En las últimas horas, la senadora bonaerense de Unión y Libertad, Silvana Ventura, ingresó a la Legislatura un pedido de informes al Poder Ejecutivo de Axel Kicillof para conocer en detalle la situación de los hogares y dispositivos de alojamiento de menores en conflicto con la ley penal, una iniciativa que pone el foco en la capacidad instalada, la sobrepoblación, los recursos humanos, las condiciones edilicias y las políticas de prevención.
La solicitud de Ventura está dirigida al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) y reclama información “detallada, actualizada y documentada” sobre el funcionamiento de los centros de privación y restricción de la libertad ambulatoria, así como de los dispositivos socioeducativos y territoriales que dependen de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil.
Entre los primeros puntos, el proyecto de la senadora de Unión y Libertad exige precisiones sobre la cantidad total de menores alojados en institutos de reinserción, la capacidad disponible y el nivel real de ocupación de cada edificio, además de un diagnóstico sobre la eventual sobrepoblación y las medidas adoptadas para revertirla, una preocupación que atraviesa todo el texto legislativo.
Al mismo tiempo, el pedido de la senadora de Unión y Libertad solicita información específica sobre los centros de recepción, el tiempo promedio de permanencia de los adolescentes en esos espacios y la cantidad de menores no punibles institucionalizados, junto con el fundamento legal de esas medidas, un aspecto sensible en el debate sobre los límites del encierro y las alternativas previstas por la normativa vigente .
Otro eje central del proyecto de Silvana Ventura es el foco en las condiciones materiales del sistema, al solicitar un informe pormenorizado sobre el estado edilicio de cada centro, las obras realizadas durante 2024 y 2025 y las previstas para 2026, en un contexto en el que, según los fundamentos del proyecto, los dispositivos diseñados para estadías breves “terminan funcionando como lugares de alojamiento prolongado por falta de cupos”.
En materia de recursos humanos, la iniciativa de Ventura reclama datos sobre la dotación de personal por establecimiento, la existencia de vacantes sin cubrir y los motivos de esas ausencias, con especial atención al personal de seguridad, además de un detalle sobre la capacitación, su periodicidad y las áreas involucradas, incluyendo denuncias registradas, procedimientos iniciados y fallecimientos bajo custodia durante 2024 y 2025.
En tanto, el texto también apunta a conocer qué medidas adoptó la Provincia frente a las recomendaciones de organismos de control y organizaciones de la sociedad civil, y cómo es la articulación con el Poder Judicial, con datos concretos sobre el porcentaje de adolescentes sin condena firme y las alternativas al encierro que se implementan para menores en conflicto con la ley penal.
Al mismo tiempo, la solicitud de informes incorpora preguntas sobre el acceso efectivo a la educación formal y a la salud física y mental, la implementación de programas socioeducativos, el acompañamiento al momento del egreso y el seguimiento posterior, así como el presupuesto asignado y ejecutado en 2024 y 2025, elementos que el texto considera claves para evaluar la política pública integral.
En última instancia, el proyecto plantea la necesidad de pensar estrategias adicionales ante un eventual descenso de la edad de punibilidad a nivel nacional, y sostiene que el delito “debe abordarse con políticas de prevención y actualización normativa”, al señalar que el control legislativo resulta indispensable para garantizar los derechos de los menores y revertir una crisis que, de acuerdo al texto de Ventura, “es estructural y atraviesa a toda la provincia de Buenos Aires“.
Es preciso mencionar que, el pedido de informes impulsado por Ventura se inserta en un contexto más amplio de debate nacional sobre cómo abordar la responsabilidad penal de adolescentes, un eje que también está en la agenda del Congreso con la discusión de una nueva Ley Penal Juvenil.
Es que, el Gobierno nacional incluyó recientemente en el temario de las sesiones extraordinarias la reforma del régimen penal juvenil, que contempla cambios al sistema vigente desde hace décadas y propone modificar aspectos como la edad de imputabilidad, al establecer un nuevo marco de responsabilidad penal para jóvenes de entre 14 y 18 años, en un intento por dar la discusión sobre políticas de seguridad y justicia para adolescentes en conflicto con la ley.
