En el marco de un encuentro con entidades rurales del norte bonaerense, la diputada provincial Silvina Vaccarezza del bloque UCR + Cambio Federal cuestionó al Gobierno nacional y a la provincia de Buenos Aires por “darle la espalda al campo” con medidas fiscales “asfixiantes” y una “alarmante falta de infraestructura y respuestas concretas”.
“Soy productora agropecuaria, nací, me crié y vivo en el campo. Sé lo que es la realidad del sector. El campo paga impuestos municipales, provinciales y nacionales, pero no recibe ni una contraprestación en obras básicas como el mantenimiento de los caminos rurales”, denunció la legisladora bonaerense durante una reunión en la Sociedad Rural de Junín con representantes de la zona 2 de CARBAP.
Según detalló Vaccarezza, en la reunión se repasaron los principales reclamos del sector, entre ellos la falta de inversiones en obras hídricas, la presión impositiva y los derechos de exportación. “Los productores pagamos un impuesto específico al cargar gasoil para financiar rutas nacionales, y otro para el fondo hídrico. Pero esas obras no llegan. Ni Nación ni Provincia están haciendo lo que deben hacer”, advirtió.
Vaccarezza también cargó contra el Gobierno nacional por las últimas disposiciones del Ministerio de Economía en torno a las retenciones y el esquema exportador. “Son medidas cortoplacistas, que no tienen en cuenta que el campo planifica a un año. No hay previsibilidad ni una política seria hacia la producción”, apuntó.
“Este Gobierno nacional no habla del campo. Ni siquiera escuchamos al secretario de Agricultura y Ganadería. Se apuesta todo a lo financiero, no a la producción. Y eso preocupa mucho al interior”, agregó.
La diputada aseguró que el sector agropecuario no se maneja con la lógica de la inflación sino con variables como el clima y los precios internacionales, por lo que las decisiones fiscales sin proyección impactan de lleno en su estabilidad. “El clima afecta muchísimo. Y encima se suman los impuestos por todos lados. Es inviable”, sintetizó.
En el plano provincial, Vaccarezza señaló como prioridades la mejora de la red vial rural, la seguridad en el campo y la falta de obras hídricas estructurales, como las de la cuenca del Río Salado. “La provincia de Buenos Aires está recibiendo agua de Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Pampa. Si las obras previstas se hubieran hecho, hoy no estaríamos sufriendo inundaciones”, dijo.
La legisladora recordó que presentó un proyecto de ley para crear un Comité de Cuenca del Río Salado con participación de los productores y cuestionó que el gobierno de Axel Kicillof “no ejecuta las obras necesarias, pese a que los impuestos están siendo cobrados”.
Entre los proyectos impulsados desde su banca también mencionó la modificación de la ley 13.010 de distribución del impuesto inmobiliario rural, propuestas para jerarquizar la patrulla rural y una nueva legislación sobre el uso de fitosanitarios.
Vaccarezza también advirtió que gran parte del problema reside en el desconocimiento que, según ella, existe en la dirigencia política sobre el sector. “Cuando ingresé a la Legislatura me encontré con muchos vacíos legales y, peor aún, con ignorancia sobre cómo funciona el campo y su importancia para la economía nacional”, lamentó.
En ese sentido, anticipó que participará de una reunión con representantes de CARBAP en la Legislatura bonaerense, donde se presentarán informes sobre la carga impositiva que enfrentan los productores en cada distrito. “Queremos que todos los legisladores entiendan lo que está pasando. No podemos seguir legislando de espaldas al campo”, concluyó.
Las inundaciones afectan al campo
Tras las intensas lluvias que provocaron más de 150 milímetros en pocas horas, gran parte del interior bonaerense sufre excesos hídricos e inundaciones, especialmente en zonas rurales como Roque Pérez y 9 de Julio. La situación reavivó las críticas del sector agropecuario hacia el Gobierno nacional por la paralización de una obra clave en el Río Salado.
Desde CARBAP advirtieron que el dragado inconcluso del Salado, en un tramo de 30 kilómetros entre Roque Pérez y el puente entre 25 de Mayo y Lobos, genera un “cuello de botella” que impide el correcto escurrimiento del agua, con consecuencias graves para los campos, los caminos rurales y la producción agropecuaria.
El presidente del Consejo Honorario del Río Salado, Alberto Larrañaga, alertó sobre los “graves desbordes e inundaciones” y responsabilizó directamente al freno de las obras, que desde fines del año pasado dejaron de recibir pagos por parte del Gobierno nacional, a pesar de haber sido consideradas “prioritarias”.
Desde el campo insisten en que el Estado nacional no puede desentenderse del Plan Maestro del Río Salado, al que consideran esencial no solo para prevenir inundaciones, sino también para proteger una región que representa entre el 25% y el 30% de la producción agrícola-ganadera del país.
