La creciente dificultad de las familias argentinas para afrontar sus deudas instaló el sobreendeudamiento entre las principales preocupaciones de la agenda política y abrió un nuevo frente de debate en la Legislatura bonaerense. La diputada del bloque UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, presentó en las últimas horas una nueva iniciativa destinada a aliviar la carga impositiva sobre los resúmenes de las tarjetas de crédito de quienes atraviesen problemas financieros.
En concreto, la legisladora monzoísta propone que las personas queden exentas de pagar temporalmente el Impuesto de Sellos que el Estado provincial, hasta que logren recomponer su capacidad financiera. La iniciativa opositora apunta a reducir una carga que también alcanza intereses punitorios, cargos financieros y otros conceptos derivados de la mora, aunque no contempla la condonación de la deuda, ni la eliminación de los intereses bancarios.
Según repuso la dirigente que integra las filas del GEN, los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborados a partir de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), permiten trazar un mapa federal de la morosidad, medir el impacto de los incumplimientos en cada provincia e identificar la cantidad de personas que mantienen deudas impagas en cada distrito.
De acuerdo a los datos relevados en el proyecto, la provincia de Buenos Aires registraba a junio de 2026 un total de 2.210.427 personas en situación morosa, principalmente por deudas vinculadas a préstamos personales y tarjetas de crédito impagas. En el caso de los plásticos, la irregularidad a nivel nacional saltó del 1,6% en octubre de 2024 al 13,1% en mayo de este año.
“Eximir del impuesto de sellos a quienes están atravesando esta grave situación de morosidad, implicaría un gesto de acompañamiento de parte de la Provincia”, planteó la parlamentaria oriunda de Alberti en los fundamentos de su planteo.
Según explicó Vaccarezza, el Impuesto de Sellos se calcula sobre los distintos débitos y cargos que aparecen en el resumen de la tarjeta de crédito, entre ellos compras, cargos financieros, intereses punitorios, servicios y adelantos de dinero. Por tal motivo, cuando una persona entra en mora y acumula intereses, también aumenta la base sobre la que se aplica el tributo, lo que eleva el monto final y profundiza la carga sobre quienes ya atraviesan dificultades para afrontar sus deudas.
En los últimos días, la preocupación por el sobreendeudamiento familiar también llegó al Congreso, donde distintos bloques de la oposición conformaron un frente parlamentario para destrabar los proyectos sobre la problemática y presionar al oficialismo con una sesión especial que llevara la discusión al recinto.
Desde la conducción libertaria cedieron ante el impulso opositor y habilitarán la discusión en la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, que encabeza el legislador oficialista Santiago Pauli. El cuerpo analizará desde las 13.30 horas un total de 34 de los 50 proyectos presentados sobre la problemática, con la participación de economistas y especialistas en la materia.
Por su parte, los bloques disidentes cuestionaron la convocatoria y denunciaron que desde las filas de La Libertad Avanza (LLA) buscan dilatar una definición para evitar el emplazamiento de las comisiones durante la próxima sesión. “Es una farsa para intentar voltear la sesión del 9, no es un avance concreto sino una maniobra para no poder tratar el tema”, afirmó el diputado de Unión por la Patria, Itaí Hagman.
Entre las iniciativas aparecen propuestas para declarar una emergencia financiera por un año, limitar las tasas que cobran las entidades por el financiamiento al consumo y establecer períodos de gracia de 60 días antes del pago de determinadas obligaciones. Otros proyectos incorporan instancias de mediación para deudores de “buena fe” y herramientas para que los usuarios puedan fijar límites de gasto inferiores a los autorizados por bancos y emisoras de tarjetas.
En las últimas horas, la mesa política del Gobierno incorporó el crecimiento de la morosidad a su agenda y comenzó a evaluar posibles respuestas. Según repusieron desde el Ejecutivo, Javier Milei analiza pedirle al BCRA una medida para desalentar la toma de nueva deuda, aunque mantiene su rechazo a utilizar fondos públicos para asistir a quienes ya registran incumplimientos.
Es que, a pesar de los datos oficiales que recibieron los funcionarios más cercanos al Presidente, el líder libertario sigue firme en su posición de que el nivel de endeudamiento familiar no representa un riesgo para el sistema financiero, y que el Estado no debería intervenir porque “se trata de un conflicto entre privados”. Sin embargo, la propuesta de la senadora Patricia Bullrich para reforzar la información que reciben quienes toman créditos despertó el interés del mandatario.
En ese sentido, la posibilidad que analiza la gestión libertaria consiste en pedirle al titular del Banco Central, Santiago Bausili, que modifique mediante una comunicación la normativa que establece cómo debe presentarse el Costo Financiero Total (CFT), indicador que refleja gasto final que una persona debe afrontar al obtener un préstamo o realizar una compra en cuotas.
Las iniciativas legislativas que aparecen para dar respuesta al endeudamiento familiar
En línea con lo que sucede en el plano nacional, el Legislativo bonaerense ya puso en marcha una batería de proyectos en los últimos meses destinados a amortiguar el impacto de la morosidad y el sobreendeudamiento sobre las economías familiares.
Por caso, el jefe de la bancada peronista en el Senado bonaerense, Sergio Berni, presentó un proyecto de ley para limitar al 30% del salario neto protegido los descuentos derivados de obligaciones voluntariamente asumidas por trabajadores estatales.
Además, el texto del exministro de Seguridad provincial pretende crear un régimen de reordenamiento financiero para quienes ya acumularon múltiples deudas. La propuesta busca así consolidar las obligaciones, extender los plazos, reducir las tasas y reemplazar varias cuotas por una sola, compatible con los ingresos del trabajador.
Entre las iniciativas presentadas aparece también el proyecto de la propia Vaccarezza, que busca incorporar a las personas sobreendeudadas dentro de la categoría de “consumidores hipervulnerables”, mientras que su par de Fuerza Patria, Noelia Saavedra, impulsa la creación de un sistema provincial orientado a regular el endeudamiento digital y limitar prácticas de cobranzas abusivas.
Finalmente, la diputada referenciada en el gobernador Axel Kicillof, Ana Balor, promueve una iniciativa para incorporar la figura del sobreendeudamiento en la Ley de Defensa del Consumidor bonaerense y establecer instancias de mediación para familias afectadas por altos niveles de deuda.
Vaccarezza sumó una nueva iniciativa para aliviar el sobreendeudamiento bonaerense
