Autoridades de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) resolvieron este miércoles iniciar acciones judiciales contra el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso.
Es que, la administración mileísta promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, pero postergó su aplicación por lo que ambas normas quedaron sin efecto operativo a pesar de haber sido aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial.
La medida fue instrumentada a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, y difundidos en la madrugada de este martes. Según se desprende de los textos oficiales, el Poder Ejecutivo argumentó que la entrada en vigencia de las leyes generaría un impacto fiscal insostenible para las cuentas públicas en ausencia de partidas específicas.
Frente a esta situación, el Consejo Superior de la UBA resolvió por unanimidad iniciar acciones contra el Ejecutivo nacional en la Justicia, por considerar que la decisión del presidente “altera el sistema republicano y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
“La medida del Ejecutivo implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ley”, alegaron desde la casa de altos estudios.
En detalle, la resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”.
También, la resolución del Consejo Superior dispuso que se comunique la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad, tras recordar que la UBA declaró la emergencia tanto salarial como presupuestaria.
“La Ley da respuesta a la situación crítica tanto de funcionamiento de las universidades nacionales, como salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”, señalaron las autoridades de la UBA.
Acto seguido, desde la administración de la universidad remarcaron: “La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
La UBA inicia acciones judiciales contra Milei por la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada tras el rechazo al veto presidencial previo, y buscaba garantizar la actualización automática de los gastos de funcionamiento del sistema universitario nacional, así como la recuperación salarial del personal docente y no docente.
El mecanismo previsto en el texto fijaba un ajuste bimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
De acuerdo a las proyecciones incorporadas en el decreto que lleva la firma de Milei, la actualización acumulada del IPC entre mayo y diciembre de 2024 representa un 34,89%, lo que implicaría un costo adicional estimado de $123.358.213.085 solo para el ejercicio vigente. En tanto, para 2025 el gasto total ascendería a $1,06 billones y para 2026 a más de $2 billones.
En materia salarial, el Ejecutivo detalló que la inflación acumulada desde diciembre de 2023 fue del 220,45% frente a una recomposición salarial del 128,49%, por lo que la equiparación demandaría un incremento del 40,25% para alcanzar el nivel inflacionario. A ello se sumaría la incorporación al básico de sumas no remunerativas y no bonificables, con un costo proyectado de $178.984 millones en 2025 y de $490.459 millones en 2026.
Además, la ley de financiamiento universitario también contemplaba la actualización de los programas de becas estudiantiles Manuel Belgrano y Progresar, que deberían reajustarse conforme al IPC. Así, el crédito vigente asciende a $33.041 millones, pero su adecuación supondría desembolsos adicionales superiores a los $149.454 millones.
En los decretos, la Casa Rosada remarcó que el Congreso “no identificó de manera expresa las fuentes de financiamiento” de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, lo que contraviene la Ley 24.156 de Administración Financiera, y sostuvo que “no se avanzará con la ejecución de ninguna de las dos normas” hasta que haya previsión presupuestaria definida.
