En las vísperas del tratamiento de la reforma laboral, senadores de Unión por la Patria (UxP) salieron en las últimas horas a advertir que La Libertad Avanza (LLA) “manipuló y avasalló” las normas del sistema democrático para forzar la aprobación de la iniciativa.
La denuncia surge luego de que el oficialismo protagonizará un tratamiento ultra exprés del proyecto de modernización laboral que obtuvo este viernes dictamen favorable en comisiones, tras la media sanción en la Cámara de Diputados.
En ese marco, los legisladores de la oposición acusaron al oficialismo de “manipular las normas en el proceso de sanción, exponiendo su decisión política de avanzar de cualquier forma para tratar de aprobar a las apuradas y sin argumentos esta ley”.
Entre los argumentos, los senadores señalaron que LLA avasalló la Constitución Nacional y el Reglamento de la Cámara alta, al no respetar la proporcionalidad en la conformación de las comisiones, así como en los tiempos de tratamiento.
Por caso, el senador puntano de Convicción Federal, Fernando Salino, denunció que recién por noche la oposición recibió el borrador del proyecto de reforma laboral, apenas unas horas antes de comenzar ser tratado en la Cámara alta.
“Deberíamos refrescarle que las sesiones son públicas y nosotros para participar no podemos recibir las 7.25 de la mañana información sobre lo que vamos a tratar a las 11. No corresponde”, subrayó Salino.
Además, el legislador se quejó de las supuestas modificaciones realizadas a ultimo momento que se incluyeron sobre un proyecto que ya tenía dictamen de comisiones. “No podemos estar a minutos del tratamiento en particular y no saber de que estamos hablando”, fustigó.
En ese escenario, la bancada kirchnerista destacó que “este atropello fue el que les permitió conseguir dictamen para avanzar con esta sanción catastrófica para los trabajadores”, tras reiterar que el oficialismo “escondió las modificaciones a introducir, que fueron negociadas a puertas cerradas del pueblo argentino”.
“La sociedad argentina esta ante un verdadero quiebre institucional que marca el ingreso a un camino peligroso para la democracia, y que genera gran incertidumbre e inseguridad jurídica”, concluyeron desde la bancada de Unión por la Patria.
Por su parte, Patricia Bullrich defendió la legitimidad del proceso, rechazó las acusaciones de corrupción y reclamó consistencia como fórmula para la construcción democrática. En ese sentido, la senadora libertaria sostuvo que la ley propone avanzar hacia relaciones laborales “más libres”.
Vale recordar que, la sesión que definirá el destino de la nueva reforma laboral quedó fijada para el viernes de la próxima semana en el recinto de la Cámara Alta, tras la eliminación del artículo 44 sobre licencias de enfermedad por parte de los diputados de LLA.
El oficialismo logró un dictamen exprés de la reforma laboral y se encamina a aprobarla el 27 de febrero
El oficialismo consiguió este viernes el dictamen exprés de la reforma laboral en el Senado, luego de que el proyecto ingresara a las 8 de la mañana a la Cámara alta tras la media sanción de Diputados. De esta manera, La Libertad Avanza quedó a un paso de sancionar la ley en la sesión prevista para el 27 de febrero, en medio de fuertes críticas de la oposición por el trámite acelerado y el alcance de las modificaciones.
El tratamiento se desarrolló en plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, en el Salón Azul del Senado, donde los legisladores debatieron dos alternativas: aceptar el texto modificado por la Cámara de Diputados o insistir con la versión original. Tras un acuerdo previo, Bullrich sostuvo que prosperaría la aprobación del articulado reformado y se mostró confiada en alcanzar la sanción definitiva el próximo viernes.
Desde el peronismo, Jorge Capitanich denunció lo que consideró “una violación flagrante” de artículos reglamentarios y del 14 bis de la Constitución, al referirse a la conformación de las comisiones y al llamado al plenario. Al mismo tiempo, el senador justicialista planteó objeciones por los niveles de afectación a los derechos de los trabajadores y por el supuesto impacto fiscal en distritos subnacionales, y afirmó que la iniciativa no tendrá efectos en la generación de empleo.
En la misma línea, el pejotista Mariano Recalde cuestionó que la reforma “modifica 18 leyes y deroga 11 más”, y criticó que el tratamiento se haya dado como un paquete integral sin debates específicos por cada norma involucrada. Según expresó el legislador, “todavía no se precisó cuál de los 218 artículos mejorará la vida de los trabajadores”, mientras otros senadores opositores señalaron que las negociaciones se realizaron “a libro cerrado”, y objetaron la política de reducción impositiva impulsada por el oficialismo.
Es preciso mencionar que, el inicio del plenario estuvo atravesado por cambios en la composición de las comisiones, ya que por el lado del PRO, Andrea Cristina reemplazó a Enrique Goerling Lara, en la UCR Mariana Juri ocupó el lugar de Rodolfo Suarez, y Vilma Bedia sustituyó a Bruno Olivera Lucero. Con estas modificaciones, el oficialismo se aseguró las firmas necesarias para dictaminar la reforma laboral y habilitar su tratamiento en el recinto.
Durante el debate, el senador formoseño Francisco Paoltroni defendió la celeridad del proceso y la atribuyó a la “necesidad de reemplazar estructuras laborales” que consideró “vetustas”, mientras que Agustín Moteverde afirmó que el apuro por aprobar la reforma laboral responde a la “intención de recuperar la prosperidad económica”. En contraste, Fernando Salino, del bloque Convicción Federal, cuestionó el ritmo del trámite y advirtió sobre una eventual judicialización, al igual que Juliana Di Tullio, que señaló supuestos vicios de inconstitucionalidad.
El clima se tensó además con intervenciones de Carlos Linares, que pidió que el pueblo se movilice el próximo viernes cuando se trate la reforma laboral nuevamente en el Senado, y de Florencia López, que evocó la crisis de 2001, lo que motivó una respuesta inmediata de Bullrich. Al cerrar el plenario, la jefa del bloque oficialista defendió la legitimidad del procedimiento, rechazó acusaciones de corrupción y sostuvo que la ley “promueve relaciones laborales más libres”.
