El Tribunal de Cuentas bonaerense este miércoles se expidió acerca del caso de la concejala del PRO de 9 de Julio, María Inés Ormachea, que había sido suspendida por supuestamente haber aprobado un acuerdo entre el Municipio y una empresa que pertenece a un familiar directo. La Justicia ordenó que la edil del oficialismo sea reintegrada al Concejo Deliberante.
La novedad salió este mediodía tras una reunión convocada por el flamante titular massista del Legislativo de 9 de Julio, Sebastián Malis, donde todos los presidentes de bloque del Concejo analizaron el dictamen del Tribunal de Cuentas bonaerense en el que se dispuso la “inmediata restitución” de Ormachea. Finalmente, los espacios motorizaron la incorporación de la edil del PRO, haciendo caso al documento judicial.
A principios de marzo, el Concejo Deliberante de 9 de Julio votó suspender a Ormaechea debido a la implicación de esta en la causa que investiga el acuerdo entre el Municipio y la empresa israelí Nandi, que habría usado un centro vecinal de forma ilegal durante un año. Lo que sucede es que, la representación de la empresa en Argentina corresponde a Mauricio Gavaldá, esposo de Ormaechea, quien, durante el tratamiento del convenio en la comisión de Legislación, dejó pasar muchas irregularidades que acarreaba la firma extranjera.
En este sentido, el titular del bloque PRO en el Concejo de 9 de Julio, César García, advirtió que la suspensión contra Ormachea era “improcedente” ya que carecía de base legal y constitucional, y apuntó que la movida se trató de un acto político “sin sustento jurídico”.
“Se vulneraron derechos, no existía la figura legal para suspenderla de esa manera, y se actuó como si fuera una comisión especial, juzgando sin juicio previo. El escarnio ya está hecho. Afectó no solo a la concejal, sino a su familia y a su entorno. Este tipo de prácticas no suman para la democracia ni para el vecino de 9 de Julio”, dispuso el titular de la bancada oficialista nuevejuliense.
Por su parte, el líder del Concejo, Sebastián Malis, adelantó que ya firmó el decreto para reincorporar a Ormachea, consideró que ahora el cuerpo deberá “recomponer los vínculos y recuperar la confianza interna” y evaluó que “todos los concejales” salieron heridos con este escándalo. “Yo no tengo tan en claro quién fue víctima y quién fue victimario. La política, cuando se pierde la confianza, duele. Pero si nos quedamos en el dolor no se construye. Eso sería casi infantil”, reflexionó.
“No puedo pararme desde el rencor o el resentimiento. Lo importante ahora es generar un ámbito donde todos podamos volver a aportar de buena fe. El dictamen del Tribunal de Cuentas es claro, desde lo jurídico no había mucho margen. Pero el verdadero problema era otro: la ruptura del clima de trabajo, la desconfianza entre los concejales, la imposibilidad de avanzar. Eso es lo que hay que sanar”, finalizó el presidente del Concejo de 9 de Julio.
9 de Julio: la historia de la empresa Nandi, acusada de irregularidades
En febrero de 2023, la firma Nandi apareció con un proyecto para implementar chips de tecnología innovadora en la ganadería de 9 de Julio, el cual fue aprobado mediante un convenio por el entonces intendente PRO, Mariano Barroso, de quien María José Gentile, actual alcaldesa,era Jefa de Gabinete. Sin embargo, todavía quedaba el visto bueno del Concejo Deliberante para que la empresa israelí pueda comenzar a funcionar.
Recién el pasado 10 de octubre, ya con la gestión de Gentile, el Legislativo nuevejuliense votó afirmativamente el acuerdo con Nandi para colocar collares con chip al ganado con el objetivo de monitorear su salud y evolución, un documento necesario para que la empresa comience a trabajar. Por eso mismo fue muy grande la sorpresa de los concejales de Unión por la Patria cuando acudieron al Centro San Cayetano, lugar reservado para la firma de Israel, y descubrieron que ya estaba funcionando de forma ilegal desde noviembre de 2023, mucho antes de la aprobación.
“El lunes 14 nos enteramos que la empresa estaba funcionando desde hace muchos meses, sin autorización. Además de constatar mediante actas, es que estaba la empresa. No supieron responder cuando les preguntamos quién les había dado las llaves. La encargada del San Cayetano nos dijo que no sabía. Se les faltó el respeto no sólo a los concejales, sino a los vecinos de 9 de Julio. Es una falta institucional muy grave”, expuso la concejala peronista Julia Crespo con medios locales.
En ese sentido, Unión por la Patria presentó un pedido de informes para que la gestión de Gentile informe sobre la verificación oficial de la situación. El documento, que fue acompañado por La Libertad Avanza, motorizó la creación de una Comisión de Investigación, como forma de presión para que la intendenta macrista brinde más detalles de un convenio que tiene en vilo la vida política de 9 de Julio.
Lo que sucedió es que, en la investigación, los concejales opositores descubrieron que el representante de la empresa israelí en Argentina es Mauricio Gavaldá, el esposo de Ormaechea, quien se abstuvo de votar sobre el convenio en varias instancias, lo que abrió dudas sobre incompatibilidades éticas. “Ocultaron que se estaba usando el San Cayetano. Es una falta grave no sólo hacia el Concejo Deliberante, sino a los vecinos. Lo que se hizo es doloso. Ocultar este tipo de información tiene que tener una carga legal y si corresponde judicial, también”, fustigó Crespo.
