La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación retomó este martes el encausamiento contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo por la coparticipación, al recibir al director de la presidencia del máximo Tribunal, Silvio Robles, un testigo clave para avanzar en la investigación.
Sin embargo, pese a la gran expectativa que tenían los diputados de Unión por la Patria por la presencia de Robles, quien es la mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, el testigo decidió ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional para evadir contestar el interrogatorio de la Comisión de Juicio Político.
En rigor, Robles le comunicó a la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, que se ampararía en el artículo 18 de la Constitución Nacional para abstenerse de “contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra hayan sido o no judicializadas”.
La decisión del titular de la vocalía del máximo Tribunal, fue fuertemente repudiada por los legisladores oficialistas, que vieron frustradas sus intenciones de socavar profundamente en el accionar de la Corte Suprema con respecto al fallo por la coparticipación.
Cabe destacar que, el artículo 18 de la Constitución Nacional estipula “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrito de autoridad competente”.
En este marco, y con su reticencia a contestar las preguntas de los diputados, Robles cargó duramente contra la comisión de Juicio Político, que retomó actividades este martes tras la feria judicial invernal para seguir indagando acerca del fallo por la coparticipación federal, una de las principales causas que motivaron el inicio del juicio a la Corte Suprema en febrero de este año.
“Desde la creación de esta comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de algunos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de calumnias o fantasías“, fustigó Robles, y agregó: “Han atacado a distintos miembros de mi familia, tanto es así que uno de mis hijos por ser un pasante monotributista figura en los fundamentos de este juicio político y mi otro hijo recibió en su domicilio la visita de personal civil que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad”.
Ante esta situación, los diputados kirchneristas que vienen siguiendo el juicio a la Corte Suprema sufrieron un duro revés, ya que la visita de Robles era una de las dos piezas claves en la investigación por el fallo por la coparticipación. La otra, el exministro de Seguridad porteño, Marcelo ´Alessandro, que también estaba citado para esta tarde en Diputados, no asistió a la audiencia “por problemas personales” y pidió reprogramar una nueva fecha.
En rigor, tanto D´Alessandro como Robles son acusados por los diputados de Unión por la Patria de haber concretado reuniones para establecer las normas del fallo por la coparticipación federal dictado por la Corte Suprema el pasado diciembre, en el cual salió beneficiada la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso, los legisladores de Unión por la Patria buscan establecer una línea de tiempo entre la demanda que le inició la Ciudad de Buenos Aires a Nación, y la decisión de la Corte Suprema, en donde, según denuncian los diputados kirchneristas, hubieron vínculos entre el máximo Tribunal y el Gobierno porteño para acordar el fallo por la coparticipación.
En concreto, el oficialismo de la comisión de Juicio Político insiste en que existieron negociaciones entre Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, con el objetivo para planear los lineamientos del fallo por la coparticipación federal. Para demostrar este vínculo, los diputados se valdrán de los chats entre ambos funcionarios, que se conocieron mediáticamente en varias ocasiones.
Justamente, de las pocas cuestiones que Robles llegó a aclarar, el trabajador de la Corte Suprema se refirió a esos chats al resaltar que la “existencia, legalidad o veracidad” de los mismos “se desconocen”, y opinar que “deben ser discutidos judicialmente”. Incluso, el lacayo de Rosatti eludió responder si conocía a D´Alessandro.
“Han dicho que estaba prófugo de la justicia cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial. Han dicho, entre tantas cosas que dijeron, que poseo propiedades en Miami y que visité esa ciudad durante este año. Es mentira. Han dado como ciertos y legítimos chats cuya veracidad debe ser discutida judicialmente”, disparó Robles.
Ahora, la comisión de Juicio Político deberá programar otra audiencia para seguir con el fallo por la coparticipación dictado por la Corte Suprema, a la espera de que D´Alessandro esta vez sí se presente a dicha reunión, y que los testimonios de los próximos testigos sean más cooperativos que Robles.
Juicio a la Corte: de qué trató el fallo por la coparticipación federal
En 2016, el por entonces presidente Mauricio Macri, transfirió la autoridad de la Policía Federal de Nación a Capital Federal, por lo cual decretó una suba en los recursos para la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de recibir un 1,4% a 3,7%.
Pero, el 10 de diciembre de 2020, el Ejecutivo nacional liderado por Alberto Fernández, consiguió sancionar la ley 27.606, que recortó ese presupuesto de coparticipación federal al 2,32%. Este ajuste, no fue del agrado de Larreta, que comenzó a exigir que los impuestos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires debía ser del 2,95%.
Ante la falta de acuerdo y luego de que el caso se eleve al Máximo Tribunal, el pasado 21 de diciembre la Corte Suprema de Justicia avaló la medida cautelar de Larreta, suspendió la ley 27.606, y dispuso que el Ejecutivo nacional debe pagarle al Gobierno porteño el 2,95% de la coparticipación federal “en forma diaria y automática”.
Ahora, la comisión de Juicio Político investiga si el accionar de la Corte Suprema de Justicia, que terminó dándole la razón al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo intereses políticos de por medio. Los legisladores oficialistas sostienen que, por las reuniones entre Robles y D´Alessandro, hubo un vínculo entre el Ejecutivo porteño y el máximo Tribunal.
