La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este martes el proyecto consensuado entre oficialismo y oposición para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de Apelación, el órgano de revisión encargado de resolver los conflictos entre los contribuyentes y la administración fiscal de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, que lleva la firma del titular del bloque peronista, Facundo Tignanelli, del presidente de la bancada radical, Diego Garciarena, del líder del PRO, Alejandro Rabinovich, y del referente de Unión y Libertad, Martín Rozas, tiene el objetivo de que el organismo brinde una “prestación más eficiente del servicio de justicia administrativa tributaria”.
En detalle, el principal cambio es la creación de “Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de Apelación”, una nueva carga impositiva que se calculará sobre el importe de los saldos del impuesto determinado en la apelación y/o el monto correspondiente a multas aplicadas. La alícuota para calcular pasará a ser del 0,75%.
“Su configuración responde a la naturaleza propia de las tasas retributivas de servicios. La cuantía prevista procura mantener una incidencia económica razonable y proporcional respecto de la pretensión discutida, evitando que constituya un obstáculo para el acceso a la jurisdicción administrativa tributaria”, argumentaron los diputados de Fuerza Patria, el PRO, UCR y Unión y Libertad.
Según plantea el articulado, la tasa tiene como eje blindar los salarios de los miembros del Tribunal Fiscal de Apelación sin tocar ninguna cuenta provincial. Sucede que, el principal postulado de la ley establece que los integrantes de esta entidad tendrán un “tratamiento remunerativo” y un “régimen previsional idéntico” a los que perciben los vocales del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.
En un principio, la iniciativa buscaba ampliar de 1 a 3 la cantidad de relatores que asisten a los nueve vocales integrantes del organismo Sin embargo, los diputados decidieron retirar ese punto. Otra de las modificaciones que los diputados agregaron durante el trabajo en comisiones, fue el agregado de un articulado para establecer que los recursos del “Fondo de Jerarquización y Especialización Técnico-Tributaria (FOJET), un pozo creado por este texto, solo sirvan para financiar los gastos del proyecto, y así evitar que el Ejecutivo deba producir erogaciones para implementar esta ley.
La tasa también viene a atender otra gran problemática que atraviesa el Tribunal Fiscal de Apelación, como lo son sus vacantes. Hasta diciembre del año pasado, el organismo funcionó con un solo vocal, Carlos Carballal, y las otras 8 sillas fueron ocupadas durante años por abogados y contadores a través de un sistema rotativo.
La ley vigente contempla un esquema de reemplazos del que forman parte representantes del Colegio de Abogados y contadores. Como las vacantes se extendieron en el tiempo, en los últimos años el Tribunal Fiscal no mantuvo una postura unificada en sus fallos dado que constantemente cambiaba de integrantes.
En esta línea, durante la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, el massista Alexis Guerrera detalló la importancia de crear una tasa al mencionar los casos de los matriculados profesionales que tuvieron que cesar su ejercicio para formar parte del Tribunal Fiscal de Apelaciones.
“Ellos renunciaron a ejercer como abogados y a ejercer como contadores, y la Provincia les paga $1.400.000. Hay muchos que vienen del interior de la Provincia. En su momento los que estaban antes cobraban como un juez de Cámara. Hoy tratamos esta ley para que tengan algo más, por lo menos para pagar el viaje, el almuerzo, para que puedan vivir”, marcó el Vicepresidente 1° de Diputados.
Entre otras modificaciones, con esta ley ahora el Tribunal dejará de obligar a sus miembros a expedirse “en minoría”, como ocurre en el trabajo legislativo. Esto quiere decir que, si de tres vocales, dos se expresan de la misma forma, el vocal en discordia podrá elegir si expresa o no su discrepancia a través de un escrito en el que mostrará sus fundamentos.
