En medio del debate legislativo por el endeudamiento de las familias bonaerenses, la productora y asesora de seguros, Emilia Arrechea, propuso sumar al mercado asegurador como una alternativa preventiva para contener a los consumidores antes de que ingresen en una situación de mora.
El planteo de Arrechea aparece en momentos en que la Legislatura bonaerense acelera el tratamiento de nueve proyectos de ley destinados a atender el creciente nivel de endeudamiento de los hogares y brindar herramientas de protección a los bonaerenses frente a las presiones vinculadas con el cobro de deudas.
En medio de las tratativas para definir el temario de la sesión de la semana que viene en la Cámara de Diputados provincial, los legisladores bonaerenses de Fuerza Patria introdujeron un cambio en la agenda parlamentaria y convocaron a un plenario de las comisiones de Legislación General y Derechos del Usuario y el Consumidor, que tendrá lugar este viernes desde las 10 de la mañana con el objetivo central de avanzar en una ley contra el sobreendeudamiento familiar.
Del paquete de nueve iniciativas que llegará al plenario, ocho corresponden a legisladores del peronismo, mientras que la única propuesta opositora lleva la firma de la diputada monzoísta Silvana Vaccarezza. La convocatoria conjunta de las comisiones apunta a acelerar la discusión y unificar los distintos proyectos en una única ley, con la intención de llevar el texto consensuado al recinto en la sesión prevista para el martes 29.
Entre ese pelotón de expedientes sobresale el presentado por el titular del bloque peronista, Facundo Tignanelli, que fue elaborado junto con la Defensoría del Pueblo bonaerense y busca dar respaldo legal a las personas que afrontan deudas con bancos u otras entidades.
Con ese telón de fondo, Arrechea advirtió que las alternativas que actualmente se encuentran bajo análisis concentran sus respuestas cuando el ciudadano ya atraviesa dificultades para cumplir con sus obligaciones, por lo que propuso incorporar herramientas que actúen de manera preventiva antes de que el consumidor caiga en una situación de mora.
Bajo esa premisa, la experta propuso que los créditos puedan contar con seguros de desempleo y de continuidad de ingresos capaces de cubrir las cuotas durante algunos meses ante una pérdida laboral o un accidente que impida trabajar a un monotributista. El objetivo es que una caída inesperada de los ingresos no obligue al consumidor a recurrir a nuevas fuentes de financiamiento para afrontar sus gastos básicos.
Otro de los ejes centrales de la propuesta de Arrechea apunta a los créditos otorgados a través de plataformas digitales, un terreno en el que la especialista planteó incorporar coberturas de “crédito protegido” para reforzar el resguardo de los usuarios ante eventuales dificultades de pago. Sobre este punto, la profesional consultada propuso que los proveedores de este tipo de financiamiento incluyan seguros bajo pautas claras de transparencia, como una herramienta adicional de protección para los consumidores bonaerenses.
La referente del sector asegurador fundamentó esta alternativa en las facultades que conserva la provincia de Buenos Aires en materia de Defensa del Consumidor, ya que, si bien no tiene competencia para establecer topes a las tasas de interés, una atribución que corresponde al Estado nacional, sí cuenta con herramientas para regular las condiciones de contratación y reforzar la protección de los consumidores dentro de su territorio.
Cabe destacar que, según pudo saber este medio, el proyecto consta de unas 24 páginas en las que establece el procedimiento administrativo que deberá seguir la Defensoría del Pueblo ante los expedientes de personas endeudadas, delimita las facultades del organismo para protegerlas frente a presiones de terceros, fija condiciones para la reestructuración de las deudas y crea un Registro Provincial de Prestamistas, entre otros ejes.
No obstante, Arrechea puso el foco en el costo que algunas de las respuestas que actualmente analiza la Cámara de Diputados bonaerense podrían representar para las arcas provinciales. La asesora de seguros señaló que los proyectos en debate contemplan que el Banco Provincia destine fondos públicos para atender deudas de hasta $3 millones por beneficiario y sostuvo que una mayor participación de los seguros privados permitiría trasladar el riesgo económico ante una eventual crisis hacia las compañías aseguradoras.
La propuesta también pone especial atención sobre los sectores que cuentan con ingresos inestables, como jóvenes, estudiantes, monotributistas, trabajadores independientes y repartidores de aplicaciones. En ese marco, la representante del sector planteó incorporar microseguros de bajo costo dentro de las billeteras virtuales, con el objetivo de ofrecer una cobertura preventiva a quienes no cuentan con un ingreso mensual fijo y enfrentan mayores dificultades para sostener el pago de sus obligaciones.
Diputados: qué leyes sobre el endeudamiento tratará el plenario de comisiones
Entre las propuestas que figuran en el orden del día, aparece la de la diputada kicillofista, Ana Luz Balor, para prevenir el hostigamiento y las prácticas abusivas en los reclamos extrajudiciales de deuda, con el propósito de paliar la situación que viven las familias bonaerenses sobreendeudadas.
Asimismo, el diputado peronista Ricardo Lissalde giró una iniciativa para crear el Programa de Desendeudamiento de las Familias Bonaerenses, en el ámbito del Banco Provincia. Algo similar a lo promovido por el oficialista Leonardo Moreno, que quiere fundar un Régimen General de Protección de los Intereses Económicos de las y los consumidores sobreendeudados que pueda llevar adelante medidas de prevención, mitigación y registro de los usuarios que padecen esta situación.
La legisladora referenciada en el Movimiento Evita, Noelia Saavedra, instó a la administración de Axel Kicillof a crear un Sistema Bonaerense de Protección Frente al Endeudamiento de Consumo, el Endeudamiento Digital y las Cobranzas abusivas, destinado a prevenir y regular las cobranzas abusivas, fortaleciendo herramientas públicas territoriales orientadas al desendeudamiento.
Por su parte, el diputado camporista, Ariel Archanco, ingresó un proyecto para incorporar un capítulo “De los Derechos del Consumidor de Servicios Financieros” en la Ley de los Derechos del Consumidor y Usuarios (N°13.133), que apuntan a brindar una serie de principios jurídicos para proteger a las personas de “prácticas crediticias abusivas”, brindarles el acceso a “mecanismos de adecuación contractuales” y preservar el “equilibrio económico” de las relaciones de consumo financieras.
Al igual que Archanco, el alfil del Frente Renovador, Juan Martín Malpeli, pide sumar en la misma ley un capítulo titulado “Protección del Consumidor en Operaciones de Crédito y Financiación” y otro llamado “Publicidad y Promoción del Crédito de Consumo”, con el que apunta a establecer un régimen legal que regulen la oferta y promoción de bienes y servicios a través de plataformas de e-commerce, la financiación de dichos productos y el otorgamiento de créditos de consumo.
También, el diputado massista es autor de una ley para crear el “Régimen Judicial de Reestructuración de Deudas de Consumo”, destinado a las personas que se encuentren en situación de sobreendeudamiento y “acrediten una imposibilidad actual o previsible de afrontar regularmente el conjunto de sus obligaciones derivadas de relaciones de consume”. Este régimen tendrá por objetivo favorecer la recomposición de la capacidad de pago, facilitar soluciones integrales y evitar el agravamiento de las acciones de cobro.
Teniendo en cuenta que varias de las iniciativas apuntan a lo mismo desde distintas aristas, ya sea la modificación de la ley vigente o la creación de un régimen de sobreendeudamiento, el trabajo del plenario de comisiones será aunar en un solo texto todas estas propuestas, para que sea votado en la Cámara de Diputados la próxima semana.
