La Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata falló este miércoles a favor de los productores rurales de Azul, al declarar inválida una tasa municipal que cobró durante 2024 el intendente local, Nelson Sombra, y generó una gran polémica a nivel nacional.
Es que, la norma aplicó modificaciones en la ordenanza impositiva con el fin de ampliar el grupo de contribuyentes, incluyendo a los inmuebles rurales, para equipararlos con los frentistas urbanos.
Además, la nueva tasa municipal estaba “segmentada” de acuerdo a la capacidad económica de cada tributario. Sin embargo, la Justicia anuló el tributo al considerar que la ordenanza fue aprobada sin la mayoría constitucional necesaria.
Según precisaron los camaristas, la ley exige que para crear o aumentar impuestos municipales debe lograrse la mayoría absoluta del total de integrantes de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.
Así, en el caso de Azul, debían haberse aprobado la modificación de la “Tasa por Servicios Esenciales” con 19 votos afirmativos. Sin embargo, el año pasado, durante su sanción solo hubo 17 representantes.
En ese contexto, los camaristas advirtieron que no puede confundirse el quórum con la mayoría agravada requerida para sancionar válidamente un tributo. “Se trata de planos normativos distintos; el primero asegura la constitución del plano, el segundo constituye un número mínimo para sancionar válidamente la norma”, alegaron.
De todas maneras, según el contenido del fallo, no se fija un resarcimiento económico específico para los demandantes. El tribunal solo declara la invalidez de la tasa municipal para los actores y, por lo tanto, su inaplicabilidad respecto de ellos.
Por ello, si los demandantes ya hubieran pagado total o parcialmente la tasa municipal en 2024, la declaración de invalidez abre la vía para reclamar la devolución de lo abonado, pero el fallo no ordena expresamente su restitución.
De todas formas, ante el fallo, los productores rurales podrían reclamar administrativamente la devolución ante la Municipalidad o iniciar un juicio de repetición de tributos si no obtienen respuesta.
Por su parte, a la administración local a cargo del kirchnerista, Nelson Sombra, le queda solo la instancia de apelación ante la Suprema Corte bonaerense para que se restituya la tasa municipal.
Vale recordar que, la intervención de la Cámara Contencioso Administrativa marplatense se produjo por las respectivas apelaciones de los productores rurales demandantes y del municipio de Azul.
Azul: concejales de LLA van a la Justicia para pedir la nulidad de la emergencia económica
En Azul, un grupo de concejales electos de La Libertad Avanza efectuaron una presentación judicial para solicitar la anulación de la emergencia económica decretada por el intendente Sombra en 2024 y que permanece vigente a través de sucesivas prórrogas.
A través de una conferencia de prensa, los concejales electos Luis Hoursouripe, Ignacio Furiasse, y la actual edil María Virginia Torres argumentaron que la decisión del Intendente de Azul “no ha seguido los preceptos constitucionales, legales ni administrativos correctos”.
“Hay un vicio desde el primer momento cuando no se subió el decreto al Concejo Deliberante y se invadieron funciones del legislativo por eso vamos a pedir la inconstitucionalidad. Lo hacemos ahora porque no queríamos que se vea como una herramienta electoralista”, enfatizó Hoursouripe, quien asumirá su banca a partir del 10 de diciembre.
En ese sentido, los ediles libertarios cuestionaron “no puede ser que se gobierne bajo emergencia sin un marco constitucional”, al argumentar que el dictado de los decretos omitió la convalidación del Concejo Deliberante de Azul. Asimismo, cuestionaron la compra de una flota nueva de coches para que se traslade el intendente de Azul “en un contexto teórico de emergencia”.
“El detonante de esto fue la compra de todos estos vehículos 0 kilómetro y las contrataciones a empresas a las que se les ha hecho un adelanto de dinero y después la empresa se fue y ahora queda la vía legal para hacernos de vuelta de esos recursos que son de todos los azuleños”, añadió el concejal electo Ignacio Furiasse.
Es preciso mencionar que el jefe comunal de Unión por la Patria prorrogó el 1° de septiembre la emergencia administrativa, económica y financiera bajo el argumento reducir el déficit municipal en un contexto de caída por la baja de recaudación por coparticipación. No obstante, desde la oposición cuestionaron que el ahorro no se redundó en una mejora de la calidad de los servicios.
A diferencia de lo dispuesto en decretos anteriores, la nueva prórroga de emergencia de Sombra no estableció una fecha de finalización. Esto generó aún más preocupación, ya que plantea la posibilidad de que la medida se perpetúe indefinidamente.
En ese marco, el abogado de la Libertad Avanza, Federico Castrovinci, dio detalles sobre la presentación judicial que presentaron los ediles e indicó que constará de “una acción de pretensión anulatoria por inconstitucionalidad del decreto dictado por el intendente en agosto de 2024”.
“La idea de esta denuncia es poder tener un control mayor desde el Concejo Deliberante acerca de las contrataciones que realiza el ejecutivo que hasta el día de hoy están basados en una emergencia que nosotros creemos que llevó a que el intendente se extralimitara en ciertos actos de gobierno. Y creemos que no hay un sustento jurídico suficiente para que la emergencia continúe”, concluyó el letrado.
