Tras la demanda impulsada por la organización Memoria Activa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes al Estado argentino por la falta de esclarecimiento en el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994.
En rigor, en su fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado argentino por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el ataque contra la mutual judía, así como por no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento.
“Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, afirmó en su resolución el máximo tribunal.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado argentino por no garantizar un acceso real a la documentación sobre el atentado de la AMIA, produciendo una violación al derecho a la verdad por las múltiples falencias en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado, y su responsabilidad en las maniobras de encubrimiento.
En ese contexto, la Justicia ordenó realizar una investigación que permita establecer la verdad de lo que ocurrió en el caso de la AMIA, clasificando toda la información de los servicios de inteligencia reservada hasta el momento. De esta manera, el máximo tribunal dispuso remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad del atentado. Además, ordenó identificar a los responsables e implementar las necesarias medidas de reparación a las víctimas.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia”, estableció el Tribunal.
Vale recordar que, el 18 de julio de 1994, a las 9:53 horas, un coche bomba subió a la vereda e impactó contra el frente del edificio de la AMIA, ubicado en Pasteur 633. La camioneta Trafic llevaba en el furgón, entre los asientos y el buche de las ruedas traseras, una combinación de nitrato de amonio, un hidrocarburo pesado, trinitrotolueno (T.N.T.) y nitroglicerina. La carga explosiva fue similar a unos 300 o 400 kilos de TNT. El atentado se cobró la vida de 85 personas.
Desde entonces hubo varios juicios. El primero contra la llamada conexión local en donde se acusó a un grupo de policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta bomba. Ese juicio terminó con todos absueltos: el propio tribunal sostuvo que la acusación nació de un pago “espurio e ilegal” que se había ordenado desde el juzgado y la central de inteligencia.
A raíz de ello, el gobierno de Néstor Kirchner firmó un decreto en 2005 en donde reconocía la responsabilidad del Estado argentino por no haber esclarecido ni haber prevenido el atentado terrorista y se comprometió a realizar una serie de medidas para cumplir sus obligaciones. Sin embargo, desde la agrupación Memoria Activa destacaron que “pasaron los gobiernos, pero nadie las cumplió”.
Frente a este contexto de impunidad, en marzo, la agrupación, Memoria Activa, elevó el caso “Memoria Activa contra el Estado argentino” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido al incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH por parte del Estado argentino.
