En la antesala de la sexta sesión del año de la Cámara de Diputados bonaerense, convocada para este miércoles a las 12 del mediodía, desde el radicalismo pusieron sobre la mesa una serie de modificaciones al proyecto de Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas, denominado “RIGI bonaerense”, que ingresó el gobernador Axel Kicillof.
Se trata de un pedido que deberá contemplar el oficialismo para cumplir con la proeza de llevar la propuesta de RIGI bonaerense al recinto de la Cámara baja, sin el previo tratamiento en las comisiones permanentes. Condición que obliga al gobierno de Kicillof a cosechar los dos tercios de los votos para avanzar con el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, por estas horas, el bloque de Unión por la Patria busca acaparar las voluntades de los dos bloques del radicalismo, el de los libertarios dialoguistas y la izquierda, para alcanzar la luz verde. Por fuera de la rosca, quedarían los sectores que responden al presidente de la Nación, Javier Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que rechazarían de plano el texto.
En números, con 37 bancas en su poder, el oficialismo necesitaría los siete votos del bloque UCR + Cambio Federal, los ocho de Acuerdo Cívico UCR- GEN, los nueve de Unión Renovación y Fe y los dos monobloques de la Izquierda, para llegar a los 63 votos positivos que le den los dos tercios.
En este sentido, el radicalismo confió a Diputados Bonaerenses que su apoyo al RIGI bonaerense quedará sujeto a un puñado de cambios que pretenden transparentar el reparto de los fondos, ampliar los sectores alcanzados y extender los plazos, tanto para la presentación de los proyectos, como en la duración de los beneficios impositivos.
En detalle, el régimen impulsado por el gobierno de Kicillof para atraer inversiones propone como autoridad de aplicación al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, comandado por Augusto Costa. Sin embargo, desde la UCR buscarán añadir la creación de una comisión Bicameral para que reciba informes periódicos del Ejecutivo sobre los procesos aceptados.
Asimismo, una de las principales modificaciones que el radicalismo busca sumar al RIGI bonaerense son los sujetos alcanzados por el régimen. A los tres sectores de “Industria manufacturera, servicios e intensivos en recursos naturales” actualmente contemplados, el radicalismo pide incluir a los de Agroindustria, Tecnología, Logística y Concesiones de servicios públicos.
Entre los sujetos habilitados a presentar iniciativas de inversiones, la bancada opositora agregó a los Vehículos de Proyecto Único (VPU) que hayan cumplido los requisitos de admisibilidad contemplados en el RIGI del gobierno nacional, entre las que se encuentran las “sociedades anónimas unipersonales y las sociedades de responsabilidad limitada”.
En tanto, desde la UCR proponen aumentar a cuatro años el plazo para que los interesados presenten los proyectos de inversiones (el proyecto que giró Kicillof establece dos años), mientras que la autoridad de aplicación tendría 30 días hábiles (en vez de 60) para expedirse sobre la aprobación o rechazo.
“En los casos en los que media rechazos a proyectos, el acto administrativo deberá incluir de manera expresa y fundada las razones por las cuales se rechazó su admisión al Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas”, establece el pedido de la UCR.
Por otra parte, otra modificación al proyecto se encuentra en lo concerniente a la finalidad del RIGI bonaerense. Desde el radicalismo añadieron el objetivo del “desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado provincial, los municipios y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales”.
RIGI bonaerense: los cambios que empuja el radicalismo en las exenciones impositivas
- Inversiones de hasta USD 50 millones exenciones del 30% por 10 años (en vez de los 5 años que establece el proyecto de Kicillof)
- Inversiones de entre USD 50 y 200 millones reducciones del 30% (en vez de 25%) por 10 años (en vez de 4)
- Inversiones mayores a USD 200 millones, beneficios del 30% (en vez de 20%) por 10 años (en vez de 3 años).
En el caso de los beneficios adicionales por condiciones de cumplimiento tales como incrementos de puestos de empleo, cumplimiento de políticas de sostenibilidad ambiental, locación en zona de ingresos bajos e innovaciones tecnológicas, entre otros, el radicalismo propone que el plazo de exención aumente por el período de 15 años.
