La diputada bonaerense de la UCR – Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, presentó un proyecto de ley para eximir del pago del Impuesto Automotor a los docentes rurales, por las condiciones en las que se desempeñan los trabajadores de la educación en zonas alejadas de las ciudades, con dificultades de acceso, infraestructura limitada y escasos servicios básicos.
En los fundamentos de la propuesta, Vaccarezza hace especial hincapié en la especificidad de la educación rural, a la que define como una “modalidad que debe garantizar la escolaridad obligatoria adaptándose a las particularidades de las poblaciones que habitan en zonas rurales”, lo que implica no solo pensar en el proceso educativo en sí mismo, sino también en las condiciones materiales en las que docentes y estudiantes desarrollan sus actividades cotidianas.
En ese sentido, la legisladora advierte que los docentes rurales enfrentan desafíos estructurales que los diferencian de sus pares del ámbito urbano, ya que en muchos casos trabajan en escuelas pequeñas y aisladas, con accesos complejos a través de caminos de tierra, lo que dificulta tanto la llegada a los establecimientos como la posibilidad de contar con recursos pedagógicos adecuados o incluso de sostener instancias de trabajo colaborativo con otros colegas.
“La educación rural presenta desafíos específicos para los docentes, que a menudo trabajan en escuelas pequeñas y aisladas, con acceso por caminos de tierra que dificulta la llegada de recursos educativos y la colaboración con otros colegas. Además, se enfrentan a infraestructuras deficientes, como falta de electricidad o acceso a internet, que afectan de manera directa la enseñanza, la comunicación con los estudiantes y sus familias”, graficó Vaccarezza.
Bajo este diagnóstico, Vaccarezza introduce uno de los ejes centrales de su iniciativa: el rol del vehículo particular como herramienta indispensable para el trabajo docente en zonas rurales, al señalar que no se trata únicamente de un medio de transporte, sino que en muchos casos constituye el único vínculo operativo entre la escuela y la comunidad, e incluso cumple funciones claves ante situaciones de emergencia dentro de los establecimientos educativos.
“Es, en los hechos, un vehículo particular puesto al servicio público”, sostiene la diputada bonaerense en los fundamentos del proyecto, donde remarca que esta situación adquiere mayor relevancia en contextos donde las distancias son extensas, los caminos presentan dificultades y el acceso a servicios básicos es limitado.
Para contextualizar esta problemática, Vaccarezza retomó la clasificación de ruralidad o desventaja que establece la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, con escalas que van desde condiciones normales hasta niveles de desfavorabilidad III, IV y V, lo que evidencia las condiciones excepcionales en las que se desempeñan muchos docentes.
“La ruralidad o desfavorabilidad de los establecimientos educativos constituye una de las clasificaciones definidas por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, que categoriza a las instituciones en función de su ubicación y de las dificultades de acceso. Estas condiciones generan contextos laborales diferenciados para los docentes, cuya movilidad implica costos variables según el territorio en el que se desempeñen”, destacó Vaccarezza en el escrito que ingresó a la Legislatura.
A partir de este diagnóstico, el proyecto propone modificar el Código Fiscal bonaerense mediante la incorporación de un nuevo articulado, con el objetivo de incluir dentro de las exenciones del Impuesto Automotor a los vehículos particulares destinados al uso exclusivo de docentes rurales que se desempeñen en establecimientos con altos niveles de desfavorabilidad, es decir, aquellos comprendidos en las categorías III, IV y V.
De esa manera, la propuesta establece que podrán acceder al beneficio docentes titulares, provisionales o suplentes que presten servicios efectivos en dichas instituciones educativas, y determina que la exención alcanzará a una única unidad por beneficiario, con una vigencia anual sujeta a renovación, lo que implica la necesidad de acreditar periódicamente la continuidad de las condiciones que justifican el otorgamiento del beneficio.
Asimismo, el proyecto de Vacarezza asigna a los Consejos Escolares de cada distrito de la provincia de Buenos Aires un rol clave en la implementación del régimen, ya que serán los encargados de verificar la elegibilidad de los solicitantes y de emitir el correspondiente certificado de exención, lo que introduce un mecanismo de control territorial que busca garantizar la correcta aplicación de la medida.
“No es equivalente el gasto asociado al uso de un vehículo para un docente que trabaja en un entorno urbano que para aquel que presta servicios en localidades del interior o en zonas rurales, donde las distancias y las condiciones de acceso suelen ser más exigentes”, concluyó la legisladora de la UCR que busca eximir a los docentes rurales del pago del Impuesto al Automotor.
