Este viernes, los trabajadores de peajes, iniciaron una jornada de protesta que incluyó el levantamiento de barreras y el no cobro de tarifas a los vehículos, en reclamo por la falta de respuestas ante el fin de la concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), que trasladó la responsabilidad del funcionamiento de las cabinas a Vialidad Nacional, y desató un nuevo caos en medio de la crisis vial que aqueja a la Argentina.
Es preciso mencionar que, la movilización del Sindicato Único de los Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), comenzó a las 6 de la mañana de este viernes a la altura del Mercado Central, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, y provocó demoras en la circulación, especialmente en la zona de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por caso, la protesta en la Autopista Riccheri está encabezada por la secretaria General del SUTPA, Florencia Cañabate, y respaldada por su secretario adjunto, Facundo Moyano. Es que, el gremio denuncia “despidos encubiertos, precarización laboral y un vaciamiento progresivo del sistema vial nacional”, sin un plan concreto ni licitaciones previstas para su continuidad.
Según denuncian desde el SUTPA, con el fin de la concesión para CRUSA, más de 500 trabajadores quedaron “sin trabajo, sin indemnización y sin posibilidad de continuidad laboral”, luego de que Vialidad Nacional asumiera el control de la concesión sin establecer un plan claro para el futuro de la infraestructura vial del país.
“Estamos visibilizando una problemática que tenemos y es nuestro lugar de trabajo. No somos de cortar rutas, pero entendemos que la mejor forma de hacerlo es en nuestro puesto”, explicó Cañabate esta mañana en declaraciones radiales, al tiempo que comentó que el tránsito lento es porque hay cuatro vías menos, aunque aún hay 14 por donde pueden transitar los vehículos.
Por su parte, Facundo Moyano fue más directo en la crítica hacia el Gobierno: “Los trabajadores no fueron despedidos ni indemnizados. El gobierno apela a Vialidad Nacional, una entidad históricamente manchada de corrupción”. En la misma línea, el sindicalista sostuvo que si se mantiene la misma lógica de improvisación, 3.500 trabajadores podrían correr la misma suerte en los próximos meses.
En tanto, a través de un comunicado titulado “Crónica de una crisis vial anunciada”, los trabajadores de peajes acusaron a la administración de Javier Milei de “actuar con irresponsabilidad y sin planificación”. “El Gobierno asumió diciendo que iba a privatizar la empresa Corredores Viales, pero no avanzó en ese sentido y, en cambio, estatiza una concesión vial”, indica el texto, que lleva las firmas de Cañabate y Moyano.
El documento, también cuestiona que no se haya organizado ningún proceso licitatorio para reemplazar a CRUSA y que, al mismo tiempo, se haya resuelto entregar la operación de la ruta del Mercosur directamente a Vialidad Nacional. Desde el sindicato, advirtieron que esta maniobra implica que “todos los argentinos deberán pagar con sus impuestos el mantenimiento de esa ruta”, sin garantía de inversiones ni de mejoras en el servicio.
“Por supuesto, el Estado concesionante deberá hacerse cargo de los derechos indemnizatorios, generando un costo innecesario a todos los argentinos”, alertaron los dirigentes gremiales, al tiempo que señalaron que el sector de peajes “está siendo vaciado a nivel nacional”, y que los trabajadores enfrentan una paritaria 20% menor al resto del sector, falta de condiciones de higiene y seguridad, y la amenaza constante de despidos sin causa.
A pesar de que el gremio aclaró que la medida no busca interrumpir totalmente el tránsito, las demoras fueron inevitables en puntos estratégicos como la Autopista Riccheri, ya que la protesta tuvo una participación masiva de trabajadores del sector, y afectó también otros corredores viales donde se levantaron las barreras de peaje.
En diálogo con medios locales, representantes del SUTPA no descartaron nuevas acciones si no reciben una respuesta oficial de Vialidad Nacional en los próximos días. Es que, el malestar se incrementó por la falta de interlocutores concretos en el Gobierno, y por lo que consideran una “desinformación deliberada” sobre la situación del sistema vial.
“Este es solo el comienzo. No podemos permitir que se repita lo de Caminos del Río Uruguay en todo el país”, sentenció Moyano, y concluyó: “Queremos diálogo, pero también garantías. No hay improvisación que valga cuando hablamos del sustento de miles de familias”.
