rápido, y segundo que falle de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en materia de justicia restaurativa y justicia transicional”, expresó el abogado del Cecim.