El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11 hizo lugar a la presentación del Consejo Interuniversitario Nacional, que lideran los rectores, y suspendió la vigencia del DNU N° 685/2025, por el cual el gobierno de Javier Milei había promulgado en forma incompleta la Ley de Financiamiento Universitario.
Es que, la administración mileísta promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, pero postergó su aplicación “hasta que el Congreso determine de dónde saldrán los recursos para su implementación”, por lo que ambas normas quedaron sin efecto operativo a pesar de haber sido aprobadas.
En ese marco, la Justicia Federal admitió en las últimas horas la medida cautelar solicitada por las universidades y resolvió declarar inaplicable el decreto presidencial que había condicionado la vigencia de la ley.
Por todo ello, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo ordenó al Ejecutivo nacional cumplir de inmediato con la actualización de los salarios docentes, no docentes y becas estudiantiles.
“La falta de actualización salarial y de becas provoca un perjuicio grave y actual, especialmente por la pérdida del poder adquisitivo, daño que no puede repararse si no se actúa ahora”, consideró el juez en el fallo.
Entre los fundamentos, el magistrado Martín Cormick destacó además que el Congreso insistió con la ley por la mayoría agravada prevista en la Constitución, lo que obliga al Poder Ejecutivo a aplicarla.
Así, el juez consideró que el decreto de necesidad y urgencia de la administración mileísta avanza sobre facultades del Congreso, lo que aparece como una conducta arbitraria del Poder Ejecutivo.
“Se encontraría conformado un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, en tanto la lesión de los derechos o garantías reconocidos son consecuencia del acto u omisión de la autoridad pública de forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos”, concluyó Cormick.
La Justicia instó a Milei a aplicar la ley de financiamiento universitario: los detalles de la normativa
La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada tras el rechazo al veto presidencial previo, y buscaba garantizar la actualización automática de los gastos de funcionamiento del sistema universitario nacional, así como la recuperación salarial del personal docente y no docente.
El mecanismo previsto en el texto fijaba un ajuste bimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
De acuerdo a las proyecciones incorporadas en el decreto que lleva la firma de Milei, la actualización acumulada del IPC entre mayo y diciembre de 2024 representa un 34,89%, lo que implicaría un costo adicional estimado de $123.358.213.085 solo para el ejercicio vigente. En tanto, para 2025 el gasto total ascendería a $1,06 billones y para 2026 a más de $2 billones.
En materia salarial, el Ejecutivo detalló que la inflación acumulada desde diciembre de 2023 fue del 220,45% frente a una recomposición salarial del 128,49%, por lo que la equiparación demandaría un incremento del 40,25% para alcanzar el nivel inflacionario. A ello se sumaría la incorporación al básico de sumas no remunerativas y no bonificables, con un costo proyectado de $178.984 millones en 2025 y de $490.459 millones en 2026.
Además, la ley de financiamiento universitario también contemplaba la actualización de los programas de becas estudiantiles Manuel Belgrano y Progresar, que deberían reajustarse conforme al IPC. Así, el crédito vigente asciende a $33.041 millones, pero su adecuación supondría desembolsos adicionales superiores a los $149.454 millones.
En los decretos, la Casa Rosada remarcó que el Congreso “no identificó de manera expresa las fuentes de financiamiento” de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, lo que contraviene la Ley 24.156 de Administración Financiera, y sostuvo que “no se avanzará con la ejecución de ninguna de las dos normas” hasta que haya previsión presupuestaria definida.
