En las últimas horas, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), el Movimiento CREA y la Sociedad Rural Argentina publicaron un relevamiento sobre el estado de los caminos rurales en el sudeste bonaerense y la Cuenca del Salado, y revelaron que el 79% de los productores consultados califica la transitabilidad de las vías por las que debe moverse a diario como “malas” o “muy malas”.
De acuerdo con el relevamiento compartido por las entidades, las dificultades para circular por los caminos rurales generan demoras en el retiro de la producción, mayores costos logísticos y pérdidas económicas para los productores bonaerenses. En ese sentido, el 68% de los encuestados aseguró haber sufrido algún tipo de perjuicio financiero como consecuencia de las demoras o incluso de la imposibilidad de sacar la producción de los establecimientos.
Además, el 59% de los productores bonaerenses consultados por la UADE estimó que el deterioro de estas vías incrementa los costos logísticos en más de un 10%, principalmente por el aumento de los gastos de flete, mantenimiento y desgaste de los vehículos. El informe también señala que circular por caminos de tierra deteriorados puede incrementar entre un 20% y un 30% el consumo de combustible y reducir la vida útil de los neumáticos.
Entre las principales deficiencias detectadas por los productores bonaerenses aparece la presencia de pozos en las calzadas de tierra, mencionada por el 68% de los participantes de la encuesta que llevaron a cabo los organismos privados. A su vez, el 82% identificó deformaciones en los caminos rurales, de los cuales un 27% afirmó que aparecen con bastante frecuencia y un 55% que las encuentra cada tanto.
En tanto, la señalización vial también fue mencionada como un problema que los productores bonaerenses atraviesan a diario. Es que, el 82% de los trabajadores rurales relevados sostuvo que las señales de tránsito en los caminos de tierra son prácticamente inexistentes o se encuentran deteriorados, una situación que evidencia tanto la ausencia en el mantenimiento de los mismos como la actualización para la seguridad vial.
Por último, el informe dimensionó además la importancia de esta red para la actividad productiva argentina, al señalar que el país cuenta con 500.000 kilómetros de caminos rurales, equivalentes al 82% de toda la red vial nacional. Finalmente, siete de cada diez productores consultados manifestaron estar dispuestos a colaborar con los gobiernos municipales y provinciales para mejorar el estado de estos caminos.
Cabe mencionar que, el deterioro de los caminos rurales se da además en un contexto de fuerte reducción del gasto destinado a la infraestructura vial nacional. Según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Dirección Nacional de Vialidad dispone en 2026 de unos $563.000 millones, un 79% menos en términos reales que en 2023, mientras que los recursos destinados específicamente al mantenimiento de rutas nacionales cayeron alrededor de un 70% en el mismo período.
En ese sentido, la provincia de Buenos Aires aparece entre las jurisdicciones con mayor reducción del gasto vial nacional: según el mismo relevamiento, entre 2023 y 2025 los recursos ejecutados por Vialidad Nacional en territorio bonaerense cayeron de $468.500 millones a $70.200 millones en términos reales, cerca de un 85%. El informe aclara que las cifras provinciales correspondientes a 2026 son de presupuesto vigente y no de gasto efectivamente realizado, por lo que todavía pueden modificarse.
Productores bonaerenses pidieron administrar los caminos rurales para garantizar su mantenimiento
Frente al deterioro de la red vial rural, la Sociedad Rural de 9 de Julio presentó un proyecto ante el Concejo Deliberante local para asumir la administración y el mantenimiento de los caminos rurales del distrito. La iniciativa propone crear una comisión de trabajo integrada por productores y un gerente técnico elegido por concurso que determinen la asignación de recursos y la ejecución de obras viales e hidráulicas.
El proyecto plantea destinar el 85% de lo recaudado por la tasa vial municipal y el 100% de los fondos provinciales asignados al partido para obras al mantenimiento de la infraestructura rural. Según explicó el presidente de la entidad, Hugo Enriquez, la propuesta surgió de un trabajo de cinco meses en el que analizaron experiencias desarrolladas en municipios como Trenque Lauquen y Benito Juárez, para luego adaptarlas a las necesidades de 9 de Julio.
Uno de los objetivos centrales es que la comisión pueda sostener una política de mantenimiento que trascienda los cambios de gobierno y se convierta en una política de Estado, debido al impacto que tienen los caminos rurales sobre la logística de la actividad agropecuaria. “Tras mucho debate, pusimos lo que creímos conveniente y se lo estamos entregando a los presidentes de bloque del Consejo Deliberante y enviándolo al Ejecutivo para ponerlo al tanto. Esperamos que esto camine y se haga realidad”, planteó Enriquez.
La propuesta recibió posteriormente el respaldo del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, aunque la entidad puso como condición que cualquier participación privada en el financiamiento y ejecución de obras respete la normativa vigente y cuente con planificación técnica. “Nos parece una oportunidad interesante que quienes pueden afrontar el costo de obras de infraestructura vecinales colaboren con su financiamiento. Pero esta posibilidad debe ser llevada a cabo con planificación, cumpliendo los procedimientos que establecen la normativa técnica y legislación vigente”, afirmó el presidente del Colegio, Jorge O. Castellano.
Es que, desde la entidad profesional advirtieron que una intervención en los caminos rurales sin estudios previos puede afectar terrenos vecinos y modificar el escurrimiento del agua, por lo que cada vía requiere un tratamiento específico según su uso y características. En ese sentido, el Colegio recordó que la Ordenanza General 165/73 establece la necesidad de realizar estudios, elaborar proyectos, contar con dirección técnica de profesionales habilitados y obtener las autorizaciones administrativas antes de comenzar las obras, independientemente de quién aporte los recursos.
En tanto, Castellano remarcó que los municipios mantienen un rol central como autoridad de aplicación, y que la participación de productores, cooperativas o consorcios no elimina las obligaciones legales. “No es posible presentar una idea hoy para ejecutarla mañana. Hay procedimientos que deben respetarse porque son previsiones que existen justamente para evitar daños posteriores”, señaló el titular del Colegio, quien cuestionó además las intervenciones que se limitan a pasar la motoniveladora sin resolver los problemas estructurales e hidráulicos de los caminos.
