Las empresas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) abrieron un nuevo frente de conflicto al poner en duda el pago del aguinaldo y habilitar la posibilidad de cancelarlo en cuotas. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) expresó su malestar por la definición que llega a pocos días de las fiestas, en un contexto en el que los choferes dependen del sueldo anual complementario para afrontar los gastos de diciembre.
En ese contexto, la última reunión en la Secretaría de Trabajo expuso el desacuerdo entre empresarios y representantes gremiales, cuando los directivos del sector privado enfocaron el debate en la falta de actualización de los subsidios nacionales y plantearon que ese desfasaje complica el pago de salarios.
Los dirigentes empresariales deslizaron que pagarían el sueldo anual complementario en cuotas si el Gobierno nacional no actualiza los subsidios destinados al transporte. Por su parte, la conducción sindical rechazó de plano esa alternativa ya que afecta un ingreso clave de fin de año y aparece en un escenario crítico para los trabajadores.
Vale precisar que los choferes de colectivo acumulan una pérdida de poder adquisitivo sostenida desde el 2024. En ese sentido, el gremio planteó que la incertidumbre sobre el aguinaldo profundiza un deterioro que no encontró mejoras durante este año y ya afecta a miles de familias del sector.
Además, la organización gremial viene de un conflicto reciente, puesto que el pasado 5 de diciembre, la UTA impulsó una medida de fuerza con paros puntuales debido a que varias líneas del AMBA habían depositado menos de la mitad de los sueldos. Los afiliados denunciaron que los incumplimientos se repiten con frecuencia y responsabilizaron de manera directa a las empresas por el cuadro general.
Ante este panorama, los empresarios del transporte sostienen que los costos del servicio aumentaron de manera desmedida y que los subsidios resultan insuficientes frente a la estructura del boleto. Las compañías señalaron que la devaluación del año pasado agravó los gastos de mantenimiento y generó tensiones en todas las líneas del sistema metropolitano.
En la misma línea, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor indicó que existe una brecha marcada entre la tarifa reconocida por el Estado, de 1.092 pesos, y el valor real del boleto que calculan las compañías, que asciende a 1.713 pesos. La entidad planteó que esa diferencia condiciona los movimientos financieros del sector y dificulta el cumplimiento de las obligaciones mensuales.
Finalmente, la UTA remarcó que el salario de un chofer ronda el millón y medio de pesos, y aseguró que esa cifra no cubre la canasta básica. Por caso, el gremio insistió en que el sector privado debe garantizar los sueldos y el aguinaldo sin depender de la asistencia nacional, mientras continúa la negociación para definir un esquema que permita destrabar la situación en el AMBA.
La UTA defendió las medidas de fuerza y Nación habló de reclamo político
La conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) endureció su postura y activó un paro en las líneas que no completaron el pago de salarios, el pasado 5 de diciembre. El gremio que lidera Roberto Fernández sostuvo que la retención de tareas respondió al incumplimiento de las empresas y al conflicto salarial que se profundizó durante los últimos meses.
El sindicato explicó que más de veinte líneas del AMBA quedaron sin servicio porque varias compañías no acreditaron los haberes de noviembre en tiempo y forma. En ese marco, la dirigencia gremial precisó que, si bien algunas empresas cancelaron los sueldos en los plazos correspondientes, otras mantuvieron demoras, por lo que los trabajadores definieron paralizar los recorridos hasta regularizar la situación.
En paralelo, el Gobierno nacional enfrentó al gremio de los colectiveros y acusó a la UTA de llevar adelante un reclamo “inequívoco y político” que excede la discusión salarial. Las autoridades de Transporte remarcaron que la responsabilidad del pago recae sobre las empresas privadas, y aclararon que Nación ya actualizó las tarifas y compensaciones para reducir la dependencia de los subsidios.
Por último, fuentes oficiales aseguraron que los fondos correspondientes a noviembre se acreditaron dentro de los plazos habituales y descartaron otorgar refuerzos para cubrir las obligaciones empresariales. La UTA, por su parte, atribuyó el conflicto a la falta de cumplimiento de las compañías y llamó al Estado a intervenir para evitar nuevas tensiones en el servicio.
