La Cámara Federal de Comodoro Py decidió reabrir la causa que apunta a esclarecer por qué el Gobierno de Alberto Fernández demoró la adquisición de vacunas Pfizer durante la pandemia de COVID-19. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens revocaron el fallo del juez Ariel Lijo, quien en diciembre había archivado la denuncia.
Sobre la decisión, los magistrados señalaron que aún existen “incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer”, y en esa línea, remarcaron que la causa no analizó con la misma profundidad los vínculos con esa farmacéutica en comparación con los acuerdos firmados con otros laboratorios.
La resolución incluye dos causas iniciadas en el año 2021: la primera, fue presentada por un grupo de diputados nacionales de la oposición a Alberto Fernández y la otra, que surgió a partir del reclamo de familiares de personas fallecidas por la pandemia de coronavirus.
En este marco, el fiscal federal, Carlos Stornelli que ya había apelado el cierre de la investigación, advirtió que el expediente no había incorporado medidas clave para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Además, Stornelli señaló que hubo una “diferencia notoria” en los tiempos que tomó la negociación para adquirir las vacunas Pfizer en comparación con la rapidez con la que se concretaron acuerdos con otros laboratorios.
Para el fiscal, las demoras “derivaron perjudicialmente para nuestro país” porque implicaron una baja progresiva de las dosis inicialmente prometidas y, según su dictamen, esa situación impactó negativamente en un contexto de emergencia sanitaria.
En tanto, el Tribunal Federal coincidió con ese planteo y advirtió que no puede descartarse la posibilidad de que hayan existido tratos desiguales entre Pfizer y otras farmacéuticas, al tiempo que afirmaron que no se logró “un estado de certeza negativo” que justifique el archivo de la causa.
El fallo, que apunta directamente al desempeño del Gobierno de Alberto Fernández durante la etapa más crítica de la pandemia, plantea que el Poder Judicial debe investigar las razones detrás de la demora y revisar cómo se desarrollaron las conversaciones con Pfizer.

La Cámara también remarcó que el avance de los acuerdos con otros laboratorios contrastó con la falta de resultados en las tratativas con la farmacéutica estadounidense. Ese ritmo desigual es, según los camaristas, un aspecto que debe ser profundizado en la causa.
COVID-19: Qué pasó con las vacunas Pfizer y por qué vuelve a investigarse a Alberto Fernández
En diciembre del 2023, el juez federal Ariel Lijo ya había desestimado las denuncias presentadas contra la gestión anterior y afirmó que la administración de Alberto Fernández mostró desde un principio voluntad para adquirir las vacunas, y que incluso la propia Pfizer había reconocido ese interés.

En su resolución, Lijo sostuvo que negociar con múltiples laboratorios al mismo tiempo no constituye una maniobra ilícita y consideró también, que la decisión de priorizar algunas vacunas respondía a un criterio político dentro de las facultades del Ejecutivo.
Vale recordar que la discusión en torno a la adquisición de vacunas fue uno de los puntos más sensibles del debate público durante la pandemia de COVID-19. En aquel momento, las críticas se intensificaron cuando otros países accedieron antes a las dosis de Pfizer, mientras la Argentina apostaba por el esquema inicial basado en la Sputnik V.
Según datos oficiales, desde marzo de 2020 murieron más de 130 mil personas víctimas de la pandemia de COVID-19 en Argentina. de las cuales, alrededor de un 90% no estaban vacunadas o no habían recibido las dosis de refuerzo recomendadas.
Las primeras partidas de Pfizer llegaron al país en septiembre de 2021, con un total de 20 millones de dosis. Para entonces, el Gobierno nacional ya había suscripto contratos con otros laboratorios, pero no había podido explicar las razones de la demora para adquirir las vacunas de la firma estadounidense.

Ahora, la Cámara Federal exige avanzar con las medidas pendientes y determinar si existieron decisiones que afectaron la disponibilidad de vacunas en los momentos más críticos de la pandemia.





