En las últimas horas, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso la suspensión preventiva de la firma PRESTOSERVICE S.R.L., proveedora del Servicio Alimentario Escolar (SAE), luego de detectar presuntas irregularidades en la entrega de alimentos y en la documentación vinculada a su contratación con el Consejo Escolar de 25 de Mayo. Según dejaron trascender, la medida fue adoptada mientras avanzan actuaciones administrativas y una investigación judicial por posibles maniobras vinculadas a remitos, facturación y eventual adulteración de documentos.
En tanto, la decisión del Gobierno de Axel Kicillof impacta de lleno en uno de los programas más sensibles de la administración pública bonaerense, ya que el SAE garantiza alimentos para estudiantes que asisten a establecimientos educativos de todo el territorio. En este caso, la intervención oficial se produjo luego de una auditoría interna y de un pedido de informes que encendieron alertas sobre el funcionamiento del servicio en el distrito del interior de la provincia de Buenos Aires.
Según surge del expediente, las observaciones respecto de la firma PRESTOSERVICE S.R.L. estuvieron centradas en inconsistencias entre los productos solicitados por las escuelas, los alimentos que habrían sido efectivamente entregados y los montos finalmente facturados por la empresa contratista, una diferencia entre documentación, prestaciones y pagos que fue el punto de partida de la revisión administrativa que derivó en la suspensión preventiva de los servicios que presta la compañía.
De acuerdo con los datos incorporados a las actuaciones, sobre un total de 92 instituciones educativas alcanzadas por la prestación, solo se registraron 51 remitos de entrega. A su vez, dentro de ese universo relevado, el 18% de la documentación presentaba anomalías que motivaron mayores controles por parte de las autoridades competentes.
Ahora, las diferencias detectadas en las prestaciones que la firma PRESTOSERVICE S.R.L. le ofrecía a la provincia de Buenos Aires en el programa SAE podrían representar un perjuicio económico cercano a los 3 millones de pesos, cifra que terminó de acelerar la intervención provincial. Frente a ese escenario, se resolvió avanzar con medidas preventivas y con el análisis integral del vínculo contractual que mantenía la firma con el Consejo Escolar de 25 de Mayo, que dispuso la rescisión del contrato que regía para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025.
Sin embargo, la rescisión contractual no fue la única derivación del caso, ya que el presidente del Consejo Escolar de 25 de Mayo presentó una denuncia penal por la posible comisión de delitos vinculados a la falsificación de documentos públicos y defraudación contra la administración pública, lo que abrió una nueva instancia de investigación fuera del plano administrativo. La causa judicial tramita actualmente en el departamento judicial de Mercedes, que deberá determinar si existieron maniobras delictivas y corresponde avanzar con eventuales responsabilidades penales de personas físicas o jurídicas involucradas en el expediente.
Mientras tanto, el Organismo Provincial de Contrataciones resolvió aplicar la suspensión preventiva de PRESTOSERVICE S.R.L. en el Registro Único de Proveedores y Licitadores del Estado bonaerense, una decisión que limita la posibilidad de contratar con el Estado provincial mientras se sustancia el proceso sancionatorio. Según trascendió, la suspensión preventiva tendrá un plazo que no podrá exceder el año, salvo que antes se dicte una resolución definitiva en el marco del sumario correspondiente, mientras que durante ese período la Provincia continuará con la recopilación de antecedentes, la evaluación de documentación y la definición de sanciones a la empresa.
En medio del conflicto en 25 de Mayo, la Coalición Cívica pide certezas sobre la continuidad del SAE
En medio de las versiones sobre una eventual suspensión del programa MESA, los diputados bonaerenses de la Coalición Cívica, Romina Braga y Andrés de Leo, salieron a reclamar explicaciones al gobierno de Kicillof y presentaron iniciativas legislativas para exigir precisiones sobre el futuro de una política alimentaria que alcanza a millones de estudiantes en la provincia de Buenos Aires. Es que, desde el bloque opositor advirtieron que la incertidumbre generó preocupación en escuelas y familias vulnerables.
Por su parte, Braga impulsó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle si está prevista una interrupción total o parcial del programa MESA durante los próximos meses, especialmente entre mayo y julio, luego de que circularan versiones sobre una suspensión por 90 días. En los fundamentos, la legisladora sostuvo que “resulta imprescindible que el cuerpo legislativo cuente con información clara, actualizada y detallada sobre el futuro del programa, sus eventuales modificaciones y el alcance real de las políticas alimentarias en la provincia de Buenos Aires”.
Además, la diputada remarcó la importancia social de la herramienta al señalar que “el programa MESA constituye un complemento esencial del Servicio Alimentario Escolar (SAE), garantizando el acceso a alimentos para miles de niños, niñas y adolescentes, y contribuyendo no solo a su nutrición, sino también a la continuidad de sus trayectorias educativas”. En esa línea, Braga reclamó transparencia en la administración de recursos públicos y previsibilidad en políticas de alto impacto social.
Por su parte, de Leo manifestó su preocupación por la “posible suspensión” del programa MESA y alertó por sus consecuencias sociales. “Esta interrupción de tres meses dejaría sin refuerzo nutricional a más de 2 millones de chicos”, sostuvo el titular del bloque de la Coalición Cívica, al tiempo que agregó que “es imperativo que el Ejecutivo bonaerense aclare la situación presupuestaria y operativa de la asistencia alimentaria para los años 2025 y 2026”.
Cabe mencionar que, las iniciativas de Braga y de Leo se conocieron en paralelo al nuevo cruce entre la Provincia y la Nación por el financiamiento de programas alimentarios. Es que, mientras el ministro de Desarrollo Social, Andrés Larroque, reclamó mayores fondos al Gobierno nacional, desde Capital Humano rechazaron atrasos y señalaron que tanto el SAE como el programa MESA corresponden a la órbita bonaerense.
