La diputada bonaerense de UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, volvió a advertir sobre el crecimiento del sobreendeudamiento de los hogares y reclamó mayores herramientas de protección frente a las prácticas abusivas de cobranza, en línea con el proyecto que presentó semanas atrás en la Cámara baja provincial.
El planteo de la dirigente monzoísta cobró nuevo impulso tras conocerse un estudio elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que expuso un fuerte deterioro en la capacidad de pago de las familias. El relevamiento ubicó la morosidad bancaria del sector en el 12,3% durante mayo de 2026, muy por encima del 2,5% que registraba el mismo indicador en octubre de 2024.
“Este gráfico refleja una realidad que miles de familias viven todos los días: el sobreendeudamiento crece y la morosidad alcanza niveles preocupantes. No podemos naturalizar que quienes ya están asfixiados también sean víctimas de prácticas abusivas de cobranza”, expresó Vaccarezza tras la difusión de los datos.
En ese marco, la legisladora provincial recordó la iniciativa que ingresó en mayo pasado a la Legislatura bonaerense para ampliar la protección de las personas que afrontan niveles elevados de endeudamiento. El proyecto apunta especialmente a los hogares que acumularon obligaciones financieras para afrontar gastos cotidianos y que, además, enfrentan métodos de cobro que vulneran su intimidad o su derecho a recibir un trato digno.
La propuesta opositora apunta a modificar el artículo 2 del Código Provincial de los Derechos de Consumidores y Usuarios para incorporar a las personas sobreendeudadas dentro de la categoría de “consumidores hipervulnerables” e incluir a este universo dentro de las políticas específicas que la Provincia destina a los sectores con mayor vulnerabilidad en las relaciones de consumo.
En ese sentido, el proyecto de Vaccarezza establece una presunción de hipervulnerabilidad para las personas cuyos ingresos mensuales resulten inferiores a tres salarios mínimos y cuyas deudas exigibles representen más del 35% de sus ingresos netos, parámetro que al momento de presentar la iniciativa equivalía a ingresos menores a $1.089.000, según los valores vigentes en mayo.
La presentación, sin embargo, excluye de esa protección a las obligaciones que provengan de inversiones comerciales, actividades empresariales o adquisiciones de bienes suntuarios o de lujo. De este modo, el texto limita el alcance de la figura a las personas que comprometen una proporción considerable de sus ingresos para afrontar deudas vinculadas con su economía cotidiana.
Al fundamentar el proyecto, Vaccarezza ya había advertido que numerosas familias recurrieron al financiamiento como una vía para sostener consumos básicos frente a la pérdida de capacidad adquisitiva. “Mientras que la mora en el sector de las empresas se situó en un 2,9%, un reciente informe del Banco Central indicó que el nivel de irregularidad en las familias escaló al 11,2%. Esta disparidad evidencia que han debido recurrir al crédito no como una herramienta de inversión, sino como un ingreso complementario para cubrir necesidades básicas”, sostuvo entonces la diputada oriunda de Alberti.
Los nuevos datos difundidos por CEPA volvieron a colocar ese diagnóstico en el centro del planteo de la legisladora de la Cuarta sección. El indicador del 12,3% correspondiente a mayo reforzó la advertencia sobre las dificultades que atraviesan los hogares para cumplir con sus compromisos financieros y renovó el reclamo por un marco provincial que contemple a las personas sobreendeudadas.
Además de incorporar esta situación económica dentro de las categorías de especial protección, el planteo legislativo también establece límites concretos para las cobranzas extrajudiciales que desarrollan acreedores y empresas dentro de la provincia de Buenos Aires.
Entre otras disposiciones, el proyecto impide que los agentes de cobranza utilicen teléfonos comunes del lugar de trabajo del deudor para notificar una obligación pendiente. Además, el impulso de Vaccarezza prohíbe que los acreedores difundan a través de medios de comunicación nóminas de personas endeudadas o requerimientos de pago cuando no exista una orden judicial que habilite esa exposición.
“El proyecto no pretende incentivar el incumplimiento, sino garantizar que el recupero de deudas se realice bajo principios de trato digno y respeto a la privacidad, evitando que el pasivo financiero se convierta en una causa de exclusión social permanente”, puntualizó la autora en los fundamentos de su propuesta que permanece bajo análisis de la Cámara de Diputados bonaerense.
La morosidad de las familias argentinas se triplicó en un año y rozó el 13%
En línea con la advertencia de Vaccarezza por el crecimiento del sobreendeudamiento, el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) también volvió a exhibir un fuerte deterioro en la capacidad de pago de los hogares. La entidad monetaria ubicó la morosidad de las familias en el 12,8% durante mayo, un nuevo máximo que dejó al indicador al borde del 13%.
Según los datos oficiales, el ratio de irregularidad avanzó 0,7 puntos porcentuales frente a abril y quedó 8,3 puntos por encima del nivel registrado durante el mismo mes del 2025, por lo que prácticamente se triplicó en apenas un año. No obstante, el Banco Central señaló que “en los últimos meses el ritmo de deterioro de este segmento de las financiaciones exhibió cierta moderación”.
Por otro lado, el deterioro también alcanzó al sector empresario, aunque con niveles considerablemente menores a los registrados entre las familias. En este caso, el BCRA situó la irregularidad de las empresas en el 3,5%, con una suba mensual de 0,1 puntos y un incremento interanual de 2,5 puntos, mientras que el ratio correspondiente al conjunto del crédito privado llegó al 7,7%.
