Para seguir avanzando en el encausamiento contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el fallo de la coparticipación federal, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación recibe este martes un puñado de testigos, con la presencia del exministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, como plato fuerte de la jornada.
En rigor, la nueva audiencia del juicio a la Corte Suprema se realizará a partir de las 11, y contará con D´Alessandro como principal testigo, que no pudo estar en la anterior reunión por razones particulares y pidió ser reprogramado, algo que, de no haber inconvenientes, se concretará este martes.
En efecto, D´Alessandro había sido citado para la semana pasada, la misma fecha en la que fue notificado el director de la presidencia del máximo Tribunal, Silvio Robles. El funcionario de la Corte Suprema, ya dio sus declaraciones ante la comisión de Juicio Político, por lo que ahora falta que se presente el exministro de Seguridad porteño.
Cabe destacar que, los legisladores oficialistas de la comisión de Juicio Político buscan establecer en estas audiencias una línea de tiempo entre la demanda que le inició el Gobierno porteño al Ejecutivo nacional y la decisión de la Corte Suprema, que terminó fallando en favor del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
En este contexto, la principal hipótesis que sostienen los diputados de Unión por la Patria en esta nueva etapa del juicio a la Corte, es que, para que se sancione el fallo sobre la coparticipación federal, hubo vínculos entre el máximo Tribunal y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales habrían sido concretados por Robles y D´Alessandro, respectivamente.
Por eso, la presencia de D´Alessandro ante la comisión de Juicio Político es muy importante, ya que sus palabras serán la pieza clave de la investigación sobre el fallo por la coparticipación, sobre todo teniendo en cuenta que la testificación que realizó Robles el martes pasado, no salió como esperaban los diputados de Unión por la Patria.
Es que, pese a la gran expectativa que tenían los legisladores peronistas por la presencia de Robles, quien es la mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, el testigo decidió ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional para evadir contestar el interrogatorio de la comisión de Juicio Político.
En concreto, Robles le comunicó a la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, que se ampararía en el artículo 18 de la Constitución Nacional para abstenerse de “contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra hayan sido o no judicializadas”.
La decisión del titular de la vocalía del máximo Tribunal, fue fuertemente repudiada por los legisladores oficialistas, que vieron frustradas sus intenciones de socavar profundamente en el accionar de la Corte Suprema con respecto al fallo por la coparticipación.
Por otro lado, está citado para esta nueva audiencia del juicio a la Corte Suprema el magistrado de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Ignacio Mahiques.
El nombre de Mahiques, apareció por primera vez en la comisión de la Cámara de Diputados la semana pasada, cuando el legislador de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, lo mencionó como “el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”.
Asimismo, también se planea que testifiquen este martes ante la comisión de Juicio Político el Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel María Astarloa, y el integrante de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Federico De Lorenzo.
Juicio a la Corte: de qué trató el fallo por la coparticipación federal
En 2016, el por entonces presidente Mauricio Macri, transfirió la autoridad de la Policía Federal de Nación a Capital Federal, por lo cual decretó una suba en los recursos para la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de recibir un 1,4% a 3,7%.
Pero, el 10 de diciembre de 2020, el Ejecutivo nacional liderado por Alberto Fernández, consiguió sancionar la ley 27.606, que recortó ese presupuesto de coparticipación federal al 2,32%. Este ajuste, no fue del agrado de Larreta, que comenzó a exigir que los impuestos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires debía ser del 2,95%.
Ante la falta de acuerdo y luego de que el caso se eleve al Máximo Tribunal, el pasado 21 de diciembre la Corte Suprema de Justicia avaló la medida cautelar de Larreta, suspendió la ley 27.606, y dispuso que el Ejecutivo nacional debe pagarle al Gobierno porteño el 2,95% de la coparticipación federal “en forma diaria y automática”.
Ahora, la comisión de Juicio Político investiga si el accionar de la Corte Suprema de Justicia, que terminó dándole la razón al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo intereses políticos de por medio. Los legisladores oficialistas sostienen que, por las reuniones entre Robles y D´Alessandro, hubo un vínculo entre el Ejecutivo porteño y el máximo Tribunal.
