La situación de los Tribunales de Trabajo de la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la escena tras la publicación de un nuevo informe del Centro de Investigación y Formación (CIyF) de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que expone en detalle la crisis estructural que atraviesa el fuero. La carga de causas crece año a año, mientras la cobertura de vacantes y la incorporación de personal sigue estancada.
“El colapso del fuero laboral no es una situación coyuntural, es estructural. La falta de inversión y de cobertura de cargos es una forma silenciosa de deteriorar el acceso a la justicia. Lo venimos denunciando hace años”, afirmó el secretario General de la AJB, Hugo Russo, quien volvió a reclamar una reestructuración integral del sistema judicial bonaerense.
Según el relevamiento, el 2024 fue el año con mayor cantidad de causas iniciadas desde 2003, con un incremento del 3,4% respecto a 2023, del 86,4% en comparación con 2020 y del 68,2% si se toma como referencia 2015. A su vez, el promedio de causas por tribunal aumentó un 207% en dos décadas, sin una correlación directa con el crecimiento de la planta laboral ni la cobertura de magistraturas.
De acuerdo al informe, el 70% de los tribunales de trabajo funcionan con sus planteles incompletos: de los 73 existentes, solo 22 cuentan con la totalidad de jueces/as designados, y aún permanecen vacantes 71 cargos, lo que representa el 32,4% del total. En paralelo, la planta de personal creció apenas un 30% frente a un aumento del 256% en las causas iniciadas desde 2003.
La sobrecarga también se verifica en los distritos más postergados. Departamentos como Moreno-General Rodríguez y Pilar, que cuentan con un solo tribunal desde su creación, duplican el promedio provincial de causas por dependencia. En 2024, La Plata, Lomas de Zamora, San Martín, Mercedes, San Nicolás, Quilmes, San Isidro y Zárate-Campana también estuvieron por encima del promedio.
A esa presión se suma un dato preocupante: en algunos departamentos, la planta de personal no solo no creció, sino que se redujo. En San Martín, las causas aumentaron un 248% entre 2015 y 2024, pero el personal bajó un 7%; en Olavarría, la planta se achicó un 25% frente a un aumento del 34% en causas. “No se reemplazan jubilaciones ni traslados, y eso colapsa el sistema”, advierten desde la AJB.
En ese contexto, la duración de los juicios laborales también se incrementó. El informe precisa que los procesos que se resuelven con sentencia duran en promedio 706 días, y superan los 950 en distritos como La Plata o San Isidro. Los juicios con homologación, en tanto, promedian 208 días. Solo el 22% de los casos llega a sentencia, mientras que las conciliaciones, que en 2017 eran el 71%, cayeron al 46%.
Desde el gremio judicial solicitaron la habilitación de los organismos de trabajo ya creados por ley pero que no están en funcionamiento, la cobertura urgente de vacantes, y la conformación de la mesa técnica tripartita integrada por la Corte, el Ministerio de Trabajo y el gremio. “No se puede sostener el funcionamiento con tribunales incompletos y personal saturado”, concluyeron.
Persiste el déficit en los Tribunales de Trabajo, pese al avance en el Senado
En paralelo al informe del CIyF-AJB, el Senado bonaerense aprobó durante este 2025 dos tandas de pliegos judiciales que suman un total de 224 designaciones de jueces, fiscales y defensores oficiales, enviados por el gobernador, Axel Kicillof, a fines del año pasado. Se trata de una medida clave para saldar parte del déficit estructural que arrastra el Poder Judicial provincial.
A fines de mayo, se aprobaron 131 pliegos en una sesión que contó con la presencia del ministro de Justicia, Juan Martín Mena. Luego, la semana pasada, se sumaron otros 93, en una jornada demorada por tensiones internas y objeciones a algunos nombres. La titular del bloque de Unión por la Patria, Teresa García, destacó el avance: “Teníamos una deuda y hemos cumplido”.
Pese al volumen de nombramientos, desde la AJB insisten en que el impacto todavía es insuficiente frente a la magnitud de la crisis. “Las designaciones deben priorizar las áreas más colapsadas”, remarcaron desde la Asociación.
En este contexto, el gremio judicial volvió a exigir una silla en el Consejo de la Magistratura provincial para tener incidencia directa en la selección de magistrados, algo que hoy está vedado. “Tenemos más de 700 vacantes en toda la Justicia provincial, y las renuncias y jubilaciones siguen generando más huecos. Es momento de asumir el problema con otra seriedad”, advirtió Russo.
