En las últimas horas, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, puso la firma para que solicitar que la Fiscalía de Estado ponga a disposición las herramientas necesarias para que el Ejecutivo bonaerense de Axel Kicillof y los jefes comunales puedan aplicar las tasas municipales y provinciales.
En rigor, el Gobernador dispuso en la resolución que lleva la firma de Katopodis publicada en el Boletín Oficial bonaerense que la Justicia, a partir de dos dictámenes de la Asesoría General del Gobierno, defina si amerita una presentación judicial ante el máximo tribunal, una situación que ya tiene antecedentes en la provincia de Buenos Aires.
Según precisaron desde el Gobierno bonaerense, la resolución de la Secretaría de Comercio que depende del Ministerio de Economía de la Nación avanza sobre las competencias municipales y sobre el marco normativo provincial, al tiempo que hace peligrar el funcionamiento de doscientas cooperativas eléctricas.
En paralelo, desde la administración de Kicillof sostienen que la resolución nacional “intenta quitar de la factura conceptos como el de contribución provincial, contribución municipal o el del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias”, cuyo propósito es clave para el sostenimiento del servicio, ya que compensa las diferencias de costos propios de distribución reconocidos entre los distintos concesionarios provinciales y municipales.
Según Katopodis, el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias posibilita que “usuarios de características similares de consumo en cuanto a uso y modalidad, abonen por el suministro iguales cantidades de energía eléctrica e importes equivalentes independientemente de las particularidades a que den lugar su ubicación geográfica o forma de prestación”.
En concreto, durante el 2023, las cooperativas con menos de 5.000 usuarios, que representan más del 75% de las prestadoras del sector, fueron destinatarias del 77% de los aportes, que se esfumarán si la solicitud del Gobierno bonaerense es rechazada.
Si bien las acciones del Gobierno de Kicillof no tienen injerencia sobre los municipios del área metropolitana alcanzados por las empresas prestadoras de electricidad Edenor y Edesur, es preciso señalar que son los propios intendentes bonaerenses quienes hablan de inconstitucionalidad en la resolución de Luis Caputo.
Por caso, la estrategia de los jefes comunales para sostener la cobrabilidad de las tasas municipales es introducir algunos tributos locales como puede ser, por ejemplo, el alumbrado público en las boletas de luz, y no hacerlo con una boleta aparte. Es que, muchos de los intendentes, argumentan que en el panorama del altísimo costo de vida que viven los vecinos, temen que decidan “atrasarse” con el municipio, dejando a muchos sin soporte económico para las obras básicas con las que deben cumplir.
Es preciso señalar que, la decisión oficializada este jueves con la firma de Katopodis no es nueva, ya que Kicillof había recurrido a la Corte Suprema en octubre del año pasado, cuando el Ente Nacional Regulador del Gas (Energas) dispuso que las distribuidoras “deberán abstenerse de incluir en las facturas cualquier concepto que no haya sido previamente autorizado por el organismo regulador”.
En ese entonces, el ente regulador del gas también había denegado la inclusión de un impuesto incluido en la ley provincial 8474, que cubre el Fondo Especial para Obras de Gas. Sobre esos dos conceptos es que avanzó Kicillof en la Justicia, patrocinado por el Fiscal de Estado, al tiempo que presentó una cautelar ante la justicia de La Plata para que las distribuidoras provinciales no eliminen el impuesto mencionado, porque “avasalla la potestad tributaria bonaerense”.
Por su parte, el Gobierno nacional sostiene que tanto las provincias como las localidades que las componen aplican tasas municipales que presentan una “coincidencia sustancial, total o parcial” con los hechos imponibles o las bases de los impuestos nacionales coparticipables.
Además, en el ministerio de Economía de la Nación aseguran que muchas de las tasas municipales “no respetan la jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni son razonables en relación con los costos de los servicios efectivamente ofrecidos por los jefes comunales que las cobran”.
Tasas municipales: Caputo le pidió a las provincias que insten a los intendentes a derogarlas
La semana pasada, el Ministerio de Economía le envió una nota a las 23 provincias en la que les solicitó que “implementen medidas para que sus localidades se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las tasas municipales, de aquellas que su valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio, caracterizándose por ser ilegales y arbitrarias, e incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”.
En este sentido, el escrito de Caputo solicita a los jefes Comunales que eliminen estas “tasas municipales, que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables, que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado, y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
En la misma línea, el Ministerio de Economía pidió intimar a los municipios y sus intendentes para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable, y advirtió que el “ejercicio ilegal y arbitrario” de la potestad tributaria perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión de los impuestos.
Finalmente, en la nota firmada por Caputo se resalta que las tasas municipales son deducibles en la liquidación del Impuesto a las Ganancias y que, por este motivo, se disminuye la masa coparticipable, lo que genera un claro perjuicio al Estado Nacional y a las diferentes jurisdicciones provinciales en sus recursos , sin que exista justificación alguna.
