Con el telón de fondo de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y luego de que se difundieran videos que contradicen parte de sus explicaciones sobre inversiones en bitcoin, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la polémica. Es que, el caso generó malestar y desconcierto dentro del Gobierno nacional, donde distintos sectores reconocieron no haber estado al tanto de los antecedentes públicos del funcionario ni de los detalles de la estrategia que delineó en los últimos meses para justificar el origen de su patrimonio.
Cabe mencionar que, la situación se agravó tras la circulación de registros audiovisuales en los que Adorni ofrecía versiones distintas sobre su vínculo con las criptomonedas. Según trascendió, el jefe de Gabinete sostuvo esta semana que comenzó a invertir en bitcoin en 2013 y que profundizó esas operaciones desde 2014, a pesar de que en un video de 2020 había relatado que conoció la criptomoneda a partir de una experiencia con alumnos, mientras que en otro registro de 2022 había expresado reparos respecto de bitcoin como herramienta de inversión debido a su volatilidad.
De esta manera, las contradicciones expuestas por Adorni se suman a sus propias declaraciones vinculadas a su situación patrimonial. En marzo, el jefe de Gabinete había asegurado que “todo lo que debía declarar estaba declarado” y, posteriormente, ante el Congreso, sostuvo que “no había existido ocultamiento alguno”. Sin embargo, esta semana reconoció la existencia de ahorros no declarados, presentó rectificaciones patrimoniales y atribuyó parte de su patrimonio a operaciones realizadas con criptomonedas.
Por su parte, en la Casa Rosada admitieron que la aparición de los videos tomó por sorpresa a buena parte del Gabinete y señalaron que la explicación brindada por Adorni ante la prensa fue elaborada por un grupo reducido de personas, sin una coordinación amplia con el resto de los equipos gubernamentales. Incluso, desde distintos sectores oficiales reconocieron que la respuesta comunicacional no logró ordenar la situación política generada por el caso.
La falta de articulación también quedó expuesta en las redes sociales y en el plano político, ya que en el oficialismo esperaban un respaldo más contundente de funcionarios y legisladores tras la presentación de la declaración jurada rectificativa, pero ese acompañamiento no terminó de materializarse. Además, distintos dirigentes admitieron que la entrevista en la que Adorni explicó el origen de sus fondos tuvo un impacto negativo desde el punto de vista político y comunicacional.
Pese a ello, en Balcarce 50 sostienen que el principal objetivo de la presentación fue atender las exigencias de la causa judicial y responder ante la Oficina Anticorrupción y los organismos de control judicial. Bajo esa lógica, la prioridad estuvo puesta en la estrategia jurídica personal del jefe de Gabinete y no en la construcción de una respuesta política integral.
Es que, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito continúa en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, que deberán analizar el origen de los fondos que Adorni atribuyó a inversiones en bitcoin. Mientras tanto, desde el Gobierno aseguran que la situación deberá resolverse en el expediente judicial y sostienen que no existe intención de apartar al jefe de Gabinete de su cargo.
Mientras el escándalo patrimonial aún ocupa gran parte de la agenda pública y mediática, Adorni intentó instalar un nuevo tema de discusión a través de un anuncio vinculado al transporte público para personas con discapacidad. Este viernes, el jefe de Gabinete informó que quienes cuenten con el beneficio podrán viajar con descuento total en trenes y colectivos utilizando directamente una tarjeta SUBE registrada a su nombre, sin necesidad de exhibir físicamente el Certificado Único de Discapacidad.
Según comunicó la Secretaría de Transporte de la Nación, la medida comenzará a regir el próximo viernes 19 de junio en los servicios de jurisdicción nacional y convivirá con el sistema actual. Para eso, los beneficiarios deberán vincular previamente su Certificado Único de Discapacidad a la tarjeta SUBE, aunque quienes no realicen ese trámite podrán continuar con la utilización del mecanismo vigente.
De acuerdo con la explicación oficial, la incorporación de la SUBE busca “simplificar el acceso al beneficio, resguardar la información personal de los usuarios y reducir la utilización de documentación susceptible de fraudes”. Sin embargo, el anuncio se produjo en medio de la controversia por el patrimonio de Adorni y fue interpretado por distintos sectores como un intento del Gobierno de desplazar el foco de atención de la investigación que involucra al jefe de Gabinete.
