La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación recibirá este martes a siete testigos para continuar con el proceso contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por el fallo de la coparticipación federal dictado en diciembre de 2022, que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.
Cabe destacar, que el fallo por la coparticipación federal fue una de las principales causas que motivaron el inicio del juicio a la Corte Suprema, que comenzó en febrero de este año. En este marco, los legisladores de Unión por la Patria buscarán establecer una línea de tiempo entre la demanda que le inició el Gobierno porteño al Ejecutivo nacional y la decisión del máximo Tribunal, que falló en favor del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
Por eso, la comisión presidida por la diputada de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, ya diagramó una lista de testigos para avanzar en las próximas audiencias del juicio a la Corte Suprema por el fallo de la coparticipación federal. Entre las personas que acudirán este martes a la Cámara de Diputados, se destaca la presidenta del Banco Nación y exministra de Economía, Silvina Batakis.
La presencia de Batakis, quien fuera la titular del Palacio de Hacienda antes de la llegada de Sergio Massa, se debe a que, entre diciembre de 2019 y julio de 2022, ocupó el cargo de secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación. Por lo que su opinión acerca del impacto del fallo por la coparticipación federal en los distintos territorios del país, es clave para que los diputados continúen con el juicio a la Corte Suprema.
En ese sentido, la comisión de Juicio Político citó a otros representantes de provincias que opinaron en contra del fallo por la coparticipación federal en el momento en que la Corte Suprema benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Esto, con el objetivo de que demuestren cómo perjudicó la decisión del máximo Tribunal en la economía del interior del país.
En rigor, los funcionarios que se presentarán este martes en el juicio a la Corte son el asesor general de Gobierno de La Rioja, Pedro Oscar Goyochea, el fiscal de Estado de Catamarca, Marcos Denett; el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Julio César Abate; y el fiscal de Estado de Santa Cruz, Fernando Pablo Tanarro.
Por último, también asistirán a la comisión de Juicio Político el procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel María Astarloa, y el miembro de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez.
Con estas citaciones, la comisión de Juicio Político buscará probar que existió un vínculo entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema para acordar los lineamientos del fallo por la coparticipación federal, que determinó que a la Capital Federal le correspondía más dinero del que estaba recibiendo.
Juicio a la Corte: de qué trató el fallo por la coparticipación federal
En 2016, el por entonces presidente Mauricio Macri, transfirió la autoridad de la Policía Federal de Nación a Capital Federal, por lo cual decretó una suba en los recursos para la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de recibir un 1,4% a 3,7%.
Pero, el 10 de diciembre de 2020, el Ejecutivo nacional liderado por el actual mandatario Alberto Fernández, consiguió sancionar la ley 27.606, que recortó ese presupuesto de coparticipación federal al 2,32%. Este ajuste, no fue del agrado de Larreta, que comenzó a exigir que los impuestos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires debía ser del 2,95%.
Ante la falta de acuerdo y luego de que el caso se eleve al máximo Tribunal, el pasado 21 de diciembre la Corte Suprema de Justicia avaló la medida cautelar de Larreta, suspendió la ley 27.606, y dispuso que el Ejecutivo nacional debe pagarle al Gobierno porteño el 2,95% de la coparticipación federal “en forma diaria y automática”.
En este contexto, la principal hipótesis que sostienen los diputados de Unión por la Patria en esta nueva etapa del juicio a la Corte, es que, para que se sancione el fallo sobre la coparticipación federal, hubo vínculos entre el máximo Tribunal y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta supuesta relación, buscará ser demostrado por los diputados oficialistas con los chats entre el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, Silvio Robles, el jefe de Asesores del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. Este elemento, será la principal herramienta de la comisión del Juicio Político para seguir avanzando en la investigación contra la Corte Suprema de Justicia, con respecto al fallo por la coparticipación federal.
