El senador bonaerense de La Libertad Avanza, Gonzalo Cabezas, presentó en la Legislatura dos pedidos de informes dirigidos al gobierno de Axel Kicillof, con la idea de poner bajo la lupa la seguridad rural en los municipios de la Cuarta sección electoral y los recursos destinados a la conservación, reparación y mantenimiento de los caminos rurales.
En concreto, las iniciativas de Cabezas buscan que la gestión de Kicillof brinde información sobre la situación de la seguridad en las zonas rurales y acerca del destino de los recursos vinculados al mantenimiento de la red vial, dos cuestiones que impactan de manera directa en la actividad agropecuaria.
En el primero de los escritos, Cabezas solicita conocer la cantidad de efectivos destinados actualmente a los Comandos de Prevención Rural de cada municipio de la Cuarta sección electoral, además de los cargos asignados, cubiertos y vacantes existentes en cada dependencia, y la cantidad de vehículos disponibles, con el detalle de cuáles se encuentran operativos y cuáles están fuera de servicio.
Además, el pedido incluye información sobre las denuncias por delitos cometidos en zonas rurales durante 2024, 2025 y el período transcurrido de 2026, discriminadas por municipio y tipo de delito, siempre que su difusión no afecte investigaciones en curso, y requiere específicamente datos sobre hechos vinculados con abigeato, faena clandestina, robo de maquinaria agrícola, herramientas, insumos agropecuarios y otros bienes relacionados con la actividad rural.
Dentro del mismo pedido, el senador libertario reclama datos sobre los operativos preventivos realizados por los Comandos de Prevención Rural durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026, además del estado de implementación de “Tranqueras Seguras” en los municipios de la Cuarta sección, y la cantidad de establecimientos rurales incorporados al sistema.
“La seguridad constituye una de las funciones esenciales del Estado. En el ámbito rural, esta responsabilidad presenta particularidades que requieren una planificación específica, debido a las grandes distancias entre establecimientos, la dispersión geográfica de la población, la extensión de los caminos rurales y las dificultades de acceso que, en muchos casos, condicionan la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad”, expuso Cabezas en los fundamentos.
En ese sentido, el referente libertario remarcó que los Comandos de Prevención Rural cumplen un rol estratégico para la protección de productores, trabajadores rurales y habitantes del interior bonaerense, e hizo hincapié en que la adecuada dotación de personal, móviles y equipamiento para este cuerpo policial “resulta indispensable para brindar una respuesta eficiente frente a delitos cometidos en el ámbito rural”.
Por eso, el senador incorporó al pedido de informes el estado de los recursos presupuestarios, materiales y tecnologías destinadas durante 2025 y 2026 al fortalecimiento de los Comandos de Prevención Rural, así como si durante ese período se incorporaron nuevos móviles, equipamiento o personal específicamente destinado a reforzar la seguridad rural en la región, y cuáles son las medidas previstas por el Ministerio de Seguridad para mejorar la prevención, investigación y respuesta frente a los delitos en zonas rurales.
Cabe subrayar que, el reclamo por la seguridad rural había llegado recientemente a la Legislatura bonaerense de la mano de la diputada de UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, que impulsó un proyecto para crear fiscalías especializadas en delitos rurales, luego de que un productor de Coronel Mom, en el partido de Alberti, denunciara el robo de al menos 18 cerdos durante los meses anteriores. “No se puede normalizar que a un productor le entren una y otra vez a robarle animales y nadie dé respuestas, el delito rural avanza porque falta decisión, presencia y acción”, advirtió entonces la legisladora.
No obstante, Vaccarezza plantea desde el año pasado una batería de iniciativas para reforzar la prevención y persecución de este tipo de delitos, entre ellas la creación de unidades fiscales especializadas y el fortalecimiento de la Patrulla Rural, bajo el argumento de que la problemática requiere un abordaje específico. En los fundamentos de su proyecto, la diputada sostuvo que la categoría de delitos rurales comprende hechos como el abigeato, la destrucción de maquinaria e instalaciones agropecuarias, el denominado “robo hormiga” en establecimientos sin actividad cotidiana, además de asaltos, usurpaciones, hurtos y robos en propiedades rurales.
Cabezas puso el ojo sobre el estado y el mantenimiento de los caminos rurales bonaerenses
En tanto, el segundo proyecto que lleva la firma de Cabezas apunta a los caminos rurales, y solicita al Ejecutivo de Kicillof información sobre las tasas municipales destinadas a su conservación, reparación y mantenimiento, con el fin de conocer los recursos recaudados bajo ese concepto y cuánto de ese dinero fue efectivamente ejecutado para el mantenimiento de la red vial rural durante el primer semestre de 2026.
Por caso, el pedido de informes respecto de los caminos rurales también contempla el detalle de los trabajos de mantenimiento y reparación realizados por el Ejecutivo con los fondos correspondientes, la cantidad de kilómetros de vias agrarias intervenidas, la maquinaria utilizada o afectada a esas tareas y la planificación prevista para el período siguiente, además de cualquier otro dato que pueda complementar la información requerida.
“La transparencia en el uso de los recursos públicos beneficia tanto al contribuyente como al Estado, fortaleciendo la confianza y el control sobre la correcta asignación de los fondos. En distintas localidades bonaerenses, los productores realizan aportes a través de tasas vinculadas al mantenimiento de los caminos rurales, por lo que resulta razonable que exista información clara acerca de los recursos recaudados y las tareas realizadas con dichos fondos”, planteó el legislador.
No obstante, el proyecto aclara que no busca avanzar sobre la autonomía municipal, modificar las facultades tributarias de los gobiernos locales o constituir un requerimiento dirigido a los municipios. “El único propósito es conocer qué información posee el Ejecutivo respecto de la administración de estos recursos, en el marco de sus competencias y de los mecanismos de coordinación institucional existentes”, concluyó.
Cabe mencionar que, el pedido de informes de Cabezas llegó luego de que un relevamiento realizado por la UADE, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), el Movimiento CREA y la Sociedad Rural Argentina advirtiera sobre el estado de los caminos rurales del sudeste bonaerense y la Cuenca del Salado. Según el relevamiento, el 79% de los productores calificó su transitabilidad como “mala” o “muy mala”, mientras que el 68% aseguró haber sufrido perjuicios económicos por las demoras o la imposibilidad de retirar la producción, y el 59% estimó que el deterioro de las vías incrementa los costos logísticos en más de un 10%.
Además, el deterioro de los caminos rurales se da en un contexto de fuerte reducción del gasto destinado a la infraestructura vial nacional. Según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Dirección Nacional de Vialidad dispone en 2026 de unos $563.000 millones, un 79% menos en términos reales que en 2023, mientras que los recursos destinados específicamente al mantenimiento de rutas nacionales cayeron alrededor de un 70% en el mismo período.
En ese sentido, la provincia de Buenos Aires aparece entre las jurisdicciones con mayor reducción del gasto vial nacional: según el mismo relevamiento, entre 2023 y 2025 los recursos ejecutados por Vialidad Nacional en territorio bonaerense cayeron de $468.500 millones a $70.200 millones en términos reales, cerca de un 85%. El informe aclara que las cifras provinciales correspondientes a 2026 son de presupuesto vigente y no de gasto efectivamente realizado, por lo que todavía pueden modificarse.
