Luego de la reunión con organizaciones sociales y gremiales en rechazo al avance privatizador del Gobierno nacional sobre Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), el senador bonaerense de Fuerza Patria, Marcos Pisano, cuestionó la venta de la empresa estatal y marcó la contradicción con el discurso de soberanía sobre Malvinas que el Ejecutivo de Javier Milei volvió a instalar en la agenda pública durante las últimas semanas.
“Hay una contradicción realmente ideológica de este gobierno en ese aspecto, porque por un lado habla de Malvinas y por otro lado está regalando y rifando absolutamente todos los recursos del país”, afirmó el ex intendente de Bolivar en diálogo con este medio.
La postura de Pisano se inscribe en una ofensiva más amplia contra la privatización de AySA, que en los últimos días comenzó a ganar terreno dentro de los ámbitos institucionales bonaerenses. Después de distintas acciones en organismos reguladores y sedes administrativas, organizaciones sociales y sindicales concentraron este martes en La Plata con el objetivo de llevar el reclamo a los poderes públicos de la provincia.
Ante este escenario, el senador de Fuerza Patria resaltó el trabajo del colectivo vecinal que nuclea a representantes de los 23 municipios donde presta servicio AySA y que, tras varias semanas de actividad territorial, consiguió que al menos 11 concejos deliberantes se pronunciaran contra la privatización, un rechazo que ahora buscan llevar al ámbito de la Legislatura bonaerense.
“Es una preocupación de todos nosotros esta decisión de privatizar lo que funciona. Me parece que en este aspecto tenemos que alzar la voz, unirnos, como ha pasado y pasó en otras temáticas”, remarcó Pisano, quien recordó la presión social que terminó por frenar la modificación de la Ley de Tierras semanas atrás.
Respecto de las intenciones de la actual conducción nacional de concretar la privatización, el representante de la Séptima sección ponderó el rol “estratégico” de la compañía estatal, especialmente por su incidencia en el saneamiento cloacal y la calidad del agua, dos aspectos que repercuten directamente sobre la salud de la población.
Además, el referente del Frente Renovador destacó la dimensión social de la empresa, tanto por su peso en el Conurbano bonaerense, el principal conglomerado urbano del país, como por los cerca de 8.000 puestos de trabajo vinculados a su funcionamiento. “Tenemos que entender que el agua y la cloaca es prevención y prevención, si lo queremos debatir desde el punto de vista económico, también es la mejor inversión que se puede hacer”, ponderó Pisano.
Sobre este punto, el dirigente del massismo que preside la comisión de Transporte del Senado bonaerense trazó un paralelismo entre el futuro de AySA y la privatización del Belgrano Cargas, que la administración libertaria busca avanzar a través de la concesión de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza.
El senador sostuvo que el sistema ferroviario cumple una función clave para los productores del Norte argentino, al permitirles trasladar su producción hacia los puertos a costos más bajos, y objetó su traspaso al sector privado pese a los resultados económicos favorables que, según afirmó, reflejan sus balances.
Para Pisano, ambos casos forman parte de una misma política de desprendimiento de activos y servicios estratégicos del Estado que la gestión de Milei impulsa en áreas de fuerte impacto social. “Claramente le ven un negocio al agua y a la cloaca para llevarse réditos económicos de una empresa que está desendeudada, que fue dejada en total funcionamiento y con la que quieren hacer negocio con el agua, naturalmente”, sostuvo el legislador al volver sobre el caso de AySA.
En tanto, el referente oficialista también puso bajo la lupa las condiciones previstas para la compañía una vez concretada la privatización, entre ellas el contrato de concesión por 30 años y el mecanismo establecido para resolver eventuales controversias. Según explicó Pisano, la posibilidad de que determinados conflictos queden sujetos a instancias arbitrales por fuera de la Justicia ordinaria limita la capacidad del Estado argentino para intervenir ante futuras disputas vinculadas con la prestación del servicio.
“Desde la política y el peronismo nos hacemos cargo de lo que nos corresponde, pero la Corte también hizo caso omiso frente al Decreto 70 y permitió que todo esto avanzara. Quienes imparten justicia también tienen que asumir su responsabilidad y actuar de manera equitativa”, finalizó.
La hoja de ruta detrás de la privatización de AySA
A mediados de mayo, el gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su objetivo de desprenderse de AySA, luego de que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, autorizara el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 90% del paquete accionario de la empresa.
El Ejecutivo nacional dispuso una difusión internacional de la convocatoria a través del portal DGMARKET del Banco Mundial, además de los sitios oficiales de Economía y de la propia AySA, con el objetivo de ampliar la competencia entre oferentes y atraer grupos con experiencia en infraestructura y servicios públicos, ante el interés que ya manifestaron firmas como Edison Energía, el Grupo Roggio, Mauricio Filiberti, Sabesp y Río+Saneamiento.
Cabe recordar que el plan de transición de AySA se aprobó en julio de 2025 y contempla la finalización del proceso de privatización durante los próximos meses. La compañía presta el servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con alcance sobre más de 15 millones de usuarios.
Entre los distritos bonaerenses alcanzados por el proceso aparecen Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
Por último, distintas organizaciones sociales evocaron la experiencia de los años noventa con la concesión de Obras Sanitarias, un proceso que estuvo atravesado por incumplimientos, aumentos tarifarios y cuestionamientos sobre la calidad del servicio, especialmente en distritos populosos como La Matanza y Berazategui. A su vez, AySA integra el grupo de empresas que la actual conducción nacional prevé privatizar en el marco de la Ley Bases, junto con firmas como Enarsa, Intercargo, Trenes Argentinos y Corredores Viales.
