En las últimas horas, el Gobierno nacional de Javier Milei reformó la normativa de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con el objetivo de permitir los cortes de servicio por falta de pago en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), otorgar mayores facultades a la concesionaria y sentar las bases legales para atraer inversión privada bajo un marco regulatorio redefinido, lo que da un paso decisivo hacia la privatización parcial o total de la empresa.
La reestructuración llegó a través del Decreto 493/2025, firmado por todo el gabinete de Milei, que modificó más de 100 artículos del marco regulatorio, autoriza a AySA a suspender el servicio ante usuarios morosos, una práctica que no estaba permitida desde hacía casi dos décadas, y amplía su capacidad para auditar obras y respaldar su financiamiento con ingresos de la concesión.
Al mismo tiempo, con la nueva normativa se redefinieron las relaciones entre el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA), que ahora deberán colaborar y podrán ser convocados por la empresa o por la sindicatura de usuarios para resolver cuestiones técnicas en el AMBA.
Es preciso mencionar que, el decreto incluye el llamado “Plan Director de Mejora Estratégica”, un documento técnico elaborado por APLA con revisión quinquenal, que identifica las obras cloacales prioritarias para el AMBA, aunque su aplicación sea indicativa más que vinculante.
Por otro lado, el Presidente habilitó un esquema societario para permitir la enajenación de hasta el 90% de las acciones de AySA, mientras que el 10% remanente quedará en manos de empleados adheridos al Programa de Propiedad Participada.
En tanto, el período de transición para aplicar el nuevo régimen en la empresa se prolongará cinco años desde la adjudicación del concesionario, con el propósito de evitar desequilibrios bruscos en las tarifas o en la prestación del servicio.
Cabe señalar que, el decreto fue firmado por el presidente Milei junto a su gabinete y notificado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, en cumplimiento de la Ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Según voceros del Gobierno nacional, esta medida busca “mejorar la eficiencia operativa y conseguir capitales privados para AySA“, a pesar de que críticos y ex funcionarios de otras administraciones advierten sobre el miedo de que este proceso deje sin obra ni atención a millones de usuarios del Conurbano bonaerense.
El Gobierno puso en marcha el plan para la privatización de AySA
Es preciso mencionar que, la aprobación del nuevo plan de transición 2024‑2026, publicado el pasado 14 de julio en la Resolución 221/25 de la Secretaría de Obras Públicas, reemplaza el anterior esquema 2024‑2028 y expone el propósito explícito de avanzar hacia una privatización o concesión de grande escala de AySA.
Es que, la cobertura de AySA alcanza a más de 15 millones de personas en 27 municipios del Conurbano bonaerense, donde la empresa estatal brinda agua potable a 11,3 millones y cloacas a 9,4 millones. Ahora, los detractores temen que un modelo lucrativo postergue inversiones en zonas vulnerables.
Por caso, en los últimos meses, Milei reestructuró la empresa con una reducción obras de 299 a 36, despidos por más de 200 empleados y fuertes aumentos tarifarios que llegaron al 343 %, en el marco de la búsqueda de equilibrio económico‑financiero para la empresa estatal, que está dispuesto a privatizar.
Ahora, para no dejar pasar estas reformas, diputados bonaerenses de La Cámpora reflotaron un proyecto que exige una mayoría de dos tercios del cuerpo legislativo para autorizar ventas o concesiones de empresas estatales como AySA, advirtiendo sobre los riesgos de deterioro del servicio y la exclusión social.
