En las últimas horas, la fiscal Paula Serrano de la UFI N°4 del Departamento Judicial de Azul decidió pasar a Delitos Especiales, la causa que investiga una presunta venta ilegal de terrenos en el municipio de Olavarría y que salpica de lleno a buena parte del entorno del intendente del PRO, Ezequiel Galli.
El elenco que quedó en el centro del expediente judicial se compone del asesor municipal de Olavarría, Mariano Ciancio, del principal referente de Juntos por el Cambio en el distrito, Claudio Peralta y de los policías bonaerenses, Leonardo Sampaoli y Néstor Loiza.
La actualización de la causa por la presunta venta ilegal de terrenos, se da en paralelo a otra serie de irregularidades que afronta la gestión de Ezequiel Galli, que especula con pelear por un mandato más al frente del Ejecutivo municipal bajo el armado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a pesar de las denuncias contra funcionarios.
La causa en la que intervenía la fiscal Serrano, que se terminó declarando incompetente para avanzar y que estaba caratulada como “estafas reiteradas”, quedó en manos del fiscal de delitos especiales y violencia institucional, Ignacio Calonje, que deberá determinar si se trata de una “asociación ilícita”, que podría involucrar a más personas.
En rigor, desde el comienzo de la investigación por la presunta venta ilegal de terrenos a principios de 2022, la titular de la UFI 4 citó a varios de los damnificados y a testigos, aunque aún no se llamó a declarar a ni a los integrantes del gobierno de Galli, ni a los policías, y determinó que habría más personas involucradas en la maniobra.
Dato no menor, es que Mariano Ciancio, el funcionario que mayor vínculo tiene con el jefe comunal de Olavarría, entregó su celular para que realicen las pericias correspondientes pero dio una clave errónea para su ingreso, lo que imposibilitó tomarlo como herramienta para la causa hasta el momento.
“Es evidente que Mariano Ciancio, en virtud de su cargo de asesor del poder ejecutivo local, tenía acceso a información que sólo podía estar en Organismos Públicos, como ser el Municipio de Olavarría, por tratarse de información sensible atinente al estado de los inmuebles que se encuentra protegida por el secreto fiscal”, expuso la magistrada Paula Serrano.
En ese marco, la fiscal indicó que se trató de un “evidente aprovechamiento de las necesidades sociales de los distintos barrios”, reconoció la vinculación de Claudio Peralta “por ser referente del barrio Hipólito Yrigoyen” y admitió la necesaria participación de los funcionarios policiales, de Ciancio y del personal de la oficina de Catastro.
En este contexto, la única reacción pública que tuvo Galli sobre la causa que investiga la presunta venta ilegal de terrenos fue la desvinculación de su asesor municipal, como informó este medio a principios de abril de 2022. Sin embargo, Ciancio reconoció públicamente que mantiene diálogo con Galli y que el alcalde le manifestó su apoyo.
“Con Galli estamos confiados y tranquilos, sabemos de qué se trata esto. Hablamos como dos amigos, intercambiamos mensajes. Al principio tuvimos charlas, un montón de encuentros pero luego ya no hay mucho que hablar. Siempre me ha apoyado, nos hemos hecho amigos y me respaldó siempre, y yo, a él”, declaró Ciancio.
Olavarría: el largo prontuario de Galli
Cabe mencionar que, en paralelo, Galli también debió pedirle la renuncia a la subsecretaria de Desarrollo Social, Silvana Rosales, luego de que se hiciera públicos manejos irregulares con las tarjetas del Plan Alimentar, un programa municipal, y con vales de mercadería que se entregan a familias de Olavarría en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, la titular del interbloque de Frente de Todos, del Honorable Concejo Deliberante del partido, Merccedes Landívar, le exigió al secretario a cargo de la cartera involucrada, Diego Robbiani, que radique la denuncia penal y brinde explicaciones en una sesión especial.
Por su parte, los dirigentes del Polo Obrero (PO) emitieron un comunicado en el que manifestaron les resulta llamativo que “la denuncia salga desde dentro mismo del gobierno municipal”. “¿Acaso se quiere cortar la cadena de responsabilidades sin que se va salpicado todo el gobierno de Galli?”, se preguntaron.
En este contexto, desde el Frente de Todos de Olavarría enumeraron el largo prontuario que enfrenta Ezequiel Galli:
- El depósito judicial incendiado para “tapar una supuesta venta ilegal de autopartes”.
- Los presuntos sobreprecios en el plan de Viviendas Prefabricadas TUVI.
- La venta de una calle a Cementos Avellaneda “a un precio vil”.
- El caso de un concejal “que es proveedor del municipio”.
- El otorgamiento “direccionado del servicio de recolección”.
- La causa de la supuesta venta de terrenos ilegales que salpica a varios de sus funcionarios.
- Las irregularidades con el Plan Alimentar.
