La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Noelia Saavedra, este jueves presentó un proyecto de ley para crear el “Sistema Bonaerense de Protección frente al Endeudamiento de Consumo, el Endeudamiento Digital y las Cobranzas Abusivas”, una iniciativa que apunta a regular el crecimiento del crédito digital, limitar prácticas de hostigamiento extrajudicial y establecer herramientas de alivio frente a los altos niveles de sobreendeudamiento familiar en la provincia de Buenos Aires.
La propuesta busca intervenir sobre un fenómeno que, según expuso la legisladora, se profundizó en los últimos años gracias a la expansión de plataformas de financiamiento rápido y el deterioro de las condiciones económicas. “El sobreendeudamiento se ha consolidado como una de las principales estrategias de supervivencia de los hogares frente a la caída del poder adquisitivo, el deterioro del empleo y el aumento sostenido del costo de vida”, describió Saavedra en los fundamentos del proyecto.
En ese marco, la iniciativa faculta a la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios como autoridad de aplicación para fiscalizar plataformas de crédito digital, billeteras virtuales, proveedores de servicios de pago (PSP) y sistemas de cobranza automatizada dentro del ámbito bonaerense.
Uno de los ejes centrales del proyecto apunta al funcionamiento de las fintech, como Mercado Pago y Ualá, y de las modalidades de financiamiento “Buy Now, Pay Later” (BNPL), por su traducción “Compra Ahora, Paga Después“, un esquema de compra en cuotas que ganó presencia en plataformas digitales y comercios electrónicos. Al respecto, Saavedra propuso que las empresas exhiban una “Ficha de Costo Total” con tasas, punitorios, refinanciaciones y costo final de cada operación, además de prohibir cargos ocultos, renovaciones automáticas y consentimientos tácitos.
Asimismo, la legisladora bonaerense incorporó restricciones sobre el acceso a datos personales por parte de las aplicaciones de crédito e impide que las empresas condicionen préstamos al acceso a contactos, galerías de imágenes, ubicación permanente, micrófono u otra información considerada innecesaria para concretar la operación financiera.
Uno de los artículos más extensos del proyecto se enfoca en las cobranzas extrajudiciales y en los mecanismos de presión sobre deudores. Sobre este punto, la propuesta de Saavedra restringe contactos hostigantes, amenazas de embargo sin intervención judicial, mensajes degradantes, escraches y comunicaciones dirigidas a terceros ajenos a la deuda, prácticas que en muchos casos suelen profundizar la situación de vulnerabilidad de las familias endeudadas.
En la misma línea, la autoridad de aplicación correspondiente podrá establecer límites horarios y de frecuencia para llamadas, mensajes de WhatsApp, SMS y comunicaciones automatizadas impulsadas por proveedores financieros o empresas de cobranza.
Por otro lado, la representante legislativa también avanzó sobre el uso de inteligencia artificial y sistemas automatizados de scoring crediticio. La dirigente oriunda de Moreno reconoce el derecho de consumidores a saber si una decisión financiera fue tomada mediante procesos automatizados, y habilita la posibilidad de exigir una revisión humana cuando se rechace un crédito o se modifiquen condiciones de financiación.
“Las comunicaciones hostigantes, la utilización de mecanismos automatizados sin control, el contacto con terceros, las amenazas o la simulación de instancias judiciales constituyen formas de violencia económica que afectan la dignidad de las personas y agravan las situaciones de vulnerabilidad”, justificó Saavedra.
Dentro de las herramientas de asistencia, la iniciativa contempla la creación de un “Programa Provincial de Alivio del Endeudamiento de Consumo”, destinado a hogares con dificultades para afrontar consumos esenciales. A través de ese esquema, el Estado bonaerense podría implementar programas de refinanciación social, subsidios sobre las tasas de interés y mecanismos de regularización mediante convenios con el Banco Provincia y otras entidades públicas o mixtas.
Además, el proyecto incorpora la creación de una “Ventanilla Única de Protección y Desendeudamiento”, que funcionaría junto a municipios y Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), para brindar orientación, mediación y acompañamiento integral a familias endeudadas.
En defensa de su propuesta, Saavedra remarcó que el escenario actual exhibe niveles de morosidad inéditos en las últimas décadas. Según citó la referente oficialista, “en octubre de 2025, la irregularidad en los créditos de familias argentinas alcanzó el 7,8%, el nivel más alto en dos décadas”, mientras que en la provincia de Buenos Aires la morosidad trepó al 12,8%.
Además, la legisladora de la Primera sección señaló que alrededor de 1,4 millones de bonaerenses se encuentran en situación de riesgo crediticio medio o alto, al tiempo que alertó por el impacto del endeudamiento en jóvenes de entre 18 y 21 años, un segmento donde el acceso al crédito se duplicó durante el último año.
“Este proceso de inclusión financiera se encuentra acompañado por altos niveles de mora, que alcanzan aproximadamente el 40% en este segmento”, advirtió Saavedra al describir un escenario en el que el crédito “se transforma en una trampa” para miles de jóvenes.
Vale precisar que la nueva presentación retoma algunos debates que ya comenzaron a instalarse dentro del peronismo bonaerense y en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Meses atrás, la diputada de Unión por la Patria, Ana Balor, presentó una iniciativa para incorporar la figura del sobreendeudamiento a la Ley de Defensa del Consumidor bonaerense, con mecanismos de mediación y suspensión de ejecuciones judiciales para familias en situación crítica. También por el peronismo, la senadora Mónica Macha y el diputado Leonardo Moreno presentaron iniciativas para frenar las conductas abusivas de los bancos.
En el mismo tono, la diputada de UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, motorizó un expediente el que pide incorporar a las personas sobreendeudadas dentro de la categoría de “consumidores hipervulnerables”. El proyecto de la representante monzoísta busca regular los mecanismos de cobranza de las empresas y otorgar mayores garantías a quienes destinan gran parte de sus ingresos al pago de deudas básicas.
En paralelo, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó en las últimas semanas la primera ordenanza del país destinada específicamente a prevenir y abordar el sobreendeudamiento familiar. La propuesta impulsada por el concejal de Fuerza Patria, Claudio Carucci, promueve la creación de programas de educación financiera, detección temprana y asistencia territorial, en un contexto donde, según datos difundidos en la ciudad, dos de cada tres hogares contrajeron deudas durante el último año.
