El escándalo por presunta corrupción del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este miércoles sumó un nuevo capítulo, luego de que se diera a conocer un pago en efectivo de USD 15.400 por una casa en el country Indio Cuá, que alquiló mientras llevaban adelante las refacciones por USD 240.000 en su propiedad ubicada en el municipio de Exaltación de la Cruz.
En el marco de la causa que investiga al funcionario nacional por presunto enriquecimiento ilícito, en las últimas horas declaró como testigo José Luis Rodríguez, dueño de la casa que habría alquilado el platense para hospedarse hasta que finalice la refacción de su propiedad, que también se ubica en Indio Cuá.
El contrato fue firmado por un año por un valor de USD 13.000, que se abonó en efectivo. Sin embargo, luego hubo un acuerdo de palabra por tres meses más por un total de USD 2.400, mientras la propiedad adquirida en el mismo barrio privado era remodelada por el contratista Matías Tabar.
Cabe destacar que el dato lo dio a conocer el propio Tabar cuando testificó en sede judicial, y bajo el juramento de decir verdad, que las remodelaciones encargadas por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, tuvieron un costo de USD 245.000. La cifra fue abonada, según la declaración testimonial, en dólares y sin la emisión de facturas.
En ese marco, Tabar contó que, mientras él emprendía los trabajos acordados durante los diez meses que demandaron, los Adorni “habrían concurrido con cierta frecuencia al barrio, ya que alquilaba otra vivienda dentro del country, posiblemente en el lote 1 o 2, perteneciente a una vecina”.
Ante el dato, el fiscal federal Gerardo Pollicita convocó a declaración testimonial al propietario de esa casa. Allí, Rodríguez relató que “se firmó contrato por un año” por una suma global de USD 13.000, el cual se negoció en octubre de 2023 (cuando Adorni no era funcionario). La cifra se abonó en efectivo y dólares.
Adorni cada vez más complicado: viajes de lujo, casas y movimientos exorbitantes de dinero
A la fecha, los números indican que en poco más de un año, el jefe de Gabinete movilizó USD 349.640. Según fuentes judiciales, esa tenencia como la aplicación de esas divisas “carecen del respaldo financiero correspondiente, no hay bancarización, ni documento que indique cómo se adquirieron ni facturas sobre el uso de las mismas”.
En ese marco, Pollicita intenta realizar la trazabilidad del dinero del funcionario libertario y de su esposa. Para ello hay dos líneas de trabajo: un informe que realiza la DAFI (el área financiera de la Procuración General de la Nación) sobre ingresos y egresos del matrimonio. Eso permitirá establecer la existencia o no, de alguna inconsistencia.
En segundo término, la Justicia analiza todos los movimientos financieros de la familia Adorni, motivo por el cual se requirió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil. En ese contexto, se reveló que que durante el 2024 hubo “movimientos de entrada y salida” a través de criptomonedas, que no figuran en las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
