La intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, junto con la Sociedad Rural local, solicitó al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, prorrogar por otros seis meses la emergencia agropecuaria, debido a la crisis hídrica que sufre el distrito de la Cuarta sección.
“La realidad es que hoy el municipio lamentablemente no cuenta con maquinaria suficiente para afrontar estos problemas, necesitamos una previsión, un plan de trabajo desde el Estado para que se afronten estas cosas”, expresó el titular de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enríquez.
La solicitud fue consensuada durante una reunión de la Comisión de Emergencia, destinada a evaluar la situación hídrica y agropecuaria vigente, que encabezó la intendenta del PRO, recientemente incorporada a Somos Buenos Aires, autoridades municipales, entidades agrarias y organismos técnicos.
En ese marco, los presentes resolvieron solicitar al Ministerio de Desarrollo Agrario, a cargo de Javier Rodríguez, a prórroga de la emergencia y/o desastre agropecuario, solicitando que el período de extensión abarque doce meses, es decir, del 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Según alegaron desde la Comisión de Emergencia, la situación en el distrito de 9 de Julio, una de las localidades del interior bonaerense más castigadas por la situación hídrica, sigue empeorando debido a las lluvias constantes y al ingreso de agua proveniente de distritos vecinos, lo que está generando pérdidas importantes en la producción local.
En este contexto, la jefa comunal reafirmó el compromiso del municipio y destacó que la prórroga de la emergencia agropecuaria será “para acompañar a los productores afectados y trabajar de manera conjunta para mitigar los efectos de esta adversidad climática”.
Cabe destacar que, semanas atrás, la Sociedad Rural local denunció que uno de los problemas persistentes en el distrito es que hay muchos caminos cortados y eso complica que pueda avanzar la cosecha de granos gruesos, con el girasol en plena recolección.
Vale recordar que, las lluvias intensas de mayo pasado, provocaron en 9 de Julio el desborde de arroyos y la acumulación de agua en zonas bajas, generaron complicaciones en la circulación de los vehículos y afectaron a la producción agrícola. Las autoridades municipales declararon la emergencia agropecuaria y solicitaron asistencia provincial.
Según la ley provincial 10.390, los productores comprendidos en las zonas declaradas de emergencia agropecuaria deberán encontrarse afectados en su producción o capacidad de producción en por lo menos el 50%. En dicho caso, los municipios podrán acceder a la prórroga de vencimiento y el pago de los Impuestos y Tasas provinciales que graven las zonas afectadas.
Emergencia hídrica en 9 de Julio: denuncian inacción del Municipio por el agua con arsénico
La situación del agua contaminada con arsénico en el distrito de 9 de Julio continúa sin recibir respuestas concretas por parte del Gobierno local. A pesar de que el Concejo Deliberante declaró la emergencia hídrica a principios de año, la concejala de Unión por la Patria (UxP), Julia Crespo, advirtió que desde entonces no se registraron avances sustanciales y lanzó duras críticas contra la intendenta bullrichista, María José Gentile.
“La mayoría de la gente ni siquiera sabe que no puede tomar agua de la canilla. Está contaminada con arsénico, y no vemos campañas de concientización ni trabajo desde el municipio”, afirmó Crespo, quien desde hace más de una década impulsa una solución estructural para garantizar el acceso al agua segura en la ciudad.
La edil de UxP puntualizó que Ciudad Nueva, una de las zonas más vulnerables del partido, donde viven unas 12.000 personas, permanece en una situación crítica. En ese sector, a diferencia del resto del distrito, el servicio de agua no está a cargo de la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA), y las condiciones actuales de potabilidad generan una grave preocupación sanitaria.
Según explicó Crespo, la intendenta Gentile mantuvo un encuentro con representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para gestionar fondos que permitieran construir una nueva planta potabilizadora. Sin embargo, la mandataria local optó por abandonar esa alternativa, bajo el argumento de que ABSA se comprometió a ampliar la planta existente y hacerse cargo del servicio en Ciudad Nueva.
“ABSA se comprometió a ampliar la planta y tomar a su cargo el servicio en Ciudad Nueva, por eso descartaron gestionar por el CFI”, detalló la concejala peronista. No obstante, hasta el momento las obras no comenzaron y desde el Ejecutivo local no se emitieron señales claras de avance.
En ese contexto, Crespo señaló que la única medida implementada por el Gobierno municipal fue la puesta en funcionamiento de dos plantas de ósmosis inversa para que los vecinos pudieran retirar agua potable. Sin embargo, advirtió que estas instalaciones no alcanzan a cubrir la demanda total de la población afectada y, por lo tanto, resultan claramente insuficientes.
Además, la representante de la oposición remarcó que muchas familias viven en zonas alejadas y no cuentan con medios de transporte para llegar hasta los puntos de distribución. En ese sentido, la legisladora local criticó al Ejecutivo por no haber implementado un sistema de reparto regular que garantice el acceso al agua segura, especialmente en los barrios más comprometidos.
“Es una zona muy amplia y no todos tienen movilidad para ir a buscar agua. Encima, las plantas se rompen cada dos por tres. Han entregado un poco de agua, pero la gente tiene que ir a buscársela. No alcanza”, sostuvo Crespo, al describir las dificultades cotidianas que enfrentan los vecinos.
Desde la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, Crespo promovió una serie de reuniones con funcionarios del gabinete municipal con el objetivo de generar estrategias de concientización y asistencia urgente para la población más expuesta. Según indicó, la concejala propuso un abordaje territorial con equipos municipales que informen puerta a puerta sobre los riesgos del consumo de agua contaminada.
