La Unión Tranviarios Automotor (UTA) evalúa convocar a un paro nacional de transporte, en el marco de la conciliación obligatoria de 15 días dictada por la Secretaría de Trabajo. La medida se originó por la falta de acuerdo en las negociaciones salariales con las cámaras de colectivos del interior del país.
El conflicto escaló después de que una audiencia virtual programada para este jueves se postergara por decisión de la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, que decretó un cuarto intermedio. Según se informó, la nueva reunión se realizará el próximo viernes, mientras los gremios advierten que el nuevo paro nacional de colectivos podría llevarse a cabo una vez que termine el período de conciliación en la segunda semana de enero.
El gremio ya había planeado un paro para el pasado 19 de diciembre, que quedó suspendido tras la intervención del Gobierno nacional. Por su parte, desde el Ejecutivo, explicaron: “La medida adoptada se da en el marco del paro programado para el día jueves 19 de diciembre, que quedará sin efecto a partir de las disposiciones dictadas por la Secretaría de Trabajo en el ámbito de su competencia”.
Mientras tanto, la UTA analiza retomar las medidas de fuerza, las empresas de transporte advierten sobre la posible eliminación de colectivos si no se actualizan los costos del sector. Según los empresarios, la interrupción de la actualización de costos desde noviembre es el eje principal del conflicto, afectando tanto la negociación paritaria como el pago del aguinaldo.
Las cámaras empresariales argumentaron que no cuentan con los fondos necesarios para abonar el medio salario anual complementario correspondiente a diciembre en un solo pago. En este contexto, propusieron dividir el desembolso en seis cuotas mensuales, una decisión que podría tensar aún más la relación con el sindicato liderado por Roberto Fernández.
El gremio evalúa alternativas para enfrentar esta situación y entre las posibilidades, podría exigir una reducción en la cantidad de cuotas propuestas para el pago o tomar medidas de fuerza con el objetivo de que el Gobierno nacional intervenga y garantice el cumplimiento del aguinaldo en términos más favorables para los trabajadores.
“El Gobierno actualizó los costos hasta el mes de octubre, pero no lo hizo en los meses críticos de noviembre, diciembre y enero, donde se dan las paritarias”, explicaron fuentes del sector privado. Según estas proyecciones, el precio técnico del boleto debería ser de $1300 para cubrir la estructura de costos, pero actualmente solo se reconocen $900 entre tarifa y subsidios.
Desde la Secretaría de Transporte niegan estas acusaciones y aseguran estar en diálogo constante con las empresas. Sin embargo, los empresarios mantienen su postura y advierten que sin una solución, habrá cierre de empresas y reducción de unidades.
El futuro del transporte público depende ahora de las definiciones que se logren en la audiencia de conciliación del próximo viernes, donde el gremio y las cámaras empresariales buscarán alcanzar un acuerdo que evite la concreción de un nuevo paro nacional en enero.
Paro nacional de la UTA: Transporte bonaerense advierte que peligran los sueldos de enero
La Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) alertó sobre la grave crisis financiera que enfrenta el sector, señalando que la falta de subsidios adeudados por el Gobierno nacional pone en riesgo el pago de los sueldos de enero. Desde la entidad reclaman una mesa de negociación inmediata y advierten sobre posibles medidas de fuerza si no obtienen respuestas concretas.
En ese marco, Luciano Messina, secretario general de la CTPBA, expresó la creciente incertidumbre que viven las empresas. “Estamos con una incertidumbre terrible porque ya se está cerrando el año y no sabemos realmente si Nación va a seguir haciendo los costos. Hasta la fecha, no sabemos si han firmado la adenda que garantiza los fondos para el cálculo de costos, lo cual afecta directamente los sueldos de enero”, señaló en diálogo con Diputados Bonaerenses.
La crisis alcanzó un punto crítico durante la última protesta en La Plata, cuando transportistas se movilizaron frente a la Gobernación para reclamar soluciones al ministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio. Las cámaras solicitaron al gobierno de Axel Kicillof que interceda ante Nación para garantizar los subsidios necesarios que permitan afrontar los compromisos salariales y operativos.
Al respecto, Messina describió la situación como “caótica” y afirmó que, si no se reciben respuestas inmediatas, deberán “hacer algún tipo de visibilización del tema”. Según el dirigente, las empresas están al borde del colapso financiero: “Las empresas nos están pidiendo algún tipo de acción porque están muy agobiadas”.
El conflicto se agrava por una deuda que supera los $20 mil millones, acumulada desde mayo, y que afecta particularmente a pequeñas y medianas empresas del sector. En ese sentido, Messina denunció que el esquema de costos que pretende implementar el Gobierno nacional está “subvaluado” y beneficia únicamente a los grandes grupos empresariales, en detrimento de los transportistas más pequeños.
El sector sostiene que los aportes estatales actuales no alcanzan para cubrir los costos operativos, lo que pone en peligro no solo los sueldos, sino también la continuidad de las empresas. Mientras el tiempo apremia, las cámaras insisten en la necesidad de un diálogo urgente con las autoridades nacionales para evitar nuevas medidas de fuerza que afectarían el transporte en toda la provincia de Buenos Aires.
