La intendenta PRO de 9 de Julio, María José Gentile, salió en las últimas horas a reclamar al Ejecutivo nacional, a cargo de Javier Milei, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un plan de obras hídricas, así como los fondos prometidos, para mitigar las inundaciones que azotan al distrito.
Es que, a principios de noviembre, la por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó el distrito de 9 de Julio donde prometió recursos por $1.900 millones a dirigentes y productores de la región. Sin embargo, los fondos nunca fueron girados por Nación.
“Hoy hemos dado un paso importante en la construcción de una solución a esta crisis, con el esfuerzo conjunto de Nación, Provincia y los municipios, vamos a poder atender las necesidades inmediatas y sentar las bases para la recuperación a largo plazo”, prometió Bullrich durante el encuentro.
Según habían precisado desde el Gobierno nacional, el monto sería elevado a través de la Secretaría de Agricultura y convenios con los municipios, y estaría destinado principalmente para la adquisición de piedra, combustible y otros materiales necesarios para la reparación de caminos rurales.
No obstante, ante la falta de respuestas por parte de Casa Rosada, Gentile salió a reclamar los fondos prometidos, tras señalar que la petición fue llevada hasta el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, en una reunión de la que también participó la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), CARBAP, y la Sociedad Rural.
En ese marco, desde la administración de Gentile remarcaron que, uno de los problemas principales es la reducción del apoyo de Vialidad Nacional en los caminos rurales. “De las diez máquinas inicialmente disponibles para trabajar, hoy solo permanecen cinco, lo que complica la reparación y el acceso a las zonas afectadas”, explicaron.
“Además, hay una ventana de tiempo limitada para las reparaciones antes de que las lluvias compliquen nuevamente el panorama”, agregaron desde la administración de 9 de Julio con respecto a la postergación de los fondos por parte del Gobierno nacional.
Es preciso señalar que, un relevamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el partido de 9 de Julio, casi 200.000 hectáreas presentaban presencia de agua, lo que equivalía al 42,1% del área rural evaluada, mientras que, Carlos Casares presentaba más de 100.000 hectáreas afectadas por las inundaciones y Bragado casi 50.000.
Frente a este escenario, en septiembre, un centenar de productores rurales protagonizaron una quema de neumáticos en la puerta de la municipalidad de 9 de julio para exigir respuestas inmediatas ante el deterioro de los caminos rurales y la crisis hídrica que afecta al sector desde comienzos de año.
“¿A dónde están? Están todo el día tomando mate. No jueguen con la vida de nosotros”, gritó el productor local Pedro Marra frente a los funcionarios presentes, en uno de los momentos de más tensión de la protesta.
En ese marco, los casi 100 productores y vecinos de 9 de Julio autoconvocados exigieron la presencia de las de primera línea, incluyendo a la jefa Comunal del PRO, abandonaron el edificio y enviaron a un empleado de bajo rango a enfrentar la crisis.
Inundaciones: denunciaron a los intendentes de Carlos Casares y de 9 de Julio
Un grupo de productores agropecuarios del partido bonaerense de Carlos Casares presentó una denuncia penal contra el intendente local, Daniel Stadnik, y la jefa comunal de 9 de Julio, María José Gentile, en su carácter de presidente y vicepresidente, respectivamente, del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado subregión A3.
Según el texto judicial, la inacción oficial desde febrero a esta parte agravó la crisis por las inundaciones en la subregión A3, que comprende varios municipios del noroeste bonaerense, provocando un “estrago” que dejó bajo el agua miles de hectáreas productivas y afectó la vida social y económica de la región. “Conocían el riesgo, contaban con la obligación legal y técnica de actuar, y sin embargo eligieron no hacerlo”, puntualiza el escrito.
La denuncia, presentada la semana pasada en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen, a cargo del fiscal Tomás O’Reilly, acusa a los funcionarios de tres presuntos delitos: estrago por inundación, omisión impropia por no haber actuado pese a sus roles de garantes en el Comité, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no cumplir las funciones que la normativa les impone.
