La comitiva anti derechos llegó al Senado de la provincia de Buenos Aires, avalada por legisladores de distintos bloques, ya que esta tarde presentarán en territorio bonaerense la línea telefónica que busca “ayudar a la mujer embarazada en estado de vulnerabilidad”.
Ni más ni menos, se trata de una nueva jugada de los sectores que se oponen a la legalización del aborto seguro y gratuito. En estas líneas que prometen “atención”, las mujeres se encontrarán con personas que intentarán convencerlas de llevar adelante el embarazo a pesar de que pueda afectar su salud y autonomía.
La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas junto a la organización religiosa “Vida en familia” son las que gestionan la formación de esta línea telefónica que, para las organizaciones feministas, vulnera la potestad de las mujeres bonaerenses sobre su propio cuerpo.
A la cabeza de “Vida en familia” está la docente Evelyn Rodríguez, quien adoptó un niño cuya madre biológica es una chica adolescente a la que ella convenció de seguir adelante con el embarazo aunque era no deseado. Además, Rodríguez será quien oficie de presentadora esta tarde en la Cámara alta.
“La experiencia muestra que en la enorme mayoría de los casos en los cuales se le brinda a la mujer una compañía concreta y cercana frente a un embarazo no planificado, es la misma mujer quien descarta por sí misma la alternativa del aborto”, señaló Rodríguez durante una presentación en el Congreso.
De los senadores bonaerenses que se posicionan “a favor de las dos vidas”, según pudo saber este portal, por ahora los confirmados en la comitiva serán Lucas Fiorini y Marcelo Pacífico, ambos integrante de las filas de Cambiemos en la Cámara alta.
“Más allá de que tengamos una u otra postura, la línea busca darle contención a las mujeres en situación vulnerable y proteger las dos vidas. Es un asesoramiento que estaba faltando”, dijo Fiorini en diálogo con Diputados Bonaerenses.
A nivel nacional, la implementación de esta línea telefónica se había aprobado e incluso iba a contar con el financiamiento del Estado nacional por un convenio de $1,3 millones, a través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, hecho que quedó anulado por la repercusión negativa que tuvo.
